La sustitución de los carromatos tirados por caballos, burros y yeguas por vehículos motorizados en Torreón no es únicamente un cambio de transporte. La puesta en marcha del programa “De la Herradura al Motor”, impulsado por el Ayuntamiento y la Defensoría Animalista, modifica una actividad económica de larga data, interviene en la relación entre familias trabajadoras y sus animales, y obliga a responder una pregunta que va mucho más allá del desfile de despedida: quién garantizará, durante los próximos años, la vida digna de más de 100 equinos retirados del trabajo de carga.
El acto público tuvo una fuerte carga simbólica. Animales como “Morita”, “Milagro”, “El Pancho”, “Catalina”, “Kiko”, “Raya”, “Serafín”, “La Princesa” y “El Ingeniero” fueron llevados a la Plaza Mayor adornados con flores, globos y sombreros. Allí, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís realizó la entrega simbólica de los primeros motocarros, herramientas y equipos a los carromateros incorporados al programa. La escena mostró una realidad que con frecuencia se omite en los debates sobre protección animal: para buena parte de los propietarios, el equino no ha sido un objeto intercambiable, sino un compañero de trabajo asociado a la supervivencia cotidiana del hogar.
El cambio resuelve un problema visible, pero crea una obligación menos visible
La carga urbana mediante tracción animal concentra riesgos difíciles de negar. El tránsito motorizado, el pavimento caliente, las jornadas largas, el peso excesivo y la atención veterinaria irregular pueden convertir una actividad de subsistencia en una fuente de sufrimiento animal y de accidentes. Retirar a los equinos de esa dinámica representa un avance en materia de bienestar animal, especialmente en una ciudad donde las condiciones climáticas extremas elevan el desgaste físico de los animales.
Sin embargo, jubilar no equivale a liberar. Un caballo o burro que deja de tirar un carromato sigue requiriendo alimentación, agua, espacio, atención veterinaria preventiva, cuidado de cascos y protección frente a enfermedades o lesiones propias de la edad. La jubilación desplaza el costo del trabajo desde la familia carromatera hacia una red de adopción y vigilancia que deberá demostrar capacidad sostenida. El éxito real del programa no se medirá por el número de motocarros entregados ni por el tamaño del evento inaugural, sino por la trazabilidad de cada equino seis meses, un año y varios años después de su retiro.
La Defensoría Animalista ha señalado que los animales ingresarán a un esquema de adopción responsable con seguimiento para asegurar su bienestar. Esa definición apunta en la dirección correcta, pero contiene un desafío operativo considerable. Un mecanismo de adopción responsable necesita criterios verificables: evaluación de los adoptantes, registro individual de cada ejemplar, revisiones periódicas, protocolos ante incumplimiento y una alternativa de resguardo cuando una adopción fracase. Sin esos elementos, el compromiso puede quedar limitado a una firma inicial, insuficiente para proteger animales cuya expectativa de vida puede prolongarse durante décadas.
La modernización tiene un impacto económico desigual
La entrega de vehículos motorizados es, ante todo, una política de reconversión laboral. El director de Servicios Públicos subrayó que detrás de cada carromatero existe una familia que depende de esos ingresos. Esa afirmación explica por qué una prohibición simple del uso de equinos habría sido socialmente incompleta. Si el municipio hubiese retirado a los animales sin ofrecer una herramienta productiva, el costo de la protección animal habría recaído de forma desproporcionada en trabajadores con márgenes económicos reducidos.
El motocarro puede ampliar la capacidad de traslado, reducir los tiempos de recorrido y evitar que el rendimiento económico dependa de la resistencia física de un animal. También puede ofrecer mayor previsibilidad durante lluvias, altas temperaturas o trayectos de mayor distancia. En teoría, esto mejora la productividad de las familias vinculadas a la recolección de materiales, acarreos y otros servicios de carga ligera. Pero el paso de la herradura al motor no elimina los gastos: introduce combustible, reparaciones mecánicas, refacciones, seguros, permisos y, potencialmente, deuda o dependencia de talleres.
La diferencia entre una mejora económica y una nueva forma de precariedad dependerá de la estructura concreta de los apoyos. No basta con entregar el vehículo. Es necesario comprobar si los beneficiarios reciben capacitación para operar y mantener los motocarros, si tienen acceso a piezas a precios razonables, si pueden circular legalmente en las rutas de trabajo habituales y si sus ingresos cubren el costo total de operación. Un vehículo detenido por una falla puede paralizar el ingreso familiar con la misma severidad que antes implicaba la enfermedad de un caballo, aunque por causas distintas.
El vínculo afectivo no debe ocultar la responsabilidad pública
La adopción de “Panchito” por parte del alcalde Riquelme y la decisión del senador Gabriel Elizondo Pérez de hacerse cargo de “Duranguita”, a quien anunció que llevará a Villa Unión, ayudan a visibilizar el programa. Ambas adopciones, formalizadas mediante documentos de tenencia responsable, dan una señal política relevante: las autoridades y figuras públicas se colocan bajo el mismo compromiso que se exigirá a empresarios y otros adoptantes.
Pero el valor de esos gestos dependerá de que no se conviertan en excepciones mediáticas. Los casos más conocidos suelen recibir atención, visitas y recursos; el riesgo está en los animales sin padrinos públicos, particularmente aquellos de mayor edad, con problemas de salud o con menor atractivo para adoptantes que buscan un ejemplar de compañía. En los programas de retiro animal, los casos más costosos son precisamente los que requieren más cuidados y generan menos interés. Diseñar la política alrededor de los equinos más fáciles de reubicar puede dejar sin solución a quienes más necesitan protección.
Existe además una dimensión emocional que merece consideración. El anuncio de que el antiguo dueño de “Panchito” podrá visitarlo reconoce que la separación puede ser dolorosa para personas que compartieron años de trabajo con el animal. Mantener canales de contacto, cuando sea compatible con la estabilidad del equino y la voluntad del adoptante, puede facilitar una transición más humana. No se trata de romantizar una relación laboral que pudo implicar privaciones, sino de asumir que las políticas públicas funcionan mejor cuando comprenden los vínculos reales de las comunidades afectadas.
La adopción empresarial requiere controles, no sólo buena voluntad
La participación de empresarios abre una oportunidad: cuentan, en principio, con mayores recursos para ofrecer terrenos, alimentación y atención veterinaria. También puede movilizar una cultura local de corresponsabilidad que alivie la carga financiera del municipio. No obstante, la adopción por parte de empresas plantea una pregunta inevitable: ¿qué ocurre con el equino si cambia la administración, se vende el predio, cae el negocio o la adopción deja de generar valor reputacional?
Por eso, la tenencia responsable debería estar respaldada por cláusulas exigibles y no sólo por compromisos declarativos. Un registro público básico, sin divulgar información que comprometa la seguridad de los animales, permitiría saber cuántos ejemplares siguen localizados, en qué condición se encuentran y cuántas visitas de seguimiento han recibido. Informes periódicos con indicadores simples —peso corporal, estado de cascos, vacunación, disponibilidad de sombra y agua, superficie de resguardo y atención veterinaria— convertirían una promesa general en un sistema evaluable.
El argumento no es burocrático: es preventivo. Cuando un animal deja de producir ingresos directos, su cuidado compite con otros gastos del hogar o de la empresa. En tiempos de presión económica, la alimentación, el transporte al veterinario o las reparaciones de corrales pueden postergarse. La supervisión temprana evita que ese deterioro se vuelva irreversible y reduce la posibilidad de ventas informales, abandono o retorno clandestino a trabajos de carga.
La ciudad enfrenta una transición cultural, no sólo logística
Durante años, los carromatos han formado parte de la economía informal y de la imagen cotidiana de Torreón. Para algunos ciudadanos, su retiro constituye una corrección ética largamente esperada; para otros, puede percibirse como una intervención sobre un oficio heredado y sobre estrategias de supervivencia construidas sin acceso pleno a empleos formales. Ambas posiciones contienen elementos atendibles. La protección animal no debe ser presentada como una causa opuesta a los trabajadores, y la defensa del sustento familiar no puede utilizarse para normalizar condiciones que expongan a los equinos al agotamiento o al peligro.
La principal aportación potencial de “De la Herradura al Motor” es precisamente romper esa falsa disyuntiva. Si se ejecuta con recursos, seguimiento y reglas claras, puede demostrar que mejorar la vida de los animales y proteger el ingreso de las familias no son objetivos incompatibles. Su límite será la cobertura. El programa deberá evitar que sólo beneficie a quienes ya cuentan con documentación, contactos o capacidad de cumplir rápidamente los requisitos, dejando fuera a carromateros más vulnerables y manteniendo una economía paralela de tracción animal.
También será importante definir qué ocurrirá con quienes no se adhieran al esquema o con nuevos trabajadores que intenten ingresar al oficio. Sin una norma clara sobre el uso futuro de equinos para carga urbana, la ciudad corre el riesgo de retirar un grupo de animales mientras otros reemplazan su lugar. La reconversión necesita combinar incentivos, vigilancia y una ruta administrativa accesible, para que la solución no dependa exclusivamente de operativos punitivos.
Los próximos meses decidirán si hubo retiro o verdadera jubilación
La experiencia de Torreón puede convertirse en referencia para otros municipios de La Laguna y del norte de México, donde persisten actividades de carga vinculadas a la economía informal. Su posible réplica, sin embargo, exige separar lo ceremonial de lo estructural. El desfile y la entrega pública ayudaron a hacer visible una causa, pero el resultado dependerá de presupuestos multianuales, capacidad veterinaria, coordinación con organizaciones especializadas y datos transparentes sobre adopciones y condiciones de vida.
Hay tres riesgos principales. El primero es el abandono silencioso de animales después de la atención inicial. El segundo es que el motocarro aumente los costos de operación al punto de debilitar a las familias beneficiadas. El tercero es una cobertura incompleta que empuje el problema hacia barrios periféricos o municipios vecinos. Frente a ellos, la mejor respuesta no es declarar cerrado el proceso, sino tratarlo como una política de largo plazo con metas públicas: equinos localizados y en buen estado, ingresos sostenibles para los trabajadores reconvertidos y disminución verificable de la tracción animal en zonas urbanas.
La jubilación de más de cien caballos, burros y yeguas ofrece a Torreón una oportunidad poco común para redefinir su relación con el trabajo animal y con quienes dependen de él. El compromiso tendrá credibilidad cuando “Panchito”, “Duranguita” y los demás animales sean visibles no sólo el día de su despedida, sino en la calidad concreta de la vida que reciban después de ella.
