La solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum a Abelardo de la Espriella para que Colombia asuma su responsabilidad en la lucha contra el narcotráfico introduce un matiz pragmático en una relación bilateral que hasta ahora se había caracterizado por una coordinación fluida entre fuerzas armadas. Esta declaración, emitida en un contexto de cambio político en Colombia, abre interrogantes sobre la continuidad de los mecanismos de cooperación establecidos desde hace más de una década y sobre los posibles efectos en el control de rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa.
El énfasis de Sheinbaum en que cada país se ocupe de su territorio refleja una estrategia de delimitación de responsabilidades que podría reducir fricciones ideológicas, pero también genera riesgos de fragmentación operativa. Históricamente, la inteligencia compartida entre México y Colombia ha permitido operaciones conjuntas contra estructuras como el Cartel de Sinaloa y el Clan del Golfo. Una menor disposición a intercambiar información en tiempo real podría ralentizar estas acciones y permitir que las organizaciones criminales adapten sus rutas con mayor rapidez.
Efectos en la seguridad regional
El giro conservador en Colombia, representado por De la Espriella, contrasta con el perfil progresista de la administración mexicana. Esta divergencia ideológica podría traducirse en una menor alineación en foros multilaterales como la OEA o la Cumbre de las Américas, donde ambos países solían coordinar posiciones sobre seguridad. Un debilitamiento de esta coordinación regional podría beneficiar a grupos que operan en la triple frontera entre Colombia, Venezuela y Brasil, zona donde el control estatal es más laxo.
Al mismo tiempo, la insistencia de De la Espriella en aplicar una “mano de hierro” contra los carteles colombianos podría generar un efecto de desplazamiento. Si las presiones sobre las estructuras del narcotráfico aumentan en territorio colombiano, algunas organizaciones podrían intensificar sus alianzas con grupos mexicanos para trasladar operaciones de producción o almacenamiento. Este escenario incrementaría la presión sobre las instituciones mexicanas de seguridad, ya sometidas a altos niveles de violencia en varios estados.
Riesgos para la cooperación militar
Las fuerzas armadas de ambos países mantienen canales de comunicación establecidos desde antes de la presidencia de Gustavo Petro. Sin embargo, las críticas reiteradas de De la Espriella sobre el poder de los carteles en México podrían erosionar la confianza necesaria para operaciones sensibles. Si el nuevo gobierno colombiano decide condicionar el intercambio de inteligencia a cambios en la política de seguridad mexicana, se abriría un espacio de incertidumbre que las organizaciones criminales podrían explotar en el corto plazo.
Por otro lado, la posición mexicana de mantener la colaboración independientemente de las diferencias políticas ofrece un margen de estabilidad. Esta postura reduce el riesgo de una ruptura total y permite que proyectos específicos, como el intercambio de datos sobre precursores químicos, continúen sin interrupciones mayores. La clave radicará en la capacidad de los mandos militares para aislar los aspectos operativos de las declaraciones públicas de los mandatarios.
Implicaciones económicas y de gobernanza
Una escalada retórica entre ambos gobiernos podría afectar la percepción de estabilidad regional entre inversionistas extranjeros. Sectores como el turismo y la agroindustria, que dependen de la imagen de seguridad, podrían registrar caídas en flujos de capital si los mercados interpretan la tensión como señal de mayor inestabilidad. Aunque el comercio bilateral no depende directamente de la cooperación antidrogas, cualquier deterioro en la confianza institucional tiende a encarecer el costo de financiamiento para proyectos transfronterizos.
En el ámbito interno mexicano, la exigencia de que Colombia “se encargue de su parte” podría ser interpretada por algunos sectores como una defensa de la soberanía, pero también como una admisión implícita de que el problema del narcotráfico tiene dimensiones que escapan al control unilateral. Esta narrativa podría influir en el debate legislativo sobre el presupuesto de seguridad y en la presión social para exigir resultados más tangibles en la reducción de la violencia vinculada al crimen organizado.
Escenarios de mediano plazo
Si la colaboración militar se mantiene a pesar de las diferencias políticas, el impacto más probable será una continuación gradual de las operaciones existentes con menor visibilidad pública. En cambio, si las críticas cruzadas aumentan, existe el riesgo de que se formen bloques regionales diferenciados: uno más alineado con enfoques de mano dura y otro con estrategias de enfoque territorial. Esta fragmentación complicaría la respuesta hemisférica ante el tráfico de fentanilo y cocaína, dos sustancias que requieren coordinación a lo largo de toda la cadena de suministro.
El plazo de un mes anunciado por De la Espriella para que los grupos armados se sometan a la justicia añade un elemento de urgencia que podría acelerar decisiones operativas en Colombia. México deberá evaluar si estas medidas generan efectos secundarios en sus propias fronteras o si, por el contrario, ofrecen una oportunidad para reforzar controles en puertos y aeropuertos mexicanos que reciben mercancía procedente del sur.
La evolución de esta relación dependerá en gran medida de la capacidad de ambos gobiernos para separar las declaraciones destinadas a sus bases electorales de los canales técnicos que sustentan la cooperación en seguridad. Una gestión cuidadosa de esta distinción podría limitar los riesgos y preservar los logros acumulados en la lucha contra el narcotráfico durante los últimos años.
