La Justicia de San Isidro prohibió que Martín del Río se comunique con su exesposa, después de que el condenado por el doble parricidio de Vicente López le enviara un correo electrónico desde la cárcel. La medida, dispuesta por la jueza María Coelho, alcanza cualquier contacto directo o indirecto, incluidos el correo electrónico, las redes sociales, la mensajería instantánea y otros medios digitales.

El contacto desde la cárcel
En las últimas semanas, Del Río consiguió un teléfono celular, accedió a su correo electrónico y recuperó el contacto de la mujer con la que estuvo casado durante 20 años. Se encuentra alojado en la Unidad N° 48 de San Martín, donde cumple una pena de prisión perpetua y, según la información difundida, no recibe visitas.
En el mensaje, al que tuvo acceso Infobae, insistió en que es inocente y afirmó que trabaja con nuevos abogados para demostrar las irregularidades que, según su versión, ocurrieron durante el juicio y la instancia de casación. También aseguró que está haciendo “de todo” para recuperar su libertad y pidió que le enviaran los números de teléfono de sus dos hijos, hoy jóvenes adultos, porque quería hablar con ellos.
“Hola Amore de mi vida. Cómo estás? Cómo andan los chicos?”, comienza el correo. Más adelante, Del Río describió sus actividades dentro del penal: dijo que es promotor de salud del pabellón y que se ocupa de gestionar atención médica, operaciones y consultas odontológicas. También contó que por la tarde organizó un taller de fabricación de aberturas de aluminio.
La condena y el antecedente del juicio
José Enrique del Río, de 75 años, y María Mercedes Alonso, de 72, fueron asesinados a tiros por su hijo menor en el doble parricidio ocurrido en Vicente López. Martín del Río fue condenado a prisión perpetua en diciembre de 2024, luego de un juicio por jurados. La sentencia quedó confirmada en abril de 2026 por la Cámara de Casación Penal.
La exesposa fue una de las testigos que lo reconocieron como el autor de los crímenes tras observar imágenes de una cámara de seguridad. En ellas se veía a Del Río caminar hacia la casa de sus suegros. Durante el juicio, declaró que había vivido “con un monstruo” y recibió tratamiento psiquiátrico durante varios meses por el impacto que le provocó el caso.
La denuncia y la orden judicial
La mujer denunció el correo ante la fiscal Marcela Semería. La jueza Coelho consideró que el intento de acercamiento generaba “una evidente perturbación al ánimo” y agravaba el conflicto, además de vulnerar sus derechos. Por ese motivo, ordenó la prohibición inmediata de contacto.
La resolución establece que cualquier incumplimiento deberá ser denunciado penalmente de inmediato por el delito de desobediencia, que contempla sanciones para quien no acata una orden judicial. El fallo también señala que el Estado debe actuar con “debida diligencia reforzada”, obligación prevista en el marco internacional para los casos en los que se denuncian situaciones de violencia de género.
