La jueza que encabezó la audiencia inicial del caso Camilo Séptimo rechazó que Diego Sebastián Rosen y su chofer, Gerardo “N”, enfrenten el proceso en libertad. Desde los juzgados de Tlalnepantla, la autoridad determinó que la detención de ambos imputados, señalados por el multihomicidio de Jonathan Meléndez y su familia en Atizapán de Zaragoza, se realizó conforme a derecho.
La resolución representa el primer resultado judicial relevante después de que la defensa intentara cuestionar la legalidad de las capturas. Aunque la decisión no equivale a una sentencia ni establece de manera definitiva la responsabilidad penal de los acusados, sí permite que la investigación avance con ambos bajo custodia mientras se desarrolla el proceso correspondiente.
La defensa intentó frenar el proceso desde el inicio
Durante la audiencia, el equipo legal de Diego Sebastián pidió que sus representados continuaran el procedimiento en libertad. Para sostener esa solicitud, señaló supuestas irregularidades en la actuación policial, diferencias en la documentación entregada y problemas en la cronología de los horarios registrados durante la detención.
Los abogados también argumentaron que todavía no conocían formalmente la totalidad del expediente y que no habían podido reunirse en privado con sus clientes. Ante esa situación, la autoridad judicial decretó un receso para facilitar el encuentro entre la defensa y los imputados. La pausa prolongó una audiencia que, finalmente, tuvo un retraso de aproximadamente tres horas antes de que la Fiscalía del Estado de México formalizara la acusación.
El desarrollo de esta primera sesión mostró que la disputa no se concentró únicamente en los hechos investigados. Antes de entrar de lleno al contenido de las acusaciones, la defensa buscó establecer que las condiciones de la detención y el acceso a la información podían afectar la validez del procedimiento. La jueza, sin embargo, consideró que esos planteamientos no impedían reconocer como legal la captura de ambos hombres.
Cuatro delitos quedaron incluidos en la imputación
La Fiscalía presentó cargos por homicidio calificado, interrupción forzada del embarazo, maltrato a ser sintiente por la muerte de un perro y daño al medio ambiente, relacionado con el presunto abandono de un arma en un barranco. La variedad de delitos refleja que la investigación no se limita a reconstruir la muerte de Jonathan Meléndez y sus familiares, sino que también incorpora hechos presuntamente ocurridos durante o después del ataque.
La acusación por interrupción forzada del embarazo amplía la dimensión de la carpeta, al vincular el caso con las consecuencias sufridas por una víctima embarazada. De igual manera, los cargos relacionados con el perro y el arma introducen elementos materiales que podrían ayudar a la Fiscalía a sostener su reconstrucción de los acontecimientos. Su inclusión, no obstante, tendrá que ser examinada durante las siguientes etapas judiciales y no sustituye la obligación de acreditar cada conducta con pruebas válidas.
En la audiencia estuvieron presentes los padres de Aleyda Romero, de 21 años, quienes se mostraron visiblemente afectados. En cambio, los familiares de Jonathan Meléndez y de su esposa, Paola, no acudieron. De acuerdo con su abogado, la ausencia obedeció a una preocupación concreta por su seguridad, un dato que añade presión al caso y revela que la investigación se desarrolla en un entorno de temor para las familias involucradas.
Más de 60 datos de prueba marcaron la sesión
La Fiscalía expuso más de 60 datos de prueba durante la audiencia inicial. La cantidad, por sí sola, no determina el resultado del proceso: cada elemento deberá ser valorado conforme a su pertinencia, legalidad y capacidad para relacionar a los imputados con los delitos atribuidos. Sin embargo, el volumen de información presentado indica que el Ministerio Público busca sostener una hipótesis amplia, con distintos tipos de evidencia y varias líneas de investigación.
Entre los puntos mencionados apareció el presunto robo de criptomonedas. Ese aspecto no recibió una respuesta clara durante la sesión. Diego Sebastián Rosen señaló que podía haber imprecisiones en esa imputación, aunque no proporcionó mayores detalles que permitieran esclarecer su alcance o modificar, por ahora, su situación legal.
La referencia a las criptomonedas abre una línea distinta dentro del expediente, porque podría apuntar a un posible móvil económico o a una conducta adicional vinculada con las víctimas. Con la información disponible, todavía no es posible establecer cuál sería su relación exacta con el multihomicidio. Por eso, su importancia dependerá de que la Fiscalía logre explicar el origen de esa acusación, la forma en que se conecta con los demás hechos y los datos que la respaldan.
La legalidad de la captura es apenas el primer filtro
La determinación judicial sobre la detención resuelve una cuestión procesal inicial, pero no define la culpabilidad de Diego Sebastián ni de Gerardo “N”. El siguiente debate tendrá que concentrarse en la consistencia de la acusación, la relación individual de cada imputado con los hechos y la solidez de los datos de prueba que la Fiscalía presentó ante el juzgado.
Ese punto resulta especialmente relevante porque la defensa ya anticipó que cuestionará documentos, horarios y actuaciones policiales. Si esas objeciones se mantienen, el proceso podría centrarse en la confiabilidad de la reconstrucción oficial y en la manera en que fueron obtenidas las pruebas. Mientras tanto, la ausencia de algunos familiares por motivos de seguridad y la amplitud de los delitos imputados mantienen el caso bajo una presión pública considerable.
La audiencia dejó así dos certezas y varias preguntas abiertas: los acusados permanecerán detenidos y la jueza avaló la legalidad de su captura, pero aún deberá determinarse si los elementos reunidos son suficientes para sostener la acusación en las etapas posteriores. La investigación avanzará entre la necesidad de esclarecer un multihomicidio y la obligación de respetar las garantías procesales de todos los involucrados.
