El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli, afirmó que ningún decreto del Ejecutivo puede suprimir la entidad. Su creación quedó blindada por dos actos legislativos revisados y declarados exequibles por la Corte Constitucional, lo que exige un nuevo proceso de reforma constitucional para cualquier modificación sustancial.
Riesgo para 300.000 víctimas
Ramelli advirtió que desmontar la JEP dejaría sin resoluciones definitivas a más de 300.000 víctimas individuales y colectivas. El magistrado señaló que tras años de participación, muchas personas perderían la expectativa de justicia, generando además inseguridad jurídica para comparecientes de las Farc y la Fuerza Pública cuyos beneficios ya fueron reconocidos.
Estabilidad del Acuerdo de Paz
El magistrado vinculó la supervivencia de la JEP con la estabilidad del Acuerdo de 2016, protegido por tres periodos presidenciales. Sustituir esta alta corte equivaldría, según Ramelli, a alterar pilares esenciales de la Constitución de 1991, con consecuencias internas e internacionales para el Estado colombiano.
Diálogo técnico con el nuevo gobierno
Pese a las tensiones, Ramelli reiteró la disposición de la JEP a sostener un diálogo técnico con el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella. El debate, aclaró, debe centrarse en los derechos de las víctimas y los compromisos internacionales, no en aspectos burocráticos. La jurisdicción mantiene un mandato de 15 años, de los cuales ya se han cumplido algo más de ocho.
