Las reformas judiciales de 1994 y 2024 se centraron en reestructurar el Poder Judicial, pero dejaron intactos los tribunales agrarios. Estos órganos, creados en 1992, resuelven conflictos sobre posesión de tierras, sucesiones y restitución que afectan principalmente a ejidatarios y comuneros en zonas de pobreza extrema.
El litigio agrario alcanzó cerca de cien mil expedientes anuales en 2024 y 2025, según informes de la Sala Superior Agraria. Los casos se concentran en disputas por usufructo y herencias, problemas estructurales que datan de décadas y que ninguna reforma posterior ha atendido.
Este estancamiento institucional contrasta con el mandato constitucional de una justicia pronta y expedita. La falta de actualización de los tribunales agrarios genera inseguridad jurídica que dificulta el financiamiento rural y aleja la autosuficiencia alimentaria, perpetuando el rezago de las comunidades más vulnerables.
La reforma judicial proclamó democratizar el acceso a la justicia, pero la exclusión de la materia agraria revela una brecha persistente. Sin cambios que fortalezcan estos tribunales, las promesas de justicia social para el sector rural siguen sin materializarse.
