Las declaraciones de Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), colocan otra vez la corrupción política vinculada con el narcotráfico en el centro de la relación entre México y Washington. En una entrevista con N+ Univision, Cole afirmó que funcionarios mexicanos de alto nivel trabajan directamente con organizaciones criminales y sostuvo que las autoridades estadounidenses investigan posibles nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.
El alcance de sus palabras no depende únicamente de que haya identificado públicamente a todos los funcionarios aludidos. La importancia reside en que el señalamiento proviene del jefe de una agencia que participa en investigaciones transnacionales, operaciones de inteligencia y procesos judiciales contra redes de tráfico de drogas. Al mismo tiempo, Cole distinguió entre esas acusaciones y su relación de cooperación con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a quien describió como un socio confiable y un buen amigo de Estados Unidos.
Una acusación que se apoya en una historia conocida
La sospecha de que sectores del Estado mexicano han sido infiltrados por organizaciones criminales no es nueva ni se limita a un solo gobierno. El narcotráfico mexicano ha construido durante décadas redes de protección política, policial y administrativa mediante sobornos, amenazas y acuerdos informales. Su capacidad de operación no depende solamente del control territorial: también requiere información anticipada, permisos, impunidad selectiva y acceso a funcionarios capaces de obstaculizar investigaciones.
El caso de Genaro García Luna ilustra la dimensión internacional del problema. El exsecretario de Seguridad Pública de México fue declarado culpable en Estados Unidos en 2023 por aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa y posteriormente recibió una condena de más de 38 años de prisión. Aquel proceso mostró que un funcionario con responsabilidades centrales en la lucha contra el narcotráfico podía mantener, según el veredicto estadounidense, vínculos clandestinos con la misma estructura que debía combatir.
También existe un antecedente que evidencia la sensibilidad política de estas investigaciones. En 2020, Estados Unidos detuvo al entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, por acusaciones relacionadas con narcotráfico y lavado de dinero. El caso fue devuelto a México y las autoridades mexicanas terminaron sin ejercer acción penal. La decisión provocó tensiones sobre la confianza entre ambos países y llevó al Congreso mexicano a modificar las reglas que regulan la actuación de agentes extranjeros en territorio nacional.
Estos episodios no prueban por sí mismos los señalamientos actuales de Cole, pero explican por qué cada acusación de la DEA tiene efectos que superan el expediente particular. En México, puede interpretarse como una advertencia sobre la persistencia de la infiltración criminal. En Washington, funciona como una justificación para mantener investigaciones propias cuando existe desconfianza sobre la capacidad o la voluntad de las instituciones mexicanas para procesar determinados casos.
La cooperación tiene ahora un rostro específico
El contraste entre los funcionarios presuntamente investigados y la relación descrita con García Harfuch es uno de los elementos más significativos de la entrevista. Cole aseguró que mantiene comunicación diaria con el secretario mexicano y que el intercambio de información se ha acelerado. La DEA, por tanto, parece estar enviando dos mensajes simultáneos: la cooperación con determinadas autoridades es estrecha, pero la colaboración institucional no elimina la sospecha sobre otros integrantes del aparato público.
Ese matiz puede resultar útil para ambos gobiernos. Para Washington, distinguir entre socios confiables y funcionarios bajo investigación permite sostener la cooperación operativa sin presentar al Estado mexicano como un bloque homogéneo. Para México, la relación con un interlocutor estadounidense de alto nivel puede fortalecer la coordinación contra organizaciones que operan a ambos lados de la frontera, especialmente en materia de inteligencia financiera, tráfico de armas, fentanilo, lavado de dinero y localización de objetivos prioritarios.
Sin embargo, la cooperación basada en relaciones personales también tiene una vulnerabilidad. Cuando la confianza se concentra en dos o tres funcionarios, cualquier cambio de gobierno, relevo administrativo o filtración de información puede afectar el intercambio completo. Las instituciones necesitan mecanismos verificables para clasificar, compartir y auditar la inteligencia, porque una colaboración que depende demasiado de la confianza individual puede ser eficaz en el corto plazo, pero frágil en el largo.
La experiencia bilateral ofrece ejemplos de esa tensión. La información compartida por agencias estadounidenses ha contribuido a detenciones y operaciones relevantes en México, pero las filtraciones también han sido una preocupación recurrente. Si los grupos criminales descubren qué unidades reciben inteligencia, qué funcionarios tienen acceso a ella o qué objetivos están bajo vigilancia, pueden modificar rutas, destruir evidencia y atacar a testigos o agentes. La corrupción no solo reduce la eficacia de una operación: puede convertir la información de seguridad en un instrumento de protección para los propios delincuentes.
El problema de acusar sin revelar nombres
La afirmación de que existen funcionarios de alto nivel vinculados con cárteles tiene un peso político considerable, pero también exige una distinción rigurosa entre inteligencia, investigación y prueba judicial. Una agencia puede contar con testimonios, interceptaciones, registros financieros o informes de inteligencia que todavía no cumplen los requisitos para presentarse ante un tribunal. Hasta que una autoridad competente emita una resolución, los señalados conservan el derecho a la presunción de inocencia.
La falta de nombres puede proteger investigaciones en curso, pero deja un espacio amplio para la especulación. En México, ese vacío puede ser utilizado para promover acusaciones sin sustento contra adversarios políticos, funcionarios incómodos o instituciones enteras. La consecuencia sería doblemente dañina: se debilitaría el debido proceso y se restaría credibilidad a las investigaciones que sí estén respaldadas por evidencia sólida.
Por esa razón, el siguiente paso importa más que la declaración inicial. Si existen expedientes con alcance penal, Washington tendrá que decidir si presenta cargos, solicita detenciones, impone sanciones financieras o comparte información suficiente con las autoridades mexicanas. México, a su vez, deberá demostrar que puede investigar a funcionarios de alto nivel sin bloquear los procedimientos por razones políticas. La transparencia no exige revelar datos operativos sensibles, pero sí explicar qué institución es responsable, bajo qué marco legal se actúa y qué controles impiden que la acusación se convierta en una sentencia mediática.
Las consecuencias para la seguridad mexicana
Una acusación de este nivel puede presionar al gobierno mexicano para reforzar los controles internos. La depuración de unidades policiales, la revisión patrimonial de mandos, el seguimiento de transferencias financieras y la protección de fiscales y jueces son medidas más relevantes que cualquier respuesta retórica. Si los funcionarios corruptos ocupan posiciones con acceso a bases de datos, operativos o contratos públicos, la investigación debe abarcar también a sus redes de colaboradores y beneficiarios.
El desafío es especialmente grande porque los cárteles no actúan únicamente mediante sobornos directos. Pueden infiltrarse en corporaciones locales, controlar mercados municipales, financiar campañas, intimidar a alcaldes o capturar áreas de contratación pública. En muchas regiones, la frontera entre corrupción administrativa y control criminal se vuelve difícil de separar: una autoridad que tolera el tráfico de combustible, facilita permisos o desactiva órdenes de aprehensión puede no pertenecer formalmente a un cártel, pero sí contribuir a su capacidad de supervivencia.
La respuesta tampoco puede concentrarse exclusivamente en las fuerzas federales. La seguridad cotidiana depende de policías estatales y municipales, fiscalías locales, jueces, registros de propiedad y sistemas de inteligencia financiera. Sin controles en esos niveles, una operación federal exitosa puede ser neutralizada por la filtración de información o por la falta de capacidad para procesar los delitos posteriores. El caso de las acusaciones contra funcionarios de alto rango vuelve visible una falla estructural: capturar operadores criminales sirve de poco si las instituciones que deben sustituirlos siguen expuestas.
Un equilibrio delicado para la relación bilateral
La coordinación en seguridad se ha convertido en uno de los pocos ámbitos donde México y Estados Unidos mantienen contactos operativos constantes pese a sus diferencias sobre comercio, migración, soberanía y tráfico de armas. Las declaraciones de Cole pueden fortalecer esa agenda si conducen a investigaciones concretas y verificables. Pero también pueden generar una reacción defensiva en México si se perciben como una intervención pública en asuntos internos o como una presión para aceptar acusaciones formuladas fuera del sistema judicial mexicano.
La gestión política será determinante. Washington necesita la cooperación mexicana para combatir rutas de tráfico, desmantelar laboratorios, ubicar fugitivos y rastrear dinero. México necesita inteligencia, tecnología y coordinación internacional, pero también debe proteger su autonomía institucional y evitar que la lucha contra el narcotráfico dependa de decisiones tomadas unilateralmente en Estados Unidos. Una relación funcional requiere intercambio de información, reglas claras y rendición de cuentas en ambos lados de la frontera.
El señalamiento de Terry Cole no permite concluir que todos los funcionarios a los que aludió sean culpables ni que la cooperación actual esté comprometida. Sí revela, en cambio, que la confianza bilateral se administra de manera selectiva: se profundiza con quienes entregan resultados y se somete a escrutinio a quienes pueden representar un riesgo. La verdadera prueba llegará cuando esas sospechas se traduzcan en expedientes, sanciones o procesos judiciales. Solo entonces podrá medirse si se trata de una advertencia política, de una investigación con consecuencias reales o de una nueva etapa en la disputa permanente por el control de la seguridad entre México y Estados Unidos.
