El incendio declarado el lunes 29 de junio en Calzada de Calatrava ha puesto de relieve, una vez más, la vulnerabilidad de amplias zonas de Castilla-La Mancha ante el fuego en pleno verano. Aunque los medios aéreos se reincorporaron a primera hora del martes y el perímetro se ha ido consolidando con maquinaria pesada procedente de Cuenca y Albacete, las 392 hectáreas calcinadas hasta las ocho de la mañana y el desalojo de sesenta vecinos de Huertezuelas evidencian un problema estructural que va más allá de la respuesta inmediata.
Antecedentes de la sequía y el abandono rural
La comarca de Calzada de Calatrava forma parte de un corredor donde la combinación de suelos pobres y vegetación de matorral y encinar degradado ha favorecido la acumulación de biomasa seca durante años de sequía persistente. Desde 2015, la provincia de Ciudad Real ha registrado al menos ocho grandes incendios superiores a 300 hectáreas, según datos del Plan Infocam. El abandono progresivo de explotaciones ganaderas extensivas ha eliminado el pastoreo que antes mantenía el sotobosque bajo control, creando un paisaje cada vez más inflamable.
El Índice de Propagación Potencial muy alto anunciado para este martes en amplias zonas de Ciudad Real y Toledo no constituye una sorpresa aislada. La Agencia Estatal de Meteorología ha registrado en la región un aumento del 18 % en días con riesgo extremo durante la última década. Este patrón coincide con la reducción de precipitaciones primaverales, que ha dejado los pastizales convertidos en combustible fino altamente disponible.
Respuesta operativa y limitaciones estructurales
La activación del nivel 2 y el corte de la carretera CR-P-5041 reflejan los protocolos habituales cuando el humo reduce la visibilidad y amenaza núcleos habitados. Sin embargo, la necesidad de trasladar convoys especiales desde provincias vecinas durante la noche pone de manifiesto la escasez de recursos pesados en la propia demarcación. El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha ha incrementado su presupuesto un 12 % desde 2022, pero la distribución territorial sigue concentrando gran parte de la maquinaria en las zonas de mayor recurrencia histórica, dejando puntos intermedios como Calzada con menor dotación inmediata.
Impactos ambientales y pérdida de biodiversidad
Las 392 hectáreas afectadas incluyen áreas de monte mediterráneo que albergan especies como el águila imperial ibérica y el conejo de monte, base de la cadena trófica. Estudios realizados tras incendios similares en la cercana sierra de Alcudia han demostrado que la recuperación del suelo y la vegetación arbustiva puede requerir entre siete y doce años, mientras que la regeneración del arbolado maduro supera las tres décadas. La erosión posterior, agravada por las tormentas estivales, amenaza con arrastrar sedimentos hacia los embalses de la cuenca del Guadiana, incrementando los costes de mantenimiento de infraestructuras hidráulicas.
Consecuencias económicas para el sector primario
Los vecinos desalojados de Huertezuelas dependen en gran medida de la ganadería ovina y de pequeñas explotaciones de olivar y viñedo. La interrupción del acceso durante varios días ha impedido el traslado de animales y el riego de cultivos en una época crítica. Experiencias pasadas en el incendio de 2019 en Almadén mostraron que las pérdidas indirectas por reducción de pastos y estrés hídrico en el arbolado pueden duplicar el valor de las hectáreas directamente quemadas. Además, el cierre temporal de la carretera afecta al transporte de productos hacia los mercados de Valdepeñas y Manzanares, encareciendo la logística local.
Repercusiones sociales y resiliencia comunitaria
El realojo en el polideportivo de Viso del Marqués, aunque necesario, rompe la vida cotidiana de una pedanía ya muy envejecida. La experiencia de evacuaciones anteriores en la región indica que un porcentaje significativo de mayores de 65 años tarda meses en recuperar la sensación de seguridad. Este impacto psicológico se suma a la presión sobre los servicios sociales de municipios pequeños que carecen de protocolos específicos de atención post-evento.
Implicaciones para la política de prevención
El incendio de Calzada de Calatrava llega en un momento en que Castilla-La Mancha debate la reforma de su ley de montes. La coordinación entre Infocam y los ayuntamientos para realizar quemas prescritas y desbroces preventivos sigue siendo insuficiente, según informes de la Cámara de Cuentas regional. El caso actual refuerza la necesidad de vincular las ayudas de la PAC a prácticas de gestión del combustible vegetal, en lugar de limitarse a compensar daños una vez producido el incendio. Sin un cambio estructural que combine restauración ecológica, apoyo a la ganadería extensiva y mayor dotación de recursos en zonas intermedias, los episodios de nivel 2 seguirán repitiéndose cada verano con costes crecientes tanto humanos como ambientales.
