La Unidad Fiscal Rosario imputó a un cardiólogo y a un licenciado en enfermería por una presunta defraudación al PAMI basada en la facturación de miles de prestaciones médicas que, según la Fiscalía, nunca se realizaron. La maniobra habría permitido cobrar $579,9 millones; además, se detectaron otras prácticas por $147,9 millones cuyo pago fue frenado antes de concretarse.
Volumen incompatible con la atención real
La acusación sostiene que el cardiólogo reportó 36.085 estudios entre octubre de 2023 y octubre de 2024, atribuidos a 4.982 afiliados. Incluían ecocardiogramas, ergometrías y monitoreos Holter. Luego habría informado otras 14.546 prácticas para 2.275 personas. La escala de esos registros es uno de los ejes del caso: para los investigadores, resulta materialmente imposible que un profesional hubiera realizado esa cantidad de estudios en el período declarado.
La evidencia también incluye testimonios de afiliados de distintas provincias y de la Ciudad de Buenos Aires que negaron haberse atendido con el médico. El cruce con registros migratorios agregó otro indicio relevante: el profesional habría estado fuera del país durante fechas en las que figuraban prácticas a su nombre. Para la Fiscalía, el uso de datos personales de afiliados de todo el país revela un posible esquema sistemático y no meras irregularidades administrativas.
Lavado de activos bajo análisis
Los fiscales vincularon además la compra de una vivienda, realizada en junio de 2024 mediante una sociedad integrada por ambos acusados y sin actividad comercial real. Sospechan que se usó como pantalla para dar apariencia lícita a los fondos y que se presentó documentación apócrifa ante una escribana. Por ello, los hechos fueron encuadrados como defraudación contra la administración pública, consumada y en tentativa, y lavado de activos.
El juez federal Carlos Alberto Vera Barros fijó seis meses de investigación, hasta el 25 de febrero de 2027, mientras continúan los peritajes sobre teléfonos y computadoras secuestrados. Los imputados deberán someterse periódicamente al proceso y no podrán salir del país. Ambos ya estaban detenidos en otra causa por presunto ejercicio ilegal de la medicina y suministro ilegal de fentanilo y morfina.
