La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha expresado su “absoluto respaldo” a la jueza María Tardón, que investiga la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta y ordenó a los agentes del Centro de Inmigración y Fronteras de la Policía (CENIF) no informar a sus superiores sobre el contenido de las pesquisas encargadas por el juzgado.
Choque institucional
El pronunciamiento responde a las objeciones planteadas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante el Consejo General del Poder Judicial. El ministro trasladó su preocupación por una decisión que, a su juicio, podía afectar a asuntos de seguridad nacional al limitar la circulación interna de información policial.
La Sala de Gobierno sostiene, sin embargo, que la actuación de la magistrada no interfiere en la seguridad del Estado, sino que contribuye a preservar el interés general dentro de sus competencias jurisdiccionales. La valoración sitúa el conflicto en el terreno de la separación de poderes: la investigación judicial puede exigir preservar la reserva de determinadas actuaciones, incluso cuando afecten a cuerpos dependientes del Ejecutivo.
La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ya había respondido al ministro que este órgano no puede corregir decisiones judiciales. También recordó que la Constitución impone a todos los ciudadanos y autoridades el deber de colaborar con los tribunales cuando sean requeridos.
El respaldo institucional refuerza la posición de Tardón frente a las críticas políticas y marca un límite a la intervención del Gobierno en una investigación abierta. El episodio revela además la tensión entre dos obligaciones públicas legítimas: proteger información vinculada a la seguridad nacional y garantizar que una jueza pueda dirigir sus diligencias sin presiones externas. La Audiencia Nacional considera que, en este caso, ambas exigencias deben resolverse mediante el respeto estricto a la independencia judicial.
