El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció que un alcalde en ejercicio puede postular a una regiduría, al no existir una prohibición expresa en la Constitución, las leyes electorales ni otras normas vigentes. La precisión, expuesta por el presidente del organismo, Roberto Burneo, mantiene abierto el escenario electoral de Lima para Rafael López Aliaga, aunque no resuelve una cuestión políticamente relevante: si el exalcalde y candidato a regidor participará en los debates municipales.
La decisión del pleno se conoce después de que el JNE mantuviera a López Aliaga en competencia electoral en Lima, pese a su renuncia a la alcaldía para intentar una postulación presidencial antes de culminar el periodo municipal 2022-2026. El pronunciamiento no equivale a una habilitación integral de todos los aspectos de su candidatura, sino que responde a una controversia puntual: la compatibilidad entre ejercer una alcaldía y postular como regidor.
Una resolución limitada a la inexistencia de prohibición
Burneo insistió en que el pleno no evaluó asuntos adicionales vinculados a las consecuencias posteriores de este tipo de postulación. La respuesta jurídica, según explicó, se concentró en identificar si había una restricción normativa expresa. Al no encontrarla, el JNE concluyó que la candidatura es viable en ese extremo. El criterio refuerza un principio básico del derecho electoral: las limitaciones al derecho a elegir y ser elegido deben estar claramente previstas por una norma, y no pueden deducirse por analogía ante vacíos regulatorios.
Ese alcance es importante porque evita atribuir a la resolución efectos que todavía no tiene. La candidatura continúa dentro de las etapas de calificación, exclusión y tachas, procedimientos en los que pueden aparecer observaciones distintas a la controversia ya resuelta. La autoridad electoral ha señalado que cualquier nuevo pronunciamiento deberá emitirse a partir de un caso concreto, con debate previo entre los miembros del pleno y mediante los canales institucionales correspondientes.
El debate municipal queda en manos de la metodología electoral
La eventual presencia de López Aliaga en los debates por la alcaldía de Lima no fue incluida en la decisión del JNE. Burneo indicó que la metodología de esos encuentros será acordada con las organizaciones políticas participantes en reuniones previstas para la próxima semana. Por ello, la discusión ya no depende exclusivamente de la admisibilidad de su postulación, sino de las reglas específicas que definan quiénes representan a cada lista y bajo qué condiciones participan.
La distinción tiene efectos prácticos. Una candidatura a regidor no es equivalente a una candidatura a la alcaldía, pero la trayectoria de López Aliaga como exburgomaestre y figura nacional le otorga un peso político que puede influir en la campaña. Si las organizaciones acuerdan que los debates deben ser protagonizados únicamente por candidatos a alcalde, su participación podría quedar descartada. Si el formato permite voceros o integrantes de las listas, el escenario sería distinto. La definición deberá priorizar reglas conocidas de antemano y aplicables por igual a todas las agrupaciones.
Autonomía de los JEE y revisión del pleno
Durante su exposición, Burneo defendió la independencia de los Jurados Electorales Especiales (JEE), responsables de resolver múltiples incidencias durante el proceso. Señaló que sus integrantes actúan con probidad, independencia y profesionalismo, y que existe respeto institucional por sus decisiones. Al mismo tiempo, recordó que el pleno del JNE conserva atribuciones para revisar, precisar o revocar resoluciones mediante los mecanismos previstos por la ley y respetando el debido proceso y la doble instancia.
Esta relación entre los JEE y el pleno es determinante en una campaña con candidaturas sometidas a escrutinio constante. La autonomía de la primera instancia permite decisiones cercanas al desarrollo del proceso, mientras que la revisión superior busca uniformar criterios y corregir eventuales errores. La credibilidad del sistema depende de que ambas funciones operen sin interferencias políticas y con resoluciones debidamente motivadas, especialmente en casos protagonizados por figuras de alta exposición pública.
Transparencia como respuesta a una controversia sensible
El presidente del JNE sostuvo que las decisiones del organismo son públicas y que incluyen sus fundamentos y el sentido del voto de cada magistrado. Esa información es particularmente relevante en el caso de López Aliaga, porque la controversia combina una interpretación jurídica sobre derechos de postulación con un contexto político marcado por su reciente paso por la alcaldía y su intento de llegar a la Presidencia.
La publicación de los argumentos permite distinguir entre la discusión legal y el debate político. El JNE no está llamado a medir la conveniencia electoral de una candidatura, sino a determinar su conformidad con el ordenamiento vigente. Sin embargo, cuanto mayor sea la repercusión de un caso, más necesaria resulta una explicación clara sobre los límites de la decisión. En este expediente, el punto validado es la ausencia de una prohibición expresa; las demás interrogantes deberán ser resueltas, si corresponde, en procedimientos posteriores.
La Punta: corrección del padrón para 223 ciudadanos
La rueda de prensa también abordó un problema administrativo detectado en el padrón electoral del distrito de La Punta, en el Callao. Burneo informó que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) advirtió errores durante la elaboración del registro de electores. El caso fue revisado en un pleno extendido con participación de Reniec, equipos de fiscalización del JNE y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Tras esa revisión, el organismo dispuso reincorporar a 223 ciudadanos al padrón de La Punta. La medida busca restituir su derecho de participación y corregir la inconsistencia antes de que afecte la jornada electoral. La consulta también incluyó la situación de 10 personas sorteadas como miembros de mesa, aunque Burneo centró su respuesta en confirmar la modificación del padrón y en señalar que la decisión publicada se adoptó dentro del marco jurídico y operativo vigente.
El episodio ilustra que la integridad electoral no depende solo de las grandes controversias sobre candidaturas. La correcta conformación del padrón, la notificación de los electores y la coordinación entre Reniec, ONPE y JNE son condiciones indispensables para que el derecho al voto sea efectivo. Mientras el caso de López Aliaga concentra atención por su impacto político, la corrección en La Punta recuerda que la legitimidad de una elección también se construye al resolver con rapidez errores que afectan directamente a ciudadanos concretos.
