El Gobierno de Javier Milei descartó recurrir a fondos de Estados Unidos o de cualquier otro país para construir la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego, una obra que el Presidente anunció el jueves durante la cadena nacional por Malvinas. La decisión busca despejar las sospechas sobre una eventual participación extranjera en una instalación estratégica, aunque todavía persisten interrogantes sobre el costo total, el cronograma y la capacidad del Estado para afrontar el proyecto sin abandonar su política de déficit cero.
Según fuentes de la Casa Rosada, la cooperación internacional podría existir en cuestiones técnicas, logísticas o de servicios, como ocurre en otras bases navales, pero no se traduciría en desembolsos de gobiernos extranjeros. “Va a ser sin dudas con fondos propios”, sostienen en Balcarce 50. El ministro de Defensa, Carlos Presti, será el encargado de explicar cómo se instrumentará el financiamiento y cuáles serán las primeras etapas de la obra.
Una promesa retomada con una primera partida
La instalación ya había sido anunciada durante la administración de Alberto Fernández en 2022. El oficialismo reconoce ese antecedente, pero afirma que la diferencia con la iniciativa actual consiste en que ahora comenzaría la ejecución material del proyecto. Milei había anticipado su intención de impulsarlo en 2024, durante una actividad en Ushuaia junto con la general estadounidense Laura Richardson y personal de la Infantería de Marina de Estados Unidos.
El anuncio presidencial incluyó también una reforma destinada a promover sanciones contra compañías o Estados que desarrollen actividades ilegales en la zona. Para el Gobierno, la base forma parte de una estrategia más amplia de protección del Atlántico Sur y de reafirmación de la soberanía argentina sobre los espacios vinculados con la cuestión Malvinas. Esa dimensión política explica, en parte, el respaldo inicial que obtuvo la medida entre sectores que habitualmente cuestionan al Poder Ejecutivo.
El costo supera la previsión presupuestaria
El principal desafío es financiero. La estimación que circula en el oficialismo ubica el costo de la base en unos 300 millones de dólares, aunque algunos dirigentes hablan de una cifra de entre 400 y 500 millones. El monto excede ampliamente la disponibilidad presupuestaria de una administración que sostiene el equilibrio fiscal como uno de sus ejes centrales, incluso cuando esa decisión pueda generar costos políticos o electorales.
El Decreto de Necesidad y Urgencia 867/26, publicado el viernes en el Boletín Oficial, contempla una primera erogación relacionada con el proyecto. Dentro del refuerzo de partidas para Defensa se incluyeron 114.732 millones de pesos en adelantos destinados a proveedores y contratistas de largo plazo, asignación que tendría como destino mayoritario las obras de la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego.
Ese desembolso constituye la primera señal concreta de que el Gobierno pretende iniciar el proyecto con recursos nacionales, pero no resuelve el problema de fondo. La diferencia entre la partida inicial y el costo estimado obliga a definir futuras asignaciones, mecanismos de contratación y prioridades de ejecución. También será necesario establecer si la obra se desarrollará por etapas y qué capacidades tendrá cada una, aspectos que aún no fueron detallados públicamente.
El modelo de Punta Arenas y las dudas opositoras
En el oficialismo observan como referencia la base de Punta Arenas, en Chile, que brinda servicios navales y logísticos que la Argentina actualmente no ofrece en la misma escala. La aspiración es construir una infraestructura capaz de mejorar la presencia estatal, apoyar operaciones marítimas y reforzar el control sobre una zona de importancia estratégica. Sin embargo, la comparación también pone de relieve que una base de ese alcance requiere gastos permanentes de operación y mantenimiento, además de la inversión inicial.
Las fuerzas de la oposición más dura todavía no formalizaron una estrategia parlamentaria, aunque dirigentes del kirchnerismo y de la izquierda cuestionaron que la futura instalación pueda quedar bajo influencia estadounidense. El Gobierno rechaza esa interpretación y considera que aceptar financiamiento extranjero alimentaría precisamente esas sospechas. Por eso, la negativa a recibir fondos de otros Estados aparece como una decisión política además de presupuestaria: procura preservar el control argentino sobre la obra y evitar cuestionamientos sobre sus objetivos.
El debate paralelo por los fondos de inteligencia
La cadena nacional también reactivó la discusión sobre el aumento presupuestario otorgado a la Secretaría de Inteligencia del Estado, la SIDE, en relación con la agenda de Malvinas y la defensa nacional. A diferencia de la base, cuyos recursos deberán ser explicados por Presti, los fondos de inteligencia tienen carácter reservado. Cristian Augadra, titular del organismo bajo la conducción política de Santiago Caputo, no prevé brindar detalles públicamente.
La normativa establece que la información correspondiente debería ser presentada ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, actualmente presidida por el dirigente oficialista Sebastián Pareja. En la Casa Rosada justifican la asignación al sostener que la base y el consejo de seguridad integran un mismo refuerzo de la protección nacional, aunque anticiparon que no habrá una apertura mayor de información.
El Gobierno confía en que la centralidad de Malvinas facilite la aprobación política de los fondos. El antecedente inmediato, sin embargo, es desfavorable: el año pasado el Congreso rechazó un DNU que incluía un incremento significativo para la SIDE, en una derrota que el oficialismo consideró especialmente relevante. La próxima explicación de Presti deberá, por lo tanto, responder no sólo cuánto costará la base, sino también cómo se compatibilizará su construcción con las restricciones fiscales y con el control parlamentario que previsiblemente exigirá la oposición.
