La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México buscará que el asesinato de Paola Buenrostro sea reclasificado como transfeminicidio, después de que en la primera audiencia contra Arturo “N”, señalado como el presunto responsable, el delito imputado formalmente fuera homicidio. La institución aseguró que fortalecerá la investigación y presentará nuevos elementos para que el juez valore el cambio conforme a los hechos acreditados y al marco jurídico aplicable.
La decisión representa el principal resultado institucional tras la audiencia celebrada este martes. Aunque el proceso avanzó bajo la acusación de homicidio, la Fiscalía dejó abierta la posibilidad de modificar la clasificación penal en etapas posteriores. Esto significa que la discusión jurídica sobre la naturaleza del crimen no quedó cerrada con la primera imputación, pero tampoco implica que el cambio esté concedido: dependerá de la evidencia reunida, de la argumentación del Ministerio Público y de la valoración judicial.
La fecha de inicio del expediente explica la acusación inicial
La FGJ capitalina sostuvo que el proceso comenzó en 2016, cuando el delito de transfeminicidio todavía no existía en el marco legal aplicable. Ese año, explicó, obtuvo una orden de aprehensión por homicidio, razón por la cual la audiencia inicial se desarrolló con esa clasificación. La institución también señaló que permanece abierta la posibilidad de reclasificar el caso a feminicidio en una fase posterior, una precisión que coloca el expediente dentro de una transición entre la legislación vigente al momento de los hechos y las figuras penales reconocidas posteriormente.
El argumento temporal permite entender por qué la Fiscalía no presentó desde el inicio una acusación por transfeminicidio. Sin embargo, esa explicación no resuelve por sí sola la exigencia planteada por la familia social de Buenrostro y por integrantes de la comunidad LGBTIQ+: que la investigación reconozca que la víctima fue asesinada en un contexto relacionado con su identidad y expresión de género. La disputa no es únicamente terminológica. La clasificación del delito determina qué hipótesis deben probarse, qué circunstancias deben investigarse y qué forma de violencia reconoce el Estado.
La reclasificación dependerá de lo que pueda acreditarse
Para que la solicitud prospere, la Fiscalía tendrá que convertir su compromiso público en una estrategia probatoria concreta. No basta con afirmar que el caso corresponde a un transfeminicidio; será necesario demostrar ante el juez los elementos que distinguen esa conducta de un homicidio ordinario. La reconstrucción de los hechos, los testimonios, los antecedentes de violencia, las posibles expresiones de odio y la relación entre el ataque y la identidad de género de Paola serán determinantes para sostener la petición.
La diferencia entre una promesa institucional y una reclasificación efectiva estará, por tanto, en la calidad de la investigación. La Fiscalía informó que robustecerá el expediente durante las siguientes etapas del proceso, pero no detalló qué diligencias adicionales realizará ni qué elementos considera pendientes. Esa falta de precisión mantiene abierta una pregunta central: si la investigación original se inició bajo una figura penal distinta, ¿qué tan completa fue la búsqueda de indicios vinculados con violencia transfóbica?
La tensión aumentó después de la audiencia
Luego de la audiencia, la familia social de Paola Buenrostro y miembros de la comunidad LGBTIQ+ protestaron en instalaciones de la Fiscalía. Las manifestaciones expresaron inconformidad tanto por la acusación de homicidio como por los señalamientos de malos tratos contra Kenya Cuevas, integrante de la familia social de la víctima. La FGJ afirmó que esas conductas no corresponden a los estándares de atención que exige y que no existe una práctica, instrucción o intención institucional de carácter transfóbico.
Al mismo tiempo, la institución rechazó cualquier justificación para las agresiones contra servidoras y servidores públicos o para los daños ocasionados a sus instalaciones. Ambas posiciones pueden coexistir: la protesta puede plantear reclamos legítimos sobre el trato y la orientación de una investigación, mientras que los actos de violencia contra personas o bienes públicos deben ser investigados por separado. La respuesta institucional, sin embargo, será evaluada no sólo por sus comunicados, sino por la manera en que atienda a las víctimas indirectas y documente las decisiones del expediente.
Un caso que rebasa la audiencia de este martes
El caso de Paola Buenrostro se ha convertido en un punto de referencia para la exigencia de que los asesinatos de mujeres trans sean investigados con una perspectiva capaz de identificar la violencia motivada por prejuicio. Por eso, la audiencia no fue percibida únicamente como un trámite procesal. Para la comunidad que acompaña a la víctima, la imputación por homicidio puede representar la continuidad de una lectura reducida del crimen; para la Fiscalía, el expediente está condicionado por una investigación iniciada hace una década bajo reglas diferentes.
La importancia de la próxima etapa radicará en si el sistema de justicia logra superar esa tensión sin sacrificar las garantías procesales. Reclasificar el delito exigiría sostener la acusación con pruebas admisibles y respetar el derecho de defensa del imputado. Mantenerla como homicidio, en cambio, obligaría a explicar de manera convincente por qué los elementos relacionados con la identidad de género de Paola no modifican la hipótesis jurídica.
La Fiscalía capitalina tiene ahora la oportunidad de demostrar que la referencia al transfeminicidio no es una respuesta coyuntural ante la presión social, sino el resultado de una revisión seria del expediente. El desenlace dependerá de la evidencia que llegue al juzgado, pero también de la transparencia con que se expliquen las diligencias, los criterios jurídicos y las medidas adoptadas para garantizar un trato digno a quienes acompañan a la víctima. En este caso, la reclasificación tendría un efecto penal concreto y, al mismo tiempo, enviaría una señal sobre la capacidad del Estado para reconocer plenamente la violencia contra las personas trans.
