Valencia, 2 jul (EFE).- Un incendio declarado en dos plantas bajas de sendos edificios situados en los números 23 y 25 de la calle Picayo, en el barrio de Benicalap, obligó este jueves a evacuar preventivamente a unos 80 vecinos. Las autoridades municipales confirmaron que no se registraron heridos, aunque la acumulación de humo en las viviendas superiores motivó la decisión de desalojar los inmuebles como medida de precaución.
Los bomberos de los parques de Campanar, Oeste y Sur acudieron al lugar minutos después de recibir el aviso. Según el parte municipal, las llamas quedaron controladas en poco tiempo y los equipos continuaron trabajando para ventilar las zonas afectadas por el humo. El fuego se limitó exclusivamente a los bajos, que en ese momento se encontraban ocupados de forma irregular.
Cronología y respuesta de emergencias
El aviso del incendio llegó a los servicios de emergencia alrededor de las 9:30 de la mañana. Los primeros efectivos constataron que el foco principal se encontraba en dos locales situados en la planta baja de los bloques colindantes. La rápida intervención permitió evitar que las llamas se propagaran a las viviendas superiores, aunque el humo ascendió por los patios interiores y las escaleras, afectando la habitabilidad de varias plantas.
Los vecinos desalojados fueron trasladados temporalmente a un centro cívico cercano mientras se completaban las labores de ventilación. Fuentes del Ayuntamiento indicaron que la operación de regreso a sus hogares se produjo de forma escalonada a lo largo de la tarde, una vez que los técnicos de bomberos certificaron que los niveles de monóxido de carbono se encontraban dentro de los parámetros seguros.
Contexto del desalojo judicial previsto
Las mismas plantas bajas donde se originó el incendio iban a ser objeto de un desalojo judicial programado para esa misma mañana. Fuentes policiales confirmaron a EFE que existía una orden judicial firme para recuperar la posesión de los inmuebles, que habían sido ocupados de manera irregular durante los últimos meses. La coincidencia entre la fecha fijada para la ejecución de la orden y el momento del incendio ha llevado a los investigadores a considerar la hipótesis de que el fuego pudiera haber sido intencionado.
No obstante, las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación posibles, incluidas las causas accidentales. El hecho de que los locales carecieran de suministros eléctricos y de agua corrientes complica, de momento, la determinación del origen exacto de las llamas. Los equipos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han iniciado las diligencias pertinentes para recabar testimonios y analizar los restos hallados en el lugar.
Implicaciones para la seguridad y la vivienda
El suceso pone de relieve las dificultades que enfrentan los ayuntamientos cuando deben hacer cumplir resoluciones judiciales en inmuebles ocupados irregularmente. En Valencia, como en otras grandes ciudades españolas, los procesos de desalojo suelen requerir una coordinación compleja entre tribunales, fuerzas de seguridad y servicios sociales para evitar situaciones de vulnerabilidad. En este caso, el incendio se produjo horas antes de que los agentes judiciales acudieran al lugar, lo que añade un elemento adicional de incertidumbre sobre las causas.
Los vecinos de los edificios afectados expresaron su preocupación por la falta de mantenimiento de los bajos y por la acumulación de materiales que pudo favorecer la rápida propagación del humo. Aunque el edificio cuenta con las instalaciones reglamentarias, la ocupación irregular de los locales inferiores había impedido en los últimos tiempos la realización de revisiones periódicas de seguridad.
Las autoridades municipales han anunciado que, una vez finalizadas las labores de limpieza y ventilación, se procederá a realizar una inspección técnica completa de las instalaciones comunes. El objetivo es determinar si es necesario adoptar medidas adicionales para garantizar la seguridad de los residentes mientras se resuelve la situación jurídica de los locales afectados.
