México proyectó invertir 3,400 millones de dólares en ocho minas de oro con entrada en producción entre 2025 y 2026, impulsado por el alza internacional del metal. Sin embargo, al inicio de 2026 solo Media Luna, uno de los cuatro mayores proyectos, había comenzado operaciones. La distancia entre los anuncios y la ejecución revela que el principal obstáculo no es geológico ni financiero: es regulatorio.
Una cartera detenida
Al cierre de 2024, la Cámara Minera de México reportaba 116 trámites pendientes ante Semarnat y 107 ante Conagua. El sector calculaba que ese rezago retenía 6,900 millones de dólares y la creación potencial de 50,000 empleos. La demora afecta especialmente a Cordero, de Discovery Silver: aunque figura como el proyecto más grande de la lista, la empresa solo había ejercido 2.5 millones de dólares en el primer trimestre de 2026 mientras espera su Manifestación de Impacto Ambiental.
La ejecución también expone diferencias entre las cifras promocionadas por Camimex y los estudios corporativos. Cordero estima una inversión inicial de 606 millones de dólares, mientras El Tigre, en Sonora, reportó 86.6 millones frente a los 120 millones incluidos por la cámara. Estas brechas no invalidan los proyectos, pero muestran que los montos anunciados no equivalen necesariamente a capital ya comprometido ni a producción inmediata.
Producción real frente a expectativas
Media Luna, de Torex Gold, es el caso más avanzado: alcanzó una capacidad nominal de 7,500 toneladas diarias y su complejo Morelos produjo 100,874 onzas equivalentes de oro en el primer semestre de 2026. La guía anual se mantiene entre 420,000 y 470,000 onzas. En contraste, El Tigre sigue en ingeniería y obras iniciales, mientras Cerro de Oro, en Zacatecas, permanece fuera de las operaciones activas pese a la presión local para acelerar permisos. Con el oro por encima de 83,000 pesos por onza, el mercado favorece la expansión; la capacidad institucional para autorizarla definirá cuánto de esa oportunidad llega realmente a producción.
