La Universidad de La Habana abrió una convocatoria excepcional para que estudiantes de otras carreras se trasladen a Periodismo durante el curso 2026-2027. La Facultad de Comunicación informó el 2 de septiembre que los aspirantes deberán presentarse a un examen de aptitud los días 11 y 12 de septiembre, con pruebas de cultura general, actualidad, redacción y dominio del lenguaje. El anuncio no especifica cuántas plazas están disponibles ni cuántos alumnos pretende incorporar.
La medida podría parecer un procedimiento académico de admisión, pero adquiere un significado mayor por el momento en que se produce. Según el análisis del periodista independiente José Raúl Gallego, el sistema oficial cubano enfrenta dificultades crecientes para atraer, formar y retener profesionales dispuestos a trabajar en sus medios. La convocatoria no demuestra por sí sola una emergencia institucional, porque la universidad no ha publicado cifras comparables de matrícula, graduación o vacantes. Sin embargo, sí constituye una señal concreta de que el mecanismo ordinario de captación no estaría proporcionando suficientes estudiantes para cubrir las necesidades de las redacciones.
Una puerta lateral para cubrir una carencia estructural
El dato central no es solamente que se busquen alumnos de otras carreras. Lo relevante es que una institución universitaria esté recurriendo a una vía extraordinaria para reforzar una especialidad estrechamente vinculada con el aparato comunicativo del Estado. En condiciones normales, una carrera con demanda sostenida puede seleccionar entre los aspirantes que ingresan cada año. Cuando se abre una convocatoria adicional para estudiantes ya matriculados en otras disciplinas, el mensaje implícito es distinto: el flujo habitual no parece suficiente, o la permanencia de los alumnos en la carrera no garantiza que lleguen a las redacciones.
La convocatoria tampoco aclara si el traslado permitirá completar los estudios dentro del calendario regular, qué requisitos académicos adicionales se exigirán o cómo se integrarán los nuevos alumnos a los cursos ya iniciados. Esas omisiones importan porque una solución administrativa puede aliviar temporalmente la matrícula sin resolver el problema profesional posterior. Formar más estudiantes no equivale automáticamente a disponer de más periodistas en los medios nacionales. Entre ambos puntos existe una cadena de obstáculos: la calidad de la enseñanza, las condiciones de trabajo, el salario, la autonomía editorial y la posibilidad de desarrollar una carrera.
Gallego sostiene que la carrera ha perdido atractivo por la emigración, los bajos ingresos, la censura y las discrepancias políticas con la línea editorial de los medios controlados por el Gobierno. También afirma que parte de los graduados evita incorporarse a redacciones oficialistas o abandona esos puestos después de un tiempo. Si esa descripción es correcta, el problema no se ubica únicamente en el ingreso universitario. La universidad estaría intentando resolver, desde la admisión, una crisis que se origina también en el mercado laboral y en el modelo de medios.
El atractivo de una profesión depende de algo más que del aula
La primera conclusión que se desprende de los hechos es que la escasez de periodistas parece estar relacionada con la pérdida de valor de la profesión dentro del propio sistema estatal. Un estudiante puede sentirse atraído por la escritura, la investigación o la comunicación pública, pero sus expectativas cambian si percibe que el ejercicio profesional exige repetir una versión oficial, omitir conflictos relevantes o subordinar la información a prioridades políticas.
La lógica es acumulativa. La censura reduce el margen de decisión del reportero; la falta de autonomía limita el reconocimiento profesional; los bajos salarios deterioran la capacidad de retener a quienes adquieren experiencia; y la emigración ofrece una salida a quienes no ven posibilidades de mejora. Cada factor refuerza al siguiente. Una redacción con alta rotación pierde memoria institucional y capacidad de investigación. La pérdida de experiencia obliga a depender de personal más joven o menos preparado, lo que puede reducir la calidad del producto y hacer aún menos atractiva la carrera.
La afirmación de que “los medios están vacíos, incluso los nacionales”, atribuida a Gallego, debe entenderse como una valoración periodística y no como una estadística oficial. Aun así, apunta a un fenómeno verificable en muchos sistemas laborales: las plantillas pueden conservar sus cargos nominales mientras pierden capacidad real. Un medio no queda necesariamente sin personal cuando disminuye su número de trabajadores; puede quedar sin periodistas con experiencia, fuentes propias, tiempo para investigar y autoridad para cuestionar información. La diferencia entre una plantilla ocupada y una redacción funcional es decisiva.
La universidad, por su parte, enfrenta un dilema. Su responsabilidad formal es formar profesionales, pero su entorno institucional puede presionarla para producir cuadros destinados a un sistema comunicativo con límites políticos definidos. Si prioriza la cantidad de egresados, corre el riesgo de reducir la carrera a una reserva de personal para cubrir puestos vacantes. Si eleva los criterios de selección y preserva exigencias académicas estrictas, puede no alcanzar las necesidades de los medios. La convocatoria extraordinaria parece inclinarse por ampliar el acceso, aunque todavía no permite saber bajo qué estándares se hará la selección.
Cuando la selección académica se mezcla con la lealtad política
Uno de los puntos más sensibles del análisis de Gallego es la supuesta exigencia de adhesión ideológica al sistema político cubano. Esa condición, de existir como criterio determinante, modifica la naturaleza de la carrera: el aspirante ya no compite solamente por su capacidad de investigar, escribir y verificar datos, sino también por su compatibilidad con una línea política. La consecuencia puede ser una selección adversa. Los estudiantes más dispuestos a aceptar restricciones permanecen, mientras quienes buscan independencia profesional optan por otra carrera, emigran o se orientan hacia espacios no oficiales.
Desde la perspectiva del Gobierno y de las instituciones educativas cubanas, el argumento podría ser diferente. Los medios públicos suelen presentarse como instrumentos de soberanía informativa y defensa nacional, especialmente frente a la presión externa y a la circulación de contenidos considerados hostiles. Bajo esa visión, la formación periodística debe incluir compromiso político, responsabilidad institucional y una interpretación de la información compatible con los objetivos del Estado. El conflicto aparece cuando el compromiso político deja de ser una convicción personal y se convierte en una condición para acceder a oportunidades académicas o laborales.
La controversia no puede resolverse reduciendo el debate a una oposición entre “periodismo oficial” y “periodismo independiente”. Los medios estatales cumplen funciones relevantes para informar sobre servicios públicos, desastres, salud, educación y decisiones administrativas. Pero esas funciones requieren credibilidad, y la credibilidad depende de que los periodistas puedan contrastar versiones, reconocer errores y publicar asuntos incómodos. Una redacción que no puede investigar determinados temas puede mantener una estructura operativa, pero pierde autoridad ante su audiencia.
Gallego también menciona la imposición del servicio militar obligatorio a mujeres seleccionadas para estudiar Periodismo, una medida que, según su relato, habría afectado a un grupo que tradicionalmente tenía presencia mayoritaria en las aulas. Sin cifras públicas no es posible medir el impacto exacto de esa política sobre la matrícula femenina. Sí puede observarse el mecanismo potencial: si una obligación adicional retrasa o encarece el acceso a la carrera, disminuye el número de candidatas y altera la composición de un campo profesional que depende en buena medida del trabajo de mujeres jóvenes. Además, puede enviar a los aspirantes el mensaje de que estudiar Periodismo implica asumir costos que no se aplican de la misma manera a otras disciplinas.
El precedente de 2009-2010 y lo que revela el regreso de la fórmula
El antecedente citado por Gallego se remonta al curso 2009-2010, cuando la Universidad de La Habana impulsó un proceso parecido para incorporar estudiantes de otras carreras. De acuerdo con su testimonio, aquella operación contó con el respaldo del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y fue tratada como una “tarea política”. La comparación no prueba que el procedimiento actual tenga exactamente la misma conducción, pero sí permite formular una pregunta relevante: ¿por qué reaparece una solución similar más de quince años después?
Si el mecanismo extraordinario hubiera resuelto de manera permanente el déficit de profesionales, su repetición sería difícil de justificar. Su regreso sugiere que el problema no fue coyuntural o que las medidas aplicadas en el pasado no modificaron las causas de fondo. La incorporación acelerada de alumnos puede producir una mejora visible en el número de matriculados, pero sus efectos sobre las redacciones llegarán varios años después y dependerán de que los graduados acepten trabajar en ellas. Si abandonan la profesión, la operación habrá aumentado el registro universitario sin cambiar la capacidad informativa del sistema.
La falta de datos oficiales dificulta evaluar el alcance de la crisis. Sería necesario conocer la evolución anual de las solicitudes de ingreso, la matrícula efectiva, la tasa de abandono, el número de graduados que entra a medios estatales y la permanencia promedio en esos puestos. También sería importante distinguir entre vacantes por jubilación, emigración, traslado a otros sectores y creación de nuevas plazas. Sin esa información, las autoridades pueden presentar la convocatoria como una oportunidad académica, mientras críticos y observadores la interpretan como una señal de agotamiento institucional. Ambas lecturas podrían coexistir, pero no tienen el mismo respaldo empírico.
La disputa por los jóvenes y por la credibilidad pública
Para los estudiantes, el traslado ofrece una oportunidad concreta: acceder a una profesión que puede proporcionar formación en escritura, comunicación audiovisual, producción digital e investigación. En un país con restricciones económicas y laborales, una carrera universitaria todavía puede representar una vía de movilidad y especialización. La convocatoria podría atraer a alumnos que originalmente no lograron ingresar a Periodismo o que descubrieron tarde su interés por la comunicación.
Pero el cálculo individual incluye riesgos. El título no garantiza empleo estable ni condiciones económicas competitivas. Tampoco asegura que el graduado pueda ejercer el periodismo que imaginó al comenzar sus estudios. Quienes busquen desarrollar contenidos digitales, comunicación corporativa o proyectos independientes podrían utilizar la formación recibida fuera de los medios estatales. Desde la perspectiva de las autoridades, eso significaría que el sistema financia una preparación cuyos beneficios no necesariamente retiene.
Para las redacciones, el problema es más inmediato. La incorporación de alumnos de otras carreras puede aportar energía y perfiles diversos, pero también exige tutores, editores y recursos de capacitación. Si las plantillas experimentadas están debilitadas, la formación práctica recaerá sobre periodistas con poco tiempo o sobre estructuras que priorizan la producción diaria. En esas condiciones, los nuevos profesionales pueden aprender a cumplir rutinas de publicación, pero no necesariamente a investigar con profundidad, verificar información o construir fuentes propias.
La audiencia es el tercer actor afectado. Cuando los medios no ofrecen información suficiente sobre asuntos que preocupan a la población, las personas buscan fuentes alternativas, incluidas redes sociales, canales de mensajería y medios radicados fuera de Cuba. Esa migración de la audiencia no depende solo de la cantidad de periodistas disponibles; también responde a la percepción de que ciertos temas son silenciados o tratados de forma previsible. Por ello, reforzar las plantillas sin ampliar la confianza editorial puede tener un efecto limitado.
Dos escenarios para los próximos años
El escenario más favorable sería que la convocatoria se acompañe de una revisión del modelo profesional: mejores salarios, mayor protección para el trabajo reporteril, criterios de promoción basados en la calidad y espacios para corregir errores institucionales. En ese caso, el traslado de estudiantes podría servir para ampliar la base de talento y renovar las redacciones. La medida tendría sentido si forma parte de una política más amplia de recuperación del oficio.
El escenario más probable, si no cambian las condiciones señaladas por Gallego, es una estabilización parcial y temporal. La universidad incorporará un grupo de estudiantes, los medios cubrirán algunas vacantes y las autoridades podrán exhibir una respuesta al déficit. Sin embargo, la emigración, los bajos ingresos y las restricciones editoriales seguirán incentivando la salida hacia otros sectores. El resultado sería un ciclo repetido: convocatorias excepcionales para compensar una retención insuficiente.
Existe también un riesgo político. Si la escasez se interpreta como falta de compromiso ideológico, la respuesta podría consistir en endurecer la selección y aumentar los controles sobre los estudiantes y graduados. Eso reduciría aún más la diversidad de perfiles y agravaría la distancia entre los medios y su público. Otro riesgo es que la presión por llenar plazas rebaje los estándares académicos, perjudicando la calidad de la información y la reputación de la propia carrera.
La prueba decisiva no será cuántos alumnos se presenten al examen de septiembre, sino cuántos completarán la formación, cuántos ingresarán en una redacción y cuántos seguirán allí después de los primeros años. También habrá que observar si las autoridades publican datos sobre el proceso y si los nuevos estudiantes encuentran un entorno profesional capaz de ofrecerles algo más que una función política. La convocatoria de la Universidad de La Habana abre una puerta de entrada, pero el problema cubano parece estar al otro lado: conseguir que los periodistas quieran atravesarla y permanecer dentro.
