El recuento final del 100 % de los votos, concluido el 29 de junio tras tres semanas de impugnaciones, confirmó que Keiko Fujimori obtuvo el 50,135 % de los sufragios válidos frente al 49,865 % de Roberto Sánchez. La diferencia de 49 600 votos en la segunda vuelta del 7 de junio representa uno de los resultados más ajustados de la historia electoral peruana reciente. Fujimori, en su cuarta candidatura presidencial, asumirá el cargo el 28 de julio por un período de cinco años.
El proceso estuvo marcado por denuncias de irregularidades presentadas principalmente por el candidato perdedor, quien rechazó los resultados sin aportar pruebas concretas y convocó a marchas en Lima. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) validaron el escrutinio, aunque Sánchez anunció que presentará recursos legales antes de la proclamación oficial prevista para el 3 de julio.
Una victoria construida sobre la polarización acumulada
El triunfo de Fujimori no puede leerse únicamente como un respaldo ideológico a su propuesta de derecha. En 2021 perdió por 44 200 votos ante Pedro Castillo; ahora invierte esa diferencia en un electorado que sigue dividido casi por mitades. Esta alternancia refleja un país donde la memoria del gobierno de Alberto Fujimori sigue generando adhesión y rechazo simultáneos, pero también donde el electorado castiga con rapidez cualquier intento de ruptura institucional, como el fallido autogolpe de Castillo en 2022.
La estrategia de Fujimori de convocar a técnicos independientes para su primer gabinete busca proyectar gobernabilidad en un contexto de ocho presidentes desde 2018. Sin embargo, la estrechez del margen obliga a preguntarse si esa apertura será suficiente para neutralizar el discurso de fraude que ya moviliza a sectores de izquierda en las calles de Lima.
Impacto en la estabilidad institucional y los movimientos sociales
La confirmación de resultados reduce temporalmente la incertidumbre jurídica, pero abre un frente de conflictividad social. Las marchas convocadas por Sánchez pueden prolongarse si el recurso legal que presentará ante el JNE no prospera. En un país donde las protestas han derribado gobiernos en los últimos años, la capacidad de las fuerzas de izquierda para mantener la presión dependerá de su cohesión interna y de la respuesta policial.
Desde el punto de vista económico, los mercados peruanos han mostrado reacciones moderadas ante resultados electorales ajustados. La promesa de Fujimori de reducir la criminalidad y la desigualdad mediante políticas de seguridad y focalización social podría atraer inversión privada, siempre que logre formar un equipo técnico creíble y evitar la tentación de revertir reformas estructurales ya implementadas.
Tres lecturas sobre las consecuencias a mediano plazo
La primera lectura apunta a que el regreso de la familia Fujimori consolida un polo de derecha institucional que puede competir en futuras elecciones sin depender exclusivamente del legado autoritario de los noventa. La segunda sugiere que la izquierda peruana enfrenta una crisis de representación: haber perdido dos elecciones consecutivas por márgenes similares indica dificultades para articular un programa que trascienda el rechazo al fujimorismo. La tercera indica que la gobernabilidad dependerá de la habilidad de Fujimori para evitar la fragmentación congresal que ha caracterizado los últimos mandatos.
Estas interpretaciones no son excluyentes. El escenario más probable combina una administración que priorice seguridad ciudadana y contención del gasto público con un Congreso fragmentado y protestas intermitentes en las principales ciudades.
Riesgos de legitimidad y proyección regional
El principal riesgo radica en la percepción de ilegitimidad que Sánchez intenta instalar. Si las protestas escalan y generan incidentes violentos, la nueva administración podría verse obligada a endurecer el control del orden público, lo que reforzaría la narrativa de polarización. Otro riesgo es la lentitud en la formación del gabinete: cualquier demora en la designación de ministros clave amplificaría la sensación de vacío de poder durante los primeros meses.
En el plano regional, la victoria de Fujimori refuerza la tendencia de alternancia entre gobiernos de centro-derecha y opciones más radicales en América del Sur. Países vecinos observarán cómo gestiona la relación con Venezuela y cómo aborda la migración, dos temas que suelen tensar la agenda peruana. La capacidad de su gobierno para mantener la estabilidad macroeconómica será observada como termómetro de la resiliencia democrática peruana ante crisis prolongadas.
El margen de apenas 49 600 votos obliga a Fujimori a gobernar con permanente atención a la mitad del país que no la respaldó. La historia reciente muestra que esa mitad puede movilizarse con rapidez cuando percibe exclusión o cuando las promesas de campaña tardan en materializarse.
