Un juzgado de San José del Guaviare ordenó suspender temporalmente los bombardeos militares contra campamentos guerrilleros cuando existan informes de inteligencia u otras alertas sobre la posible presencia de niños o adolescentes. La medida, aplicada al departamento amazónico de Guaviare, permanecerá vigente mientras se resuelve una demanda presentada contra el Gobierno y las Fuerzas Militares por una presunta vulneración de los derechos fundamentales de menores.
Una decisión tras 33 muertes
La orden judicial llega después de dos ataques aéreos autorizados por el presidente Abelardo de la Espriella contra una disidencia de la extinta guerrilla de las FARC. Las operaciones dejaron al menos 33 combatientes muertos. La autoridad forense confirmó que tres de las víctimas del primer bombardeo tenían entre 15 y 16 años; todavía no se ha establecido si había menores entre los fallecidos del segundo operativo.
El fallo introduce un límite relevante a la estrategia de seguridad del nuevo Gobierno, que combina bombardeos y extradiciones masivas para combatir a los grupos armados y el narcotráfico. El presidente ha defendido las operaciones como respuesta a organizaciones que reclutan menores o los utilizan como escudos humanos, mientras el Ministerio de Defensa sostiene que se cumplieron todos los estándares legales.
La controversia expone, sin embargo, un dilema operativo y jurídico: el reclutamiento forzado convierte a los menores en víctimas, pero su presencia en zonas de combate dificulta distinguir entre una acción contra mandos armados y un ataque con riesgo directo para civiles protegidos. Para el demandante Roxemhberg Rozo, la respuesta estatal no puede consistir en bombardear y matar a esos niños. La oposición y las organizaciones de derechos humanos también han cuestionado la conducta presidencial y la difusión de imágenes de los cuerpos tras una de las operaciones.
El problema trasciende al actual Gobierno. Se registraron 428 casos de reclutamiento de menores por grupos armados el año pasado y 97 hasta el 31 de julio de este año, según la Defensoría del Pueblo. Además, muertes de menores en bombardeos ya provocaron crisis políticas durante los gobiernos de Gustavo Petro e Iván Duque. La decisión de Guaviare podría obligar a las Fuerzas Militares a reforzar la verificación previa de sus objetivos y a justificar con mayor rigor cada ataque.
