La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que la desaparición forzada continúa afectando gravemente a Colombia, tras reportarse 2.145 casos atendidos por la entidad entre enero y agosto de 2026. La cifra ya se acerca al total registrado durante todo 2025 y fue divulgada en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, conmemorado el 30 de agosto.
“Miles de familias llevan años preguntándose dónde están sus seres queridos desaparecidos y qué les pasó”, expresó Marín en sus redes sociales. La funcionaria señaló que cada persona desaparecida tiene una historia de vida y vínculos familiares que permanecen, y pidió reforzar la presencia estatal para garantizar respuestas a las víctimas.
Según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), el universo de personas desaparecidas en Colombia asciende a 137.000. Por su parte, el Registro Único de Víctimas documentó 211.310 víctimas de desaparición forzada hasta el 31 de julio de 2026. Las diferencias entre ambos registros responden a sus respectivos ámbitos de documentación y atención.
El Sistema de Información Interinstitucional de Justicia Transicional indicó que la desaparición forzada concentró el mayor volumen de atención de la Defensoría durante 2025, con 3.205 casos. En el primer semestre de 2026, la entidad también recibió 244 declaraciones relacionadas con este delito, todas vinculadas al conflicto armado en el territorio nacional.
Las mujeres concentran la labor de búsqueda
La búsqueda de personas desaparecidas recae principalmente en mujeres. La UBPD registra 51.716 personas buscadoras, de las cuales más del 63% son mujeres, mientras que 54.076 familiares o allegados han acudido a la entidad para solicitar información sobre sus seres queridos. Muchas de las buscadoras tienen más de 60 años, una situación que, de acuerdo con la Defensoría, plantea la necesidad de asegurar la continuidad generacional de estos procesos.
Durante 2025, la Defensoría orientó a 2.183 personas con género identificado y el 65,9% eran mujeres. Entre enero y agosto de este año, esa proporción subió al 68,9%. Marín reconoció la persistencia de las familias que mantienen las labores de búsqueda y reiteró su derecho a obtener respuestas.
La entidad destacó que los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros y Rrom viven la búsqueda de manera diferenciada y cuentan con un marco de protección reforzada. Además, el Sistema de Alertas Tempranas ha identificado riesgos relacionados con disputas por economías ilícitas, reclutamiento de menores, trata de personas y rutas migratorias, especialmente en el Darién, Norte de Santander y San Andrés.
Las alertas también incluyen afectaciones contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas, personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas y firmantes del Acuerdo Final en proceso de reincorporación. El informe más reciente del secretario general de la ONU sobre la Misión de Verificación en Colombia reportó que 58 firmantes del Acuerdo de Paz han sido declarados desaparecidos desde noviembre de 2016.
Tras el sismo de magnitud 7,4 que afectó a San José del Palmar, Chocó, el 10 de agosto, la Defensoría, la UBPD, la Jurisdicción Especial para la Paz, el Ministerio del Interior y más de 15 organizaciones pidieron proteger cementerios afectados donde podrían reposar cuerpos de personas desaparecidas. La Defensoría recordó que la búsqueda es un derecho autónomo de las víctimas y una obligación estatal que no depende de una denuncia ni de un proceso penal; cualquier persona puede solicitar el Mecanismo de Búsqueda Urgente ante una autoridad judicial, sin abogado y sin esperar 72 horas.
