El inicio del juicio oral contra José María Balcázar por presunta apropiación ilícita de fondos del Colegio de Abogados de Lambayeque plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema judicial peruano para procesar a un jefe de Estado en funciones, aunque sea interino. Los hechos investigados datan de su etapa como decano de esa institución entre 2019 y 2020, cuando supuestamente recursos aportados por colegiados fueron depositados en cuentas personales. La Fiscalía sostiene que los pagos no ingresaron a las arcas institucionales y que parte de ellos terminaron en poder del actual mandatario.
Este proceso coincide con un momento particularmente delicado: Balcázar fue designado por el Congreso en febrero de 2026 para encabezar un gobierno de transición tras la destitución de José Jerí por tráfico de influencias. La sucesión se produce a solo semanas de que Keiko Fujimori asuma la presidencia el 28 de julio. La defensa del acusado ha solicitado la suspensión del juicio hasta esa fecha, alegando que un mandatario en ejercicio no puede ser sometido a proceso penal mientras permanece en el cargo.
Antecedentes del ascenso de Balcázar
La trayectoria de Balcázar hasta Palacio de Gobierno resulta atípica. Abogado de 83 años sin experiencia previa en cargos ejecutivos nacionales, su nombramiento como presidente interino respondió a la necesidad del Congreso de completar un mandato truncado. Cuando se postuló para el cargo ya conocía la existencia de la investigación fiscal, notificada en septiembre de 2025. Su abogado, Víctor Pariona, sostuvo en ese momento que el proceso era anterior a la jefatura de Estado y que, por tanto, no gozaba de inmunidad presidencial ni de la prerrogativa congresal que ostenta desde 2021.
Los cargos se centran en la administración de recursos del Colegio de Abogados de Lambayeque. Según la acusación fiscal, varios pagos realizados por agremiados no fueron registrados correctamente y terminaron en cuentas personales de Balcázar. La defensa reconoce los depósitos pero los justifica como un mecanismo administrativo temporal, asegurando que los fondos fueron posteriormente destinados a la institución. Esta explicación será sometida a prueba durante el juicio oral que se desarrolla en el Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo.
Argumentos jurídicos y plazos procesales
Durante la audiencia virtual del 30 de junio, la defensa presentó dos solicitudes principales: una excepción de prescripción de la acción civil y, de forma subsidiaria, la suspensión del proceso hasta el fin del mandato presidencial. Pariona argumentó que, conforme a jurisprudencia, la reparación civil prescribe a los dos años de archivada la acción penal y que ese plazo venció el 12 de junio de 2026. El Ministerio Público rechazó ambas peticiones y sostuvo que la acción civil vence recién en junio de 2027. El juez reservó su decisión, lo que mantiene abierta la posibilidad de que el juicio continúe mientras Balcázar ejerce el cargo.
El alegato de la edad también ocupa un lugar central. Balcázar tiene 83 años y los hechos investigados ocurrieron cuando ya superaba los 65. La defensa sostiene que la jurisprudencia peruana establece protecciones especiales para procesados de avanzada edad. Sin embargo, el Ministerio Público considera que la edad no suspende automáticamente un proceso penal en curso y que corresponde al juez evaluar caso por caso la pertinencia de continuar.
Efectos en la gobernabilidad y la transición
La coexistencia de un juicio penal contra el jefe de Estado interino y la proximidad del cambio de mando genera tensiones institucionales. Aunque la Constitución otorga inmunidad al presidente en ejercicio, Balcázar asumió el cargo con un proceso ya abierto, lo que debilita el argumento de que el juicio representa una intromisión indebida. Esta situación podría sentar precedente para futuros gobiernos de transición: si un mandatario interino puede ser procesado por hechos anteriores, se reduce el margen de maniobra de cualquier sucesor temporal que enfrente investigaciones previas.
El caso también afecta la percepción pública sobre la integridad de las instituciones. El Colegio de Abogados de Lambayeque, organismo que agrupa a profesionales del derecho, se convierte involuntariamente en protagonista de un escándalo que involucra a su exdecano. Esto podría erosionar la confianza de los colegiados en la transparencia de sus órganos directivos y motivar revisiones internas de los mecanismos de control financiero en otros colegios profesionales del país.
Repercusiones a largo plazo para el sistema judicial
Más allá de la coyuntura, el proceso contra Balcázar pone a prueba la capacidad del Poder Judicial para manejar casos de alta visibilidad sin que el calendario político los condicione. La decisión del juez sobre la suspensión del juicio será observada con atención por otros magistrados que enfrenten situaciones similares. Si se acepta la suspensión hasta el 28 de julio, se reforzaría la idea de que el cargo presidencial, incluso interino, otorga una protección temporal frente a la justicia. Si se rechaza, se consolidaría el principio de que ningún funcionario está por encima de la ley, independientemente del tiempo que reste en el mandato.
La transición a Keiko Fujimori añade otra capa de complejidad. La nueva presidenta heredará un escenario donde el Poder Judicial ya ha iniciado un proceso contra su antecesor inmediato. Esto podría influir en las relaciones entre el Ejecutivo y el sistema de justicia durante los primeros meses de su gobierno. Además, el caso podría convertirse en referencia cuando se discutan reformas sobre inmunidad presidencial o plazos de prescripción en delitos cometidos por funcionarios públicos.
En términos más amplios, el juicio refleja tensiones estructurales del sistema político peruano: la fragilidad de los gobiernos de transición, la recurrencia de investigaciones por corrupción en distintos niveles de la administración pública y la dificultad de separar el calendario judicial del calendario electoral. La resolución que adopte el Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo no solo determinará el futuro procesal de Balcázar, sino que contribuirá a definir los límites del accountability institucional en un contexto de alta inestabilidad política.
