La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informaron que 50% de las personas reportadas como desaparecidas mediante la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI) son localizadas durante las primeras 24 horas posteriores al registro. El dato fue difundido este jueves por sus titulares, Rosa Icela Rodríguez Velázquez y Omar García Harfuch, tras una visita al Centro de Mando de la ANBI, en la Ciudad de México.
La cifra fue presentada como uno de los principales resultados de este mecanismo, creado para acelerar la respuesta institucional ante una desaparición. García Harfuch sostuvo que cada minuto resulta determinante y que la obligación del Estado consiste en buscar, localizar y acompañar a las familias. Rodríguez Velázquez, por su parte, destacó que las instituciones involucradas mantienen atención permanente para recibir y procesar los reportes.
Un centro de coordinación permanente
De acuerdo con la información difundida por ambas dependencias, en el funcionamiento de la alerta participan personal de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. La operación también contempla la intervención de las 32 entidades federativas, con el propósito de activar de manera inmediata las capacidades disponibles para ubicar a las personas reportadas.
La ANBI busca concentrar la reacción inicial en una estructura coordinada y continua. La atención durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, pretende reducir los tiempos que suelen transcurrir entre la presentación de un reporte, la verificación de la información y el despliegue de acciones de búsqueda. En casos de desaparición, esa primera ventana puede ser decisiva para obtener registros, revisar trayectorias, identificar posibles testigos y establecer contacto con autoridades locales.
El alcance real del 50% todavía requiere precisión
Aunque el porcentaje comunicado ofrece una referencia relevante sobre la capacidad de respuesta temprana, las autoridades no detallaron en sus mensajes el número total de reportes considerados, el periodo de medición, los criterios utilizados para definir una localización ni la proporción de casos que permanecen abiertos. Tampoco se precisó si el cálculo incluye todos los reportes recibidos por la ANBI o únicamente aquellos que cumplieron determinados requisitos operativos.
Estas precisiones son importantes porque localizar a una persona no necesariamente significa esclarecer las circunstancias de su desaparición, identificar a los responsables o garantizar una atención integral posterior. El indicador permite valorar la rapidez con la que se activa la búsqueda, pero no sustituye otros datos necesarios para evaluar la eficacia del sistema: el tiempo promedio de reacción, la calidad de las investigaciones, el número de casos que llegan a una conclusión judicial y el acompañamiento brindado a las familias.
La respuesta temprana frente a una crisis nacional
García Harfuch describió la desaparición y la no localización de personas como una de las problemáticas más dolorosas que enfrenta México. Su declaración coloca la ANBI dentro de una política de seguridad que busca combinar coordinación institucional, uso de tecnología y despliegue territorial. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, pretende que las dependencias del Gabinete de Seguridad y las autoridades estatales reaccionen sin esperar a que el caso avance hacia etapas más complejas.
El reto principal consiste en que la coordinación anunciada funcione de manera homogénea en todo el país. La participación de las 32 entidades federativas supone diferencias en capacidades policiales, sistemas de información, personal especializado y disponibilidad de recursos. Una alerta nacional puede establecer procedimientos comunes, pero sus resultados dependerán también de que los reportes se registren con rapidez, los datos sean compatibles entre instituciones y las autoridades locales actúen sin duplicar esfuerzos.
La tecnología necesita respaldo operativo
La promesa de fortalecer las herramientas tecnológicas puede mejorar la identificación de patrones, la consulta de bases de datos y la distribución inmediata de información. Sin embargo, la tecnología por sí sola no resuelve los obstáculos de una búsqueda. Para que produzca resultados sostenibles se requiere información completa y actualizada, protocolos claros para compartir datos, protección de la privacidad y personal capaz de interpretar los registros y convertirlos en acciones concretas.
También será necesario transparentar los resultados con reportes periódicos y verificables. La publicación de cifras desagregadas permitiría conocer cuántas personas fueron localizadas con vida, cuántos casos continúan en investigación, cuánto tiempo tomó cada intervención y qué entidades presentan mayores dificultades. Esa información ayudaría a distinguir entre una mejora general del sistema y resultados concentrados en determinados tipos de reporte o regiones.
La prioridad será sostener la búsqueda después de las primeras horas
La localización de la mitad de las personas reportadas en las primeras 24 horas constituye, según el gobierno federal, un avance en la respuesta inmediata. El desafío siguiente será demostrar que la misma coordinación puede sostenerse en los casos que no se resuelven durante ese periodo. Para las familias, la efectividad de una política pública no termina con la activación de una alerta: incluye información constante, investigación diligente y acompañamiento mientras persista la incertidumbre.
El desempeño de la ANBI se medirá, por tanto, tanto por su capacidad de reaccionar con rapidez como por la transparencia de sus resultados y la atención que ofrezca a los casos pendientes. La cifra anunciada por Gobernación y Seguridad abre una primera referencia sobre el mecanismo, pero su valor público dependerá de que sea acompañada por metodología, datos completos y seguimiento institucional a cada desaparición.
