La digitalización de los pagos está modificando con rapidez la relación de los adultos mexicanos con el sistema financiero. Entre 2018 y 2024, la proporción de personas de 18 a 70 años con una cuenta vinculada a una tarjeta de débito pasó de 47% a 62.8%, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) del Inegi. En el mismo periodo, la tenencia de tarjetas de crédito subió de 23.7% a 28.6%. Considerados en conjunto, ambos instrumentos alcanzaron a 68.2% de la población adulta; BBVA Research estima que la proporción llegó a 70.7% en 2025.
El dato confirma que las tarjetas han dejado de ser un producto reservado para segmentos urbanos de mayores ingresos. La expansión de las transferencias, las compras por internet, la banca móvil y los pagos sin efectivo ha ampliado su utilidad cotidiana. Sin embargo, el crecimiento revela una fractura generacional: mientras la población adulta incorpora estos servicios con mayor frecuencia, el acceso de niños y adolescentes permanece prácticamente inmóvil desde hace casi una década.
Un indicador juvenil sin cambios relevantes desde 2017
En 2025, alrededor de 10.4% de las personas de 6 a 17 años mostró señales de utilizar o tener acceso a tarjetas y otros servicios financieros relacionados. La cifra apenas difiere del 10.2% registrado en 2017. Aunque el indicador alcanzó 10.8% en 2022, desde entonces se ha mantenido dentro de un estrecho rango de entre 10% y 11%, una estabilidad que contrasta con el avance sostenido observado entre los adultos.
La medición exige una lectura cuidadosa. No implica que uno de cada diez menores tenga necesariamente una tarjeta emitida a su nombre. Un adolescente que utiliza la tarjeta de su madre o padre para pagar una plataforma digital, comprar un producto en línea o recibir dinero para una compra puede quedar reflejado en el indicador. Aun con esa amplitud metodológica, la falta de crecimiento sugiere que la incorporación autónoma y supervisada de menores al ecosistema financiero sigue siendo limitada.
Las barreras no son sólo tecnológicas
La explicación no puede reducirse a la disponibilidad de aplicaciones bancarias. Las restricciones de edad, los requisitos de contratación y la limitada oferta de productos específicamente diseñados para menores restringen el acceso formal. A ello se suma una decisión doméstica: muchos hogares no consideran necesario que niños y adolescentes tengan una tarjeta para sus gastos diarios, especialmente cuando el efectivo sigue funcionando como herramienta de control y asignación de recursos.
También persiste una diferencia entre productos orientados al ahorro y productos que permiten participar en pagos cotidianos. Las cuentas infantiles tradicionales suelen priorizar el depósito de dinero y la formación del hábito de ahorro, pero no siempre ofrecen una experiencia de uso que conecte al menor con decisiones reales de presupuesto, consumo y administración. Esa distancia importa porque los pagos digitales no son únicamente una forma de comprar: se han convertido en un canal para recibir dinero, dividir gastos, pagar servicios y operar dentro de una economía cada vez más digitalizada.
El desafío es incorporar aprendizaje con supervisión
La apertura de productos para menores plantea un equilibrio delicado. Facilitar una tarjeta sin acompañamiento puede trasladar a edades tempranas riesgos de gasto impulsivo, fraude digital o exposición de datos personales. Pero excluirlos por completo también retrasa el aprendizaje práctico sobre herramientas que probablemente usarán de forma habitual al llegar a la adultez. La inclusión financiera infantil no debería medirse sólo por el número de plásticos emitidos, sino por la capacidad de usar esos instrumentos de forma gradual, comprensible y protegida.
En ese espacio operan alternativas como Link Card de BBVA, una cuenta de débito dirigida a menores de 18 años que permite recibir dinero, ahorrar y realizar compras bajo supervisión familiar. Este tipo de producto busca trasladar parte del control a los padres mediante la consulta de movimientos y el establecimiento de límites. Su relevancia está menos en sustituir la vigilancia adulta que en crear un entorno donde el menor pueda tomar decisiones acotadas y observar sus consecuencias financieras.
La Condusef ha sostenido que el acercamiento temprano al ahorro y a las nociones básicas de finanzas personales ayuda a desarrollar hábitos de manejo responsable del dinero. La premisa tiene fundamento práctico: una tarjeta puede ser una puerta de entrada para distinguir entre ingreso y gasto, fijar metas, identificar cargos y comprender que un pago digital representa recursos reales. Sin educación financiera, en cambio, la tecnología puede simplificar el consumo sin mejorar necesariamente la capacidad de decisión.
La siguiente etapa de la inclusión financiera
El aumento de la tenencia de tarjetas entre adultos es una señal positiva, pero no basta para declarar resuelto el desafío de inclusión financiera en México. El avance cuantitativo debe acompañarse de calidad de uso, seguridad y acceso adecuado para distintos grupos de edad. En el caso de los menores, el estancamiento revela que la infraestructura digital y la oferta bancaria han crecido más rápido que los mecanismos para integrarlos de manera segura.
La brecha no se cerrará únicamente con campañas comerciales ni con la emisión masiva de tarjetas. Requerirá productos de bajo costo, reglas claras de protección de datos, herramientas de supervisión parental y programas de educación financiera que conecten la escuela y el hogar con experiencias concretas. Si los adultos ya están trasladando sus pagos al entorno digital, el reto para bancos, autoridades y familias será evitar que niños y adolescentes lleguen a ese sistema tarde y sin las herramientas necesarias para administrarse con criterio.
