La Fiscalía descartó la salida de justicia restaurativa que podía evitar un juicio por el polígrafo aplicado a Marelbys Meza y prepara la imputación formal de Laura Sarabia. La exjefa de gabinete de Gustavo Petro sería llamada a responder por peculado por uso, abuso de función pública y, según la información conocida, constriñimiento ilegal. La negociación contemplaba reparaciones simbólicas y económicas para Meza, pero perdió viabilidad tras la declaración comprometida por un oficial y la solicitud de otra persona para intervenir como víctima.
30 de enero de 2023: el polígrafo en la Casa Galán
El expediente se originó ese día, cuando Marelbys Meza fue llevada a la Casa Galán, edificio de inteligencia ubicado frente a la Casa de Nariño, para someterse a un polígrafo. El procedimiento ocurrió después de la desaparición de dinero del apartamento de Sarabia. Meza trabajaba para la entonces funcionaria y el caso quedó bajo escrutinio por las circunstancias en que se realizó el examen.
Enero de 2024: Sarabia negó haber dado la orden
En una entrevista concedida en enero de 2024, Sarabia sostuvo que no ordenó la prueba y que decisiones de esa naturaleza debían pasar por su esquema de seguridad. Explicó que el supuesto hurto se manejó como un asunto de seguridad nacional porque, además de 7.000 dólares, desaparecieron documentos de Estado. También afirmó que al llegar a su vivienda ya había policías de civil y que la coordinación del procedimiento estaba a cargo de la entonces teniente Sandy, jefa de su esquema.
Esa versión se convirtió en uno de los puntos centrales del caso. La Fiscalía pretende controvertirla con el testimonio del capitán Óscar Leandro Mojica Cordón, quien habría pasado de ser presentado como responsable de decidir sobre el procedimiento a testigo de la acusación contra Sarabia.
2 de julio de 2026: el acuerdo de Mojica con la Fiscalía
El primer cambio determinante para la negociación llegó el 2 de julio, cuando Mojica firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía. En su matriz de colaboración aceptó declarar bajo juramento que Sarabia impartió la instrucción de someter a Meza al polígrafo. Según ese compromiso, el oficial dirá que la exfuncionaria lo llamó luego de conocer la desaparición del dinero, pidió modificar su esquema de seguridad y ordenó la práctica del examen.
Mientras esa declaración se incorporaba al panorama procesal, la defensa de Sarabia buscaba un acuerdo con Meza. Mauricio Pava participó inicialmente en esa gestión y luego Mario Iguarán asumió la representación de la entonces canciller. La fórmula planteaba una reparación integral que sustituyera el avance hacia un juicio, pero requería aprobación de la Fiscalía.
Julio de 2026: la propuesta restaurativa
En una carta dirigida a Marcela Abadía Cubillos, fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la apoderada de Meza pidió activar el mecanismo de justicia restaurativa. El documento, fechado en julio, indicó que la solicitud obedecía a una decisión libre, expresa e informada de su clienta. La propuesta incluía un acto de reconocimiento, una reparación simbólica y una compensación económica cuyo valor no se reveló.
De haberse autorizado el mecanismo y cumplido el acuerdo, la expectativa de la defensa era que el expediente fuera archivado. Sin embargo, apareció un segundo obstáculo: Fabiola Perea pidió ser reconocida como víctima dentro del proceso. Perea asegura que policías de civil llegaron sin orden judicial a su vivienda, tomaron fotografías, recopilaron información de sus familiares y afectaron su intimidad, aunque ella no fue sometida al polígrafo.
La ruta hacia la imputación
El abogado de Perea, Mauricio Marín, afirmó que la Fiscalía no respaldaría la salida restaurativa propuesta y que escucharía la petición de su clienta para intervenir formalmente. Con la declaración ofrecida por Mojica y la eventual incorporación de una segunda víctima, el ente acusador dejó de lado la negociación y se encamina a formular cargos contra Sarabia.
El penalista Francisco Bernate señaló a Cambio que una eventual condena por peculado por uso y abuso de función pública podría limitar beneficios como la suspensión condicional de la ejecución de la pena o la prisión domiciliaria, por la aplicación del artículo 68A del Código Penal. La defensa ha dicho que está dispuesta a entregar las explicaciones que la Fiscalía requiera. Entre las alternativas mencionadas para la exfuncionaria están controvertir la tesis acusatoria en juicio o buscar una nueva negociación, como un preacuerdo o un principio de oportunidad.
