Las fuerzas israelíes demolieron durante la madrugada del miércoles la totalidad de Jirbet at Taban, una pequeña comunidad palestina situada en las colinas del sur de Hebrón, en Cisjordania ocupada, según denunció la organización israelí de derechos humanos B’Tselem. La operación dejó sin viviendas, corrales, cisternas ni depósitos a doce familias, unas 70 personas, entre ellas 28 menores de edad.
Una aldea reducida a escombros
Las imágenes divulgadas por B’Tselem muestran estructuras derribadas y pertenencias entre los restos de lo que hasta ahora constituía el espacio de vida y subsistencia de la comunidad. En un entorno rural como el de las colinas del sur de Hebrón, la pérdida de corrales y reservas de agua no supone únicamente la destrucción de inmuebles: elimina también los medios básicos para la cría de animales y la permanencia de las familias en el territorio.
La demolición completa tiene un efecto distinto al de un derribo parcial. Cuando desaparecen simultáneamente las viviendas, la infraestructura de agua y los espacios productivos, el regreso se vuelve mucho más difícil, especialmente para familias con recursos limitados. El desplazamiento deja de ser una consecuencia temporal de una operación administrativa y pasa a afectar la viabilidad misma de la comunidad.
La justificación oficial y la denuncia de B’Tselem
El COGAT, organismo militar israelí encargado de la gestión de asuntos civiles en Cisjordania, señaló a EFE que el operativo se dirigió contra “construcciones ilegales” levantadas dentro de una zona de tiro del Ejército. El portavoz afirmó que la ejecución se realizó conforme a las autoridades y procedimientos pertinentes, teniendo en cuenta prioridades de aplicación y consideraciones operativas.
B’Tselem rechaza esa interpretación y sostiene que el caso forma parte de una política de “limpieza étnica” en Cisjordania. Su directora ejecutiva, Yuli Novak, afirmó que Israel está borrando comunidades palestinas a un ritmo creciente y cuestionó la falta de respuesta internacional ante la exposición de la población palestina a la violencia y al desarraigo.
La divergencia refleja un conflicto recurrente en la Cisjordania ocupada: Israel invoca normas de planificación y designaciones militares para justificar demoliciones, mientras organizaciones de derechos humanos sostienen que esas herramientas operan en un marco de permisos restrictivos que dificulta o impide el desarrollo de comunidades palestinas históricamente asentadas en determinadas zonas.
Las cifras detrás del desarraigo
Según el recuento de B’Tselem, Jirbet at Taban es la comunidad palestina número 66 desplazada completamente desde octubre de 2023, cuando comenzó la guerra en Gaza tras el ataque de milicias palestinas lideradas por Hamás en territorio israelí, que dejó más de 1.200 muertos. La organización añade que otras 18 comunidades han sufrido desplazamientos parciales durante el mismo periodo.
La ONG calcula que 4.931 palestinos fueron trasladados por la fuerza de sus hogares en Cisjordania desde entonces, incluidos aproximadamente 2.339 niños y adolescentes. El peso de la población menor de edad evidencia que las consecuencias trascienden la pérdida inmediata de refugio: afectan la continuidad escolar, el acceso a atención sanitaria, los vínculos comunitarios y la estabilidad económica de familias dedicadas principalmente a actividades rurales.
Un precedente con efectos territoriales
El derribo de una comunidad pequeña adquiere relevancia por su posible efecto acumulativo. Cada aldea que pierde su infraestructura reduce la presencia palestina permanente en áreas rurales estratégicas, mientras que la reubicación de sus habitantes suele depender de redes familiares, ayuda humanitaria o asentamientos temporales con condiciones precarias. Esa dinámica puede alterar de forma duradera el control efectivo sobre la tierra, incluso sin cambios formales en su estatus jurídico.
El caso de Jirbet at Taban también deja abierta la cuestión de qué alternativas reales tendrán sus habitantes. La legalidad invocada por las autoridades israelíes no resuelve por sí sola el destino de las familias desalojadas, ni la posibilidad de reconstruir en otro lugar. Para los residentes, la pérdida de la aldea implica una ruptura material y social; para Cisjordania, se suma a una tendencia de desplazamientos que aumenta la presión sobre un territorio ya marcado por restricciones, violencia y disputas de soberanía.
