El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) solicitó que el proyecto para actualizar el canon que pagan radioemisoras y televisoras por usar el espectro radioeléctrico en Costa Rica cuente con respaldo técnico, económico y proporcional. La entidad se pronunció sobre el expediente legislativo 24.461, mientras la presidenta Laura Fernández defendió la reforma y calificó de “ridículos” los cobros vigentes.
La iniciativa propone modificar la Ley de Radio y sustituir un esquema de pago que ha regido durante más de siete décadas. Establece un canon progresivo sobre los ingresos brutos vinculados a la explotación comercial de las frecuencias: entre 4,39% y 7,73% para televisión, y entre 1,51% y 3,13% para radio, tras superar determinados umbrales de ingresos.
IPLEX reconoció que el espectro es un bien público y que el sistema requiere una actualización, pero cuestionó que la facturación sea la base para calcular el cobro. “La facturación no equivale necesariamente a la capacidad real de pago”, advirtió. Según el instituto, ese método puede afectar a empresas cuyos gastos operativos absorben una parte considerable de sus ingresos, entre ellos personal, producción nacional, infraestructura, energía, mantenimiento, transmisión e impuestos.
La organización pidió precisar cuál estudio sustenta los porcentajes planteados y el uso de ingresos brutos como referencia. También señaló que el impacto podría ser más sensible para emisoras locales, regionales, comunitarias o de menor escala, así como para medios que brindan información en comunidades con menos alternativas de acceso a contenidos.
Defensa de la señal abierta
IPLEX sostuvo que la radio y la televisión abierta cumplen una función de relevancia pública, al permitir el acceso gratuito a contenidos informativos. Recordó su importancia en emergencias, elecciones, desastres naturales y otros hechos de interés público, especialmente para personas adultas mayores, comunidades rurales y hogares con conectividad limitada o sin servicios de suscripción.
El instituto no rechazó que el aprovechamiento del espectro incorpore obligaciones económicas, pero pidió que las cargas sean razonables, transparentes y proporcionales. Advirtió que una eventual reducción de la oferta de medios o la salida de concesionarios de la señal abierta disminuiría las fuentes de información disponibles y podría debilitar el debate democrático.
Fernández defendió la propuesta al exponer que una radio FM paga actualmente 16 colones diarios y una televisora 328 colones diarios por explotar frecuencias que, según afirmó, pertenecen a toda la sociedad. La presidenta contrastó esos montos con los precios de la publicidad: una pauta televisiva de 30 segundos puede superar un millón de colones y una radial rondar los 40.000 colones.
La mandataria sostuvo que la discusión no busca limitar voces, sino corregir un sistema que considera injusto. En respuesta a los cuestionamientos de Canal 7, mencionó que la empresa puede destinar cientos de millones de colones a derechos de transmisión de eventos como los toros de Zapote o partidos del fútbol nacional.
Antes de una eventual aprobación definitiva, IPLEX pidió publicar los estudios técnicos, económicos y comparados que respaldan la metodología; evaluar por separado el impacto en radios, televisoras y concesionarios de distintas escalas; e incorporar variables como cobertura, uso efectivo del espectro, estructura de costos, capacidad económica y sostenibilidad del servicio. También solicitó que el debate legislativo se mantenga libre de descalificaciones y señalamientos contra medios, periodistas o participantes del debate público.
