La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició una investigación preliminar contra la exfiscal de la Nación Delia Espinoza por tres presuntas infracciones cometidas durante su gestión como fiscal suprema y titular del Ministerio Público. La resolución 398-2026, emitida el 25 de junio de 2026, establece un plazo de diez días hábiles para que Espinoza presente sus descargos y pruebas. Esta etapa permitirá a la JNJ determinar si archiva el expediente o avanza hacia actuaciones adicionales previstas por ley.
El procedimiento no implica de inmediato responsabilidad alguna. Su objetivo principal es recopilar información suficiente para evaluar si existieron excesos funcionales o incumplimientos normativos. En el contexto peruano, donde la independencia del Ministerio Público y la JNJ enfrentan constantes tensiones con el Congreso, este tipo de indagaciones preliminares adquieren relevancia porque definen los límites entre la autonomía fiscal y el control institucional.
Los tres hechos bajo análisis
El primer cargo se refiere a una denuncia constitucional presentada contra once congresistas de la Comisión de Defensa entre 2021 y 2022. Espinoza alegó negociación incompatible en el tratamiento del proyecto de ley 319/2021-CR, cuyo texto sustitutorio habría permitido el cobro simultáneo de pensión y remuneración a cinco legisladores con condición de pensionistas de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Esa denuncia derivó posteriormente en la inhabilitación por diez años que el Congreso impuso a la exfiscal. La JNJ deberá verificar si la actuación respetó la inviolabilidad parlamentaria o excedió los márgenes funcionales del cargo.
El segundo hecho involucra la Ley 32130, publicada el 10 de octubre de 2024, que modificó el Código Procesal Penal para fortalecer las facultades investigativas de la Policía Nacional. Según la denuncia de Luis Miguel Caya Salazar, Espinoza habría manifestado públicamente la inaplicación de la norma por considerarla inconstitucional, aun cuando ya se encontraba vigente. La investigación examinará si esa posición constituyó un desacato a la ley o una legítima defensa de principios constitucionales.
El tercer cargo se centra en la denuncia penal que Espinoza interpuso contra Juan Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, tras la suspensión de seis meses impuesta en abril de 2025 al fiscal José Domingo Pérez. La resolución de la JNJ analizará si esa denuncia buscó proteger la autonomía del sistema disciplinario o, como sostiene el denunciante, defender vínculos personales con Pérez. Los delitos invocados fueron abuso de autoridad y usurpación de funciones.
Equilibrio entre autonomía y rendición de cuentas
El caso ilustra la dificultad de delimitar el ejercicio legítimo de la función fiscal de posibles excesos. En el Perú, la Fiscalía de la Nación ha enfrentado repetidos intentos de control por parte del Congreso, mientras que la JNJ actúa como órgano de supervisión de magistrados. La apertura de esta investigación preliminar puede interpretarse como un mecanismo de equilibrio institucional, aunque también genera interrogantes sobre el momento político en que se produce.
La denuncia constitucional contra los congresistas se sustentó en un proyecto que modificaba beneficios pensionarios, un tema sensible que ha generado múltiples conflictos entre el Legislativo y el Ministerio Público. Evaluar si Espinoza excedió sus atribuciones requiere revisar no solo el contenido de la denuncia, sino también el procedimiento seguido y la motivación expuesta en cada etapa.
Respecto a la Ley 32130, el debate sobre su constitucionalidad sigue abierto en diversos foros académicos y judiciales. La posición pública de Espinoza refleja una tensión recurrente entre la aplicación inmediata de las normas y el control de constitucionalidad que corresponde a los tribunales. La JNJ deberá determinar si la manifestación de inaplicación constituyó un acto de desobediencia o una expresión de discrepancia jurídica amparada por la independencia funcional.
Próximos pasos y relevancia institucional
Una vez vencido el plazo de descargos, la JNJ evaluará la documentación aportada y decidirá si existen elementos suficientes para continuar el procedimiento. En caso de avanzar, se abriría una investigación formal que podría derivar en sanciones administrativas. El resultado no solo afectará la situación de Espinoza, sino que sentará precedentes sobre los límites de actuación de los fiscales de la Nación frente al Congreso y los órganos de control interno.
El sistema de justicia peruano requiere mecanismos claros que permitan tanto la rendición de cuentas como la protección de la independencia. Este expediente, por tanto, trasciende el caso individual y pone a prueba la capacidad de la JNJ para resolver conflictos de esta naturaleza con criterios técnicos y sin injerencias políticas.
