La alcaldesa de Benito Juárez, Ana Patricia “Ana Paty” Peralta de la Peña, enfrenta un escenario de presión institucional y política tras conocerse que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene líneas de investigación sobre presunto desvío de recursos públicos, posibles operaciones vinculadas con contrabando de hidrocarburos y eventuales contactos con personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa. En paralelo, autoridades de Estados Unidos retiraron las visas de la presidenta municipal, de su esposo Lucio Galileo Lastra Abreu y de su suegro Lucio Galileo Lastra Escudero, de acuerdo con fuentes citadas por El Financiero.
Los dos frentes no han sido vinculados oficialmente. Las razones específicas de las cancelaciones migratorias no son públicas y tampoco existe, hasta ahora, una determinación que establezca que la decisión estadounidense derive de las indagatorias mexicanas. Esa separación es central: el retiro de una visa es una facultad administrativa y soberana de Estados Unidos, mientras que una investigación ministerial debe reunir elementos probatorios antes de derivar en imputaciones o procesos judiciales.
El municipio de Cancún, en el centro de las pesquisas
Una de las vertientes de la FGR busca esclarecer el uso de recursos, personal o estructuras del municipio de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún. La hipótesis bajo revisión es si esos instrumentos públicos pudieron emplearse para favorecer políticamente a Rafael Marín Mollinedo, exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México y figura con presencia en la disputa interna rumbo a la gubernatura de Quintana Roo.
La investigación no se limita a determinar si hubo recursos utilizados fuera de su objeto legal. También deberá precisar el origen y destino del dinero, quién autorizó las eventuales operaciones, qué mecanismos se habrían empleado para canalizarlas y qué servidores públicos pudieron intervenir. En términos administrativos y penales, la diferencia entre una actividad política ordinaria y un posible desvío depende de acreditar el uso indebido de bienes, fondos o capacidades institucionales pagadas con recursos públicos.
La relevancia del caso aumenta por el peso económico de Cancún. Benito Juárez concentra una parte decisiva de la actividad turística de Quintana Roo, además de una amplia recaudación, contratos de servicios, obra pública y operación territorial. Cualquier señalamiento sobre la utilización partidista de su estructura municipal trasciende a los actores involucrados: pone bajo escrutinio los controles internos del ayuntamiento y la separación entre gestión pública, promoción política y procesos electorales.
La arista del contrabando de combustibles
La FGR también indaga posibles movimientos y destinos de recursos vinculados con operaciones de presunto huachicol fiscal, una práctica que suele involucrar el ingreso irregular de combustibles mediante declaraciones aduaneras falsas, subvaluación, clasificación incorrecta de mercancías o esquemas diseñados para evadir contribuciones y controles. La aparición de esta línea requiere cautela: que una persona o su entorno sean objeto de pesquisas no equivale a una responsabilidad penal acreditada.
En los expedientes revisados por autoridades federales figura la causa penal 325/2025, radicada en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez. La existencia de esa causa no significa, por sí misma, que Marín Mollinedo esté imputado. Su mención adquiere relevancia porque encabezó la Agencia Nacional de Aduanas, una institución clave para vigilar el comercio exterior y detectar el ingreso irregular de hidrocarburos.
Entre los casos examinados se encuentra el de Ingemar, S.A. de C.V., relacionado con presuntas operaciones de ingreso irregular de hidrocarburos mediante ferrotanques. Información asociada con las indagatorias apunta a que una red habría introducido 163 unidades con más de 18 millones de litros de combustibles antes de ser detectada. La escala de esa cifra ilustra por qué el huachicol fiscal se ha convertido en una prioridad federal: no sólo implica pérdidas fiscales, sino posibles redes de corrupción, logística empresarial y captura de controles aduaneros.
Señalamientos aún sin resolución judicial
Las pesquisas incluyen la revisión de presuntos contactos o relaciones con personas vinculadas al Cártel de Sinaloa. La tarea de la fiscalía consiste en identificar a los involucrados, definir la naturaleza de esos contactos y establecer si existe alguna conexión verificable con el eventual desvío de recursos o con operaciones de contrabando de combustibles. Sin evidencia judicializada, esos señalamientos permanecen en el ámbito de las líneas de investigación y no constituyen hechos probados mediante sentencia.
Marín Mollinedo ha rechazado públicamente acusaciones de corrupción y ha sostenido que, durante su administración, la propia Agencia Nacional de Aduanas detectó irregularidades y presentó denuncias. Esa postura introduce una disputa relevante sobre el origen de la información y las responsabilidades institucionales: una investigación puede examinar decisiones ocurridas durante una gestión sin que ello determine anticipadamente responsabilidad individual de quien encabezaba la dependencia.
La decisión migratoria amplifica el costo político
El retiro de visas a tres integrantes del entorno Peralta-Lastra añade un componente de percepción pública a un caso que todavía está en fase de investigación. Estados Unidos no está obligado a divulgar las razones de una cancelación de visa, por lo que atribuirla automáticamente a una causa penal concreta sería especulativo. Sin embargo, la coincidencia temporal con las pesquisas mexicanas eleva la atención mediática y dificulta que el caso se reduzca a una controversia administrativa aislada.
El impacto puede sentirse con mayor fuerza rumbo a 2027, cuando Quintana Roo renovará la gubernatura. Ana Paty Peralta y Rafael Marín Mollinedo han aparecido en el escenario político de la sucesión estatal; por ello, la indagatoria sobre un posible uso de recursos municipales para apuntalar un proyecto político altera el equilibrio de la competencia. La principal prueba institucional será que la FGR delimite responsabilidades con evidencia verificable y sin convertir una investigación en instrumento de disputa electoral.
Para la alcaldesa y las demás personas mencionadas, el desafío inmediato es responder en el terreno de los hechos y del debido proceso. Para las autoridades, la exigencia es mayor: informar con precisión cuando la ley lo permita, preservar la presunción de inocencia y evitar filtraciones que sustituyan las pruebas. La credibilidad del resultado dependerá de que cada línea, desde los recursos de Cancún hasta las operaciones aduaneras y los presuntos vínculos criminales, sea investigada con autonomía, trazabilidad y criterios judiciales claros.
