Madrid, 4 sep. (EFE).- Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha presentado su escrito de defensa ante el futuro juicio y ha solicitado su libre absolución. El documento, registrado por su abogado Jaime Campaner, niega que Gómez utilizara su vínculo matrimonial con el jefe del Ejecutivo para obtener una cátedra universitaria, conseguir un beneficio económico o influir en decisiones ajenas a su actividad profesional.
La defensa también rechaza las acusaciones relacionadas con un software desarrollado en la Universidad Complutense de Madrid y niega que la asesora de Gómez fuera empleada para desempeñar tareas indebidas. Con esta posición, el equipo jurídico fija su respuesta a los dos delitos que permanecen abiertos tras la revisión del caso por la Audiencia Provincial de Madrid: tráfico de influencias y malversación.
La causa llega al juicio con un alcance más limitado
El escenario procesal actual es distinto del que se planteó durante la instrucción. El pasado julio, la Audiencia de Madrid avaló que Gómez fuera juzgada por un jurado por los delitos de tráfico de influencias y malversación, pero archivó las imputaciones por corrupción en los negocios y apropiación indebida que había señalado el juez Juan Carlos Peinado.
La decisión delimita de manera significativa el objeto del futuro juicio. Ya no se debatirá en sede judicial el conjunto de sospechas que inicialmente rodeó la investigación, sino si los hechos que siguen atribuyéndose a Gómez encajan en las figuras de tráfico de influencias y malversación y si existen pruebas suficientes para sostener una condena. Esa delimitación será relevante tanto para la estrategia de la defensa como para la acusación, porque obliga a vincular cada conducta concreta con los elementos exigidos por la ley penal.
El tráfico de influencias requiere acreditar algo más que una relación personal o institucional. La acusación debe demostrar que se utilizó una posición determinada para influir en un funcionario o autoridad con el propósito de obtener una resolución que genere un beneficio económico. La defensa sostiene, precisamente, que no hubo aprovechamiento del matrimonio con el presidente ni una ventaja patrimonial derivada de esa relación.
El debate sobre la cátedra y el beneficio económico
Uno de los principales ejes de la controversia es la obtención de una cátedra universitaria. La defensa niega que Gómez se valiera de su relación con el presidente del Gobierno para acceder a ella y rechaza que obtuviera un beneficio económico. El argumento plantea una cuestión central para el juicio: distinguir entre una trayectoria profesional o académica controvertida y una conducta penalmente relevante.
La existencia de contactos, recomendaciones o vínculos institucionales no permite por sí sola concluir que se produjo un delito. Para que la acusación prospere será necesario establecer una conexión verificable entre la influencia supuestamente ejercida, la intervención de una autoridad y una decisión concreta favorable. También será determinante precisar quién tomó las decisiones, bajo qué procedimiento y qué beneficio habría obtenido Gómez de manera directa o indirecta.
Ese análisis puede convertir el juicio en una discusión sobre la frontera entre la actividad privada, la reputación pública y la responsabilidad penal. La notoriedad de la acusada y su relación con el presidente explican el interés político y mediático del procedimiento, pero no sustituyen la obligación de probar los hechos con el estándar exigible en un proceso penal.
El software de la Complutense, otro frente de la defensa
La defensa niega asimismo que Gómez se apropiara de un software de la Universidad Complutense de Madrid. El asunto introduce una dimensión patrimonial y de propiedad sobre un recurso tecnológico cuya titularidad, uso y eventual aprovechamiento deberán quedar claramente establecidos durante el proceso.
La acusación tendrá que precisar qué conducta concreta se atribuye a la acusada, cuál era el régimen jurídico del programa, quién tenía derechos sobre él y de qué forma se habría producido la apropiación. La respuesta de la defensa apunta a que no basta con demostrar que Gómez estuvo relacionada con el proyecto o participó en actividades vinculadas a su desarrollo: será necesario acreditar una disposición ilegítima sobre un bien ajeno y la intención que exige el tipo penal aplicable.
La precisión será especialmente importante porque la Audiencia de Madrid ya dejó fuera la imputación por apropiación indebida. Por ello, cualquier referencia al software deberá conectarse con los delitos que todavía pueden ser objeto de enjuiciamiento y no con acusaciones que han quedado archivadas en esta fase.
La acusación popular pide una pena elevada
En su escrito, la defensa solicita que se impongan las costas a la acusación popular liderada por Hazte Oír, a la que atribuye una “temeraria actuación procesal”. Esta parte reclama trece años de prisión para Gómez, una petición que representa la posición más severa conocida en la causa y que previsiblemente será uno de los elementos de mayor confrontación durante el juicio.
La acusación popular cumple una función reconocida en el sistema español, pero su actuación está sometida a límites procesales. La petición de costas formulada por la defensa refleja una disputa paralela a la cuestión penal: no solo se discute si hubo delito, sino también si la acusación ha utilizado el procedimiento de forma razonable y con una base suficiente. La decisión final sobre las costas dependerá del desarrollo del juicio y de la valoración que haga el órgano judicial sobre la conducta procesal de las partes.
Un juicio condicionado por la prueba y no solo por el contexto político
El caso se desarrolla en un entorno de alta polarización política debido a la condición de Gómez como esposa del presidente del Gobierno. Sin embargo, el juicio deberá resolver cuestiones técnicas: la existencia de una influencia efectiva, la relación entre esa influencia y una resolución concreta, la eventual intervención de fondos o recursos públicos y la responsabilidad individual que pudiera derivarse de cada hecho.
La presentación del escrito de defensa cierra una etapa de preparación procesal y anticipa el marco de la controversia. Gómez niega todas las conductas delictivas que permanecen en la causa y reclama la absolución, mientras las acusaciones deberán sostener sus pretensiones dentro del perímetro fijado por la Audiencia de Madrid. El resultado dependerá de la prueba que se practique ante el jurado y de la capacidad de cada parte para transformar sus argumentos en hechos acreditados conforme a las exigencias del proceso penal.
