La propuesta de Claudia Sheinbaum para que Gustavo Petro regrese a México como conferencista trasciende el protocolo de una visita política. Según explicó la presidenta mexicana después de reunirse con el exmandatario colombiano en Palacio Nacional, la invitación busca vincularlo con el Instituto de Historia de la Revolución Mexicana para impartir charlas sobre asuntos políticos, económicos y tecnológicos. En apariencia se trata de una iniciativa académica; en la práctica, abre un espacio institucional para una de las discusiones más sensibles de la región: hasta dónde las plataformas, los algoritmos y las redes transnacionales de influencia están modificando la competencia democrática.
El contexto eleva la relevancia de ese gesto. Petro llegó a México en su primera salida internacional tras la victoria de Abelardo de la Espriella en Colombia y aprovechó una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México para advertir sobre lo que denomina “tecnofascismo”: una combinación de tecnologías de segmentación, circulación algorítmica de contenidos y articulación política de sectores de ultraderecha. Sus declaraciones no se limitaron a su derrota política. Aludieron a las elecciones generales de Brasil y a las intermedias mexicanas de 2027 como procesos potencialmente expuestos a métodos de intervención digital.
Una invitación académica con lectura política
Sheinbaum dejó claro que México tiene una realidad política distinta a la colombiana y defendió el respaldo social a la transformación impulsada por su movimiento. Esa precisión importa: la presidenta evita asumir como propio el diagnóstico de Petro sobre una amenaza electoral inmediata y, al mismo tiempo, le concede una tribuna de alto perfil. La fórmula es útil para ambas partes. Petro encuentra un ámbito desde el cual reconstruir presencia regional después de dejar el poder; el Gobierno mexicano se presenta como anfitrión de un debate latinoamericano sobre soberanía tecnológica y democracia, sin convertir formalmente al visitante en vocero de su administración.
El Instituto de Historia de la Revolución Mexicana, si finalmente concreta la programación, no sería un escenario neutral en sentido político, aunque sí debe ser plural en sentido académico. Su propia naturaleza conecta el debate contemporáneo con la historia de las transformaciones institucionales, los movimientos sociales y la relación entre Estado y ciudadanía. Llevar allí a Petro permitiría situar las plataformas digitales dentro de una pregunta más amplia: quién controla las infraestructuras mediante las cuales circula la información política y qué capacidad tienen los Estados nacionales para vigilar procesos cuya escala es global.
La distinción entre actividad gubernamental y actividad académica tampoco elimina sus efectos diplomáticos. Los discursos pronunciados desde universidades, institutos públicos o centros de investigación suelen tener una vida más prolongada que las declaraciones de coyuntura: se transforman en seminarios, libros, redes de expertos, proyectos legislativos y argumentos de campaña. La invitación puede ayudar a consolidar a México como punto de encuentro de académicos y dirigentes de izquierda latinoamericana, una posición que tiene valor simbólico en momentos de mayor fragmentación ideológica en la región.
El libro como plataforma para una nueva etapa de Petro
La conversación entre Sheinbaum y Petro giró también alrededor de El Capital en el siglo XXI: Economía política de la crisis climática, el libro que prepara el dirigente colombiano. El título evoca deliberadamente una tradición de crítica económica y ofrece una pista sobre su estrategia intelectual: no concentrar su actividad posterior a la Presidencia en la política interna colombiana, sino presentar una interpretación integral de la crisis climática, la desigualdad, las tecnologías digitales y la reorganización de la derecha internacional.
Ese desplazamiento tiene una lógica. Un expresidente que pierde capacidad de influencia directa en su país puede conservar peso político si logra formular un diagnóstico que conecte debates nacionales con preocupaciones globales. Petro no habla solamente de una contienda electoral perdida o de la llegada de un adversario al poder; plantea que las plataformas digitales pueden convertirse en una infraestructura de poder comparable, en algunos aspectos, a los medios masivos del siglo XX, pero con una capacidad mucho mayor para personalizar mensajes, producir emociones y medir reacciones en tiempo real.
La pertinencia de la discusión está respaldada por precedentes concretos, aunque estos no prueban por sí solos las acusaciones formuladas por Petro. El caso de Cambridge Analytica, revelado en 2018, mostró cómo datos de millones de usuarios de Facebook fueron utilizados para perfilar votantes y dirigir propaganda política. Investigaciones en Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea han documentado también operaciones de desinformación, granjas de cuentas, publicidad política opaca y campañas coordinadas desde el extranjero. La lección no es que un algoritmo “elija” por sí mismo a un presidente, sino que las ventajas informativas y de distribución pueden alterar las condiciones de una deliberación pública equitativa.
El problema no es el algoritmo aislado, sino la opacidad del ecosistema
La expresión “tecnofascismo” tiene fuerza retórica, pero también riesgos analíticos. Puede servir para llamar la atención sobre la concentración de poder en empresas tecnológicas y actores políticos capaces de movilizar desinformación a gran escala. Sin embargo, si se emplea sin pruebas verificables sobre campañas específicas, diluye diferencias fundamentales entre propaganda ilegal, comunicación electoral agresiva, polarización orgánica y coordinación extranjera. La credibilidad de Petro como expositor dependerá de que su tesis avance desde la denuncia hacia la evidencia: datos sobre publicidad digital, patrones de bots, financiamiento, redes de difusión y decisiones de moderación de contenido.
Esta es una cuestión central para autoridades electorales, investigadores y organizaciones civiles. Las plataformas operan con sistemas de recomendación que priorizan la atención y la interacción, no necesariamente la calidad del debate público. Contenidos indignantes, identitarios o emocionalmente extremos suelen tener más capacidad de circulación que explicaciones complejas sobre propuestas de gobierno. A ello se suma el uso de inteligencia artificial generativa, que reduce drásticamente el costo de producir imágenes, voces, videos y textos verosímiles pero falsos.
El desafío es especialmente agudo en América Latina por tres condiciones estructurales. La primera es la elevada dependencia de un pequeño número de plataformas globales para informarse y hacer campaña. La segunda es la debilidad de los mecanismos de transparencia sobre publicidad política digital, que varían ampliamente entre países. La tercera es la baja confianza institucional: cuando una parte importante del electorado sospecha de gobiernos, medios, jueces o árbitros electorales, una pieza manipulada puede encontrar audiencias predispuestas a creerla antes de que exista una verificación eficaz.
Por eso, la advertencia de Petro merece ser examinada sin asumirla como diagnóstico cerrado. Los algoritmos no reemplazan factores materiales como inflación, seguridad, empleo, desgaste de los gobiernos o calidad de los liderazgos. Tampoco explican automáticamente cada derrota de la izquierda o cada avance de la derecha. Pero sí pueden amplificar malestares existentes, ordenar prioridades públicas y premiar mensajes que simplifican conflictos complejos. Su impacto suele ser acumulativo: no siempre se observa en un voto atribuible a una publicación, sino en la modificación gradual de lo que una sociedad percibe como amenaza, solución o sentido común.
México y Brasil, dos pruebas distintas para la alerta regional
La referencia a México resulta políticamente delicada porque las elecciones intermedias de 2027 serán una prueba de la capacidad del oficialismo para preservar poder territorial y legislativo. Sheinbaum sostiene que existe una mayoría social favorable a su proyecto, y esa base puede ser decisiva. Sin embargo, una ventaja política no vuelve irrelevante el entorno digital. Los comicios subnacionales, por su dispersión territorial y por la menor atención de medios nacionales, son particularmente vulnerables a campañas segmentadas y a operaciones locales difíciles de rastrear.
Brasil ofrece otro tipo de antecedente. Es el país latinoamericano que ha desarrollado con mayor intensidad una discusión institucional sobre responsabilidad de plataformas, desinformación y moderación de contenidos, en buena medida por la polarización derivada de sus recientes procesos electorales. La magnitud de su mercado digital, la influencia de aplicaciones de mensajería privada y la capacidad de sus campañas para movilizar comunidades en línea convierten a Brasil en un laboratorio regional. Su elección general no determinará por sí sola el rumbo continental, pero puede acelerar demandas de regulación o, por el contrario, reforzar críticas a cualquier intervención estatal como una forma de censura.
Hay una diferencia crucial entre regular transparencia y controlar opinión. Exigir que una plataforma archive anuncios políticos, identifique a sus financiadores, etiquete contenido manipulado y facilite datos agregados a investigadores puede mejorar la rendición de cuentas. En cambio, otorgar a gobiernos facultades vagas para definir qué información es “verdadera” o qué discurso es “aceptable” abre una puerta peligrosa. En democracias polarizadas, una norma creada para frenar desinformación puede ser utilizada para hostigar adversarios, periodistas o activistas.
Los actores que ganan y los que quedan expuestos
Para las universidades y centros de investigación, la eventual presencia de Petro representa una oportunidad y una exigencia. Puede atraer debate público, estudiantes y especialistas interesados en la relación entre cambio climático, economía política y tecnología. Pero una institución académica protege su legitimidad cuando no se limita a alojar discursos de figuras influyentes: debe confrontarlos con datos, invitaciones plurales y preguntas incómodas. Un ciclo de conferencias que incluya expertos en sistemas electorales, ingenieros de plataformas, defensores de derechos digitales, periodistas de investigación y representantes de distintas corrientes ideológicas tendría mayor valor que una tribuna unidireccional.
Las empresas tecnológicas también enfrentan una presión creciente. Su respuesta habitual consiste en destacar políticas contra cuentas falsas, bibliotecas de anuncios y equipos de seguridad electoral. Esas medidas son relevantes, pero incompletas cuando los investigadores no pueden acceder a información suficiente sobre alcance, recomendación de contenidos o criterios de moderación. La opacidad comercial puede convertirse en opacidad democrática cuando las decisiones privadas de diseño afectan la información disponible para millones de votantes.
Para los partidos, el problema contiene una paradoja. Todos denuncian manipulación cuando perjudica a su bando, pero muchos usan técnicas de microsegmentación, ejércitos de seguidores, mensajes sin fuente clara o campañas de ataque cuando les resultan ventajosas. Una respuesta seria requiere reglas que se apliquen de manera simétrica. La defensa de la democracia pierde fuerza si se presenta como un recurso para proteger a un solo proyecto político frente a sus rivales.
La disputa por el lenguaje puede anticipar la disputa por las reglas
La propuesta de Sheinbaum no garantiza que Petro regrese ni define aún el formato, calendario o alcance de sus intervenciones. Pero su importancia está en el tipo de conversación que institucionaliza. La tecnología dejó de ser un asunto técnico reservado a especialistas: ahora interviene en la comunicación de campañas, el acceso a información, la seguridad de datos, la competencia económica y la capacidad de los ciudadanos para distinguir entre evidencia y manipulación.
Es probable que, de aquí a 2027, México enfrente una presión mayor para actualizar sus mecanismos de fiscalización electoral digital. La tendencia regional apunta hacia más demandas de trazabilidad de anuncios, protocolos contra contenidos sintéticos engañosos y cooperación entre autoridades electorales, universidades y plataformas. Ninguna de esas herramientas resolverá por completo la polarización ni impedirá que actores extranjeros intenten influir. Su utilidad consiste en elevar el costo de las operaciones clandestinas y reducir el tiempo de respuesta ante campañas coordinadas.
El riesgo principal es que la advertencia sobre el poder algorítmico derive en dos extremos igualmente improductivos. Uno es el negacionismo: tratar las plataformas como canales neutrales y minimizar su capacidad para ordenar la visibilidad política. El otro es convertir toda victoria adversaria en evidencia automática de manipulación tecnológica. Entre ambos extremos hay un terreno de trabajo más exigente: producir evidencia independiente, proteger la libertad de expresión, obligar a una mayor transparencia y reconocer que la defensa democrática no se agota en regular plataformas, sino que depende también de instituciones confiables, medios sólidos y ciudadanía capaz de contrastar información.
La posible vuelta de Petro a México, entonces, será más que una agenda de conferencias. Puede convertirse en una oportunidad para discutir con rigor una transformación que ya está en marcha, siempre que el debate no confunda consignas con pruebas ni regulación con censura. El peso de la invitación de Sheinbaum reside precisamente en esa tensión: abre una plataforma para cuestionar el poder digital, pero también obliga a demostrar que la crítica a ese poder puede sostenerse con métodos democráticos, evidencia verificable y pluralidad intelectual.
