La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó el 26 de agosto los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias tras eliminar disposiciones que permitían revisar contenidos periodísticos. La versión final limita la supervisión a tres obligaciones previstas en la ley: código de ética, persona defensora de las audiencias y mecanismos para recibir y atender quejas.
El cambio retiró del artículo 12 la obligación de los concesionarios de no difundir información “falsa o descontextualizada”, incluida en el anteproyecto sometido a consulta. La CRT señaló que no revisará decisiones editoriales ni determinará qué noticia es verdadera.
La consulta pública se realizó entre el 27 de julio y el 21 de agosto y recibió 8 mil 89 participaciones de especialistas, organizaciones, concesionarios y ciudadanos. El 10 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los lineamientos podían ajustarse con base en los comentarios recibidos, aunque sostuvo que el código de ética y la defensoría no estaban en discusión porque son exigencias legales.
El texto aprobado acota las posibles sanciones a los supuestos establecidos en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El anteproyecto contemplaba sanciones por conductas que, según el texto original, no están tipificadas por esa ley.
El esquema adopta elementos de corregulación utilizados en otros países: los medios elaboran sus códigos, las quejas se atienden primero dentro de cada concesionario mediante una defensoría u ombudsman y la autoridad verifica que el sistema exista y opere. Australia, Canadá, Reino Unido, Suecia, Alemania, Países Bajos, España y Colombia cuentan con mecanismos de este tipo.
Los derechos de las audiencias fueron reconocidos en la reforma constitucional de 2013 y desarrollados en la ley de 2014. La Suprema Corte invalidó el 29 de agosto de 2022 la contrarreforma de 2017, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 150/2017 y 153/2017; la ley de 2025 volvió a incorporar esos derechos.
La aplicación de los lineamientos requerirá verificar que el texto publicado en el Diario Oficial coincida con lo anunciado, que las defensorías actúen con independencia y que los códigos de ética y los mecanismos de queja funcionen conforme a las obligaciones legales.
