La promesa de austeridad y regeneración moral con la que el obradorismo llegó al poder enfrenta una nueva prueba: la conducta de varios de sus dirigentes y gobernantes contradice el discurso que durante años utilizaron para cuestionar los privilegios del pasado. En su columna, Carlos R. Menéndez Losa sostiene que esa incongruencia está debilitando la confianza ciudadana y económica, en un contexto marcado por el deterioro del empleo, la incertidumbre y la cercanía de las elecciones estratégicas de 2027.
El conflicto, plantea el autor, está en las prioridades. Mientras se pidió moderación a instituciones, órganos autónomos y gobiernos locales, el régimen destinó cantidades extraordinarias a sus proyectos prioritarios. El resultado señalado en el texto es una factura creciente de deuda, subsidios y clientelismo. La austeridad, resume Menéndez Losa, se aplica en lo pequeño, pero el gasto público parece no tener límites cuando se trata de proyectos políticos.
La promesa de 2018
El punto de partida fue la campaña que llevó a Morena al poder en 2018. Andrés Manuel López Obrador y su movimiento ofrecieron gobernar con austeridad, honradez y sencillez, además de terminar con los privilegios, el influyentismo y la corrupción. La moderación fue presentada como una virtud moral y como una forma distinta de ejercer el poder: los funcionarios debían evitar la ostentación, mantenerse cercanos al pueblo y vivir en la “justa medianía”.
También se repitió la frase de que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”. Por esa promesa de diferencia moral, argumenta el columnista, la vara para juzgar a los nuevos gobernantes debía ser más alta. La pregunta que atraviesa el escrito es si las prácticas denunciadas desaparecieron o si únicamente cambiaron los beneficiarios.
Los lujos que reabren la discusión
La columna menciona los viajes privados de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, a destinos extranjeros, justificados como una manera de combinar sus responsabilidades familiares y oficiales. Menéndez Losa cuestiona que no se haya aclarado el origen de los millones necesarios para pagar esas actividades y critica que la presidenta Claudia Sheinbaum defienda a la gobernadora al señalar que algunos viajes fueron cubiertos con recursos personales.
El texto también refiere los escándalos de corrupción relacionados con los hijos de López Obrador y con colaboradores cercanos como Adán Augusto López. En Campeche, cuestiona la tolerancia de Layda Sansores ante sus viajes ostentosos a España y ante la inauguración de un jaguar de bronce de costo millonario. En Yucatán, señala al gobernador Joaquín “Huacho” Díaz por promover la austeridad mientras celebra su cumpleaños con un festejo popular de gran despliegue en San Felipe.
Asimismo, pide explicar los costos y las razones de un “prelanzamiento” de la política industrial de Yucatán organizado en Inglaterra, coincidente con la asistencia del secretario Ermilo Barrera a una boda en Escocia. El autor considera que este tipo de episodios resulta especialmente contradictorio cuando la economía estatal presenta señales negativas.
El deterioro económico y la confianza
Durante esta semana, el IMEF reportó que Yucatán perdió 6,367 empleos en julio respecto del mes anterior, la mayor caída de los últimos doce meses. El organismo también ubicó la informalidad en 59.3% de la fuerza laboral durante el primer trimestre. En paralelo, la Coparmex informó que la confianza empresarial para invertir en México cayó 16.5 puntos porcentuales, hasta situarse en 23%, su nivel más bajo registrado hasta ahora.
La inseguridad y la falta de confianza en las autoridades aparecen entre los principales obstáculos para la inversión. También pesan, según el texto, la debilidad del Estado de derecho, los cambios impredecibles en las reglas, la concentración del poder, el debilitamiento de los contrapesos, la corrupción y la impunidad. Frente a las elecciones de 2027, Menéndez Losa plantea que el asistencialismo no basta para sostener la autoridad moral de un movimiento que antes condenaba los privilegios que ahora algunos de sus representantes consideran normales. La confianza, concluye, requiere seguridad, reglas claras e instituciones capaces de limitar las arbitrariedades del poder.
