El Ministerio de Igualdad ha emitido más de 1.500 requerimientos a entidades locales durante 2026 por proyectos que no cumplen los criterios del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Las iniciativas detectadas incluyen actividades como talleres de macramé, clases de zumba o estuches de manicura, que carecen de vínculo directo con la prevención o erradicación de la violencia machista.
Según fuentes ministeriales, los fondos deben destinarse exclusivamente a acciones con relación estrecha a la sensibilización, protección de víctimas o formación de profesionales. Cuando se identifica un uso inadecuado, se detrae la cantidad correspondiente y se compensa en la transferencia del ejercicio siguiente. Este procedimiento forma parte de un plan de control reforzado iniciado en 2024.
Transferencias y controles presupuestarios
En el marco del Pacto de Estado, el Ministerio ha transferido 160 millones de euros a comunidades autónomas y 40 millones a entidades locales. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género revisa todas las justificaciones presentadas. Las cantidades vinculadas a proyectos no elegibles se restan del total y se ajustan en ejercicios posteriores para garantizar que el dinero público se aplique conforme a los objetivos legales.
La intensificación de las comprobaciones responde a la necesidad de evitar dispersiones presupuestarias que diluyan el impacto de las políticas públicas. Desde 2025, el Ministerio y la Federación Española de Municipios y Provincias publicaron una guía de buenas prácticas que detalla las líneas financiables, como el refuerzo de servicios de atención, la detección temprana o la elaboración de informes diagnósticos municipales.
Criterios de elegibilidad y ejemplos excluidos
Las actividades financiables deben contribuir de forma verificable a la lucha contra la violencia de género. Talleres de meditación, visualización o manualidades sin componente de sensibilización específica quedan fuera de los criterios establecidos. La guía publicada con la FEMP subraya que las intervenciones deben priorizar la protección de víctimas en riesgo, el acompañamiento psicológico y legal, y la capacitación de personal municipal.
Esta delimitación busca evitar que recursos destinados a un objetivo concreto se destinen a programas de bienestar general que, aunque valiosos, cuentan con otras vías de financiación. El Ministerio ha recordado que la revisión no implica penalización adicional más allá de la devolución de los importes indebidamente justificados.
Implicaciones para la gestión local
Los ayuntamientos afectados deben ahora ajustar sus proyectos para alinearse con las directrices vigentes. El proceso de subsanación permite corregir las solicitudes y reasignar recursos a actuaciones que sí respondan a los fines del Pacto de Estado. Esta dinámica refuerza la rendición de cuentas y promueve una planificación más precisa por parte de las entidades locales.
El seguimiento continuo de las justificaciones contribuye a que las transferencias futuras se ejecuten con mayor eficacia. Al mismo tiempo, la existencia de una guía clara reduce la posibilidad de interpretaciones divergentes sobre qué tipo de actividad puede financiarse con cargo a estos fondos públicos.
La medida adoptada por el Ministerio de Igualdad refleja un esfuerzo por preservar la integridad presupuestaria del Pacto de Estado, asegurando que los recursos lleguen efectivamente a las víctimas y a las estructuras de prevención y protección que el texto legal contempla.
