La estrategia de consolidación fiscal del gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta una tensión visible: mientras Hacienda busca reducir el déficit heredado de 2024, el saldo de la deuda pública continúa aumentando. Entre septiembre de 2024 y julio de 2026, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la medida más amplia del endeudamiento federal, pasó de alrededor de 18 billones a 19.22 billones de pesos. El incremento nominal fue de 1.2 billones de pesos y equivale a un crecimiento real de 6.7%, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La deuda aumenta en una etapa de ajuste presupuestal
El dato es relevante porque coincide con dos años en los que la administración federal ha presentado la reducción del déficit como una prioridad. La consolidación fiscal no significa necesariamente disminuir el monto absoluto de la deuda: puede haber nueva contratación de financiamiento mientras el déficit baja como proporción del Producto Interno Bruto. Sin embargo, la velocidad del incremento revela que el ajuste ha sido insuficiente para evitar que las necesidades financieras del sector público sigan ampliando el saldo acumulado.
Al cierre de julio de 2026, el SHRFSP representó 51.5% del PIB, según el último Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública. Hacienda sostiene que se trata de un nivel moderado frente a otras economías emergentes y latinoamericanas, y que responde a una administración prudente. Esa comparación es importante, pero no elimina el reto interno: México debe financiar obligaciones crecientes, cubrir el costo de intereses y mantener espacio presupuestal para inversión, salud, educación y programas sociales sin elevar de manera persistente el riesgo fiscal.
Las proyecciones oficiales anticipan un máximo histórico
Los Precriterios Generales de Política Económica 2027 prevén que la deuda ampliada cierre 2026 en 20 billones 419,800 millones de pesos. La documentación oficial la ubica en torno a 54% del PIB, con una estimación de 54.7% en una de las proyecciones citadas por Hacienda, nivel que sería el más alto del que se tiene registro bajo esta métrica. La dependencia atribuye parte del cambio a la revisión metodológica del PIB nominal realizada por el Inegi en 2025 y a ajustes del marco macroeconómico.
La explicación estadística ayuda a entender por qué cambia la relación entre deuda y PIB, pero no modifica la realidad financiera del saldo en pesos ni la necesidad de estabilizarlo. Cuando la deuda aumenta más rápido que la capacidad del gobierno para generar ingresos permanentes o contener el gasto no prioritario, la carga de intereses gana participación en el presupuesto. Ese desplazamiento suele limitar el margen de decisión de las siguientes administraciones, incluso si la relación deuda-PIB se mantiene dentro de parámetros manejables.
El déficit de 2024 condiciona el ajuste actual
La administración de Sheinbaum recibió un déficit fiscal particularmente elevado tras el último año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), indicador anual del desequilibrio entre ingresos y gasto, cerraron 2024 en 5.8% del PIB. Ese resultado estuvo asociado a un fuerte gasto público y al financiamiento de proyectos prioritarios del sexenio anterior.
La meta inicial para el primer año de la nueva administración era llevar los RFSP a 3.9% del PIB. No obstante, el déficit terminó en 4.8%, pese a recortes presupuestales relevantes. Los apoyos a Petróleos Mexicanos fueron uno de los factores que dificultaron un ajuste mayor. La empresa estatal concentra una parte central del desafío fiscal: sus necesidades de capital, vencimientos y obligaciones financieras obligan al gobierno a elegir entre respaldarla, reducir otras partidas o aceptar un déficit más elevado.
Pemex convierte el ajuste en una decisión de prioridades
El respaldo a Pemex no sólo impacta el gasto del año en curso; también influye en la percepción de riesgo sobre las finanzas públicas. Una transferencia o capitalización puede aliviar presiones inmediatas sobre la empresa, pero si no se acompaña de mejoras operativas, mayor eficiencia y una trayectoria creíble de reducción de pasivos, el costo fiscal puede prolongarse. Por ello, el debate ya no se limita al tamaño del déficit: abarca la calidad del gasto y la capacidad del Estado para evitar que apoyos recurrentes se conviertan en una fuente estructural de endeudamiento.
Para 2026, Hacienda busca reducir los RFSP a 4.1% del PIB, en el segundo año de consolidación. La meta responde también a la presión de las agencias calificadoras, que observan la sostenibilidad de la deuda, la disciplina presupuestal y los pasivos contingentes. Una reducción gradual del déficit puede ser razonable si evita un recorte abrupto que debilite la actividad económica, pero requiere resultados consistentes. De lo contrario, la gradualidad puede ser interpretada como incapacidad para corregir el desequilibrio.
La advertencia de las calificadoras eleva el costo de la demora
Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, ha advertido que México ya acumula retraso en el ajuste y que una degradación crediticia muestra el costo de no reducir el déficit por debajo de 4% del PIB. Su argumento parte de una lógica fiscal básica: los desequilibrios amplios son más fáciles de generar que de revertir. Una vez comprometido el gasto, recortar requiere decisiones políticas complejas, particularmente cuando involucra transferencias, inversión pública o empresas estatales.
La discusión no implica que el endeudamiento sea, por sí mismo, señal de deterioro. La deuda puede financiar inversión productiva, atender contingencias o suavizar ciclos económicos. La diferencia está en su destino, en el plazo del financiamiento y en la capacidad futura de pago. Para el gobierno, el reto de 2026 y 2027 será demostrar que la reducción del déficit no descansa sólo en recortes temporales, sino en una base de ingresos más sólida, una mejor asignación del gasto y un manejo más predecible de los compromisos vinculados con Pemex.
La trayectoria de los próximos meses definirá si el aumento de la deuda se estabiliza como proporción del PIB o si se convierte en una restricción más severa para las finanzas públicas. Alcanzar una cifra menor de déficit será importante, pero también lo será explicar con claridad qué gastos se preservan, qué riesgos se absorben y cómo se evitará que la consolidación fiscal vuelva a posponerse.
