El 30 de junio de 2026, padres de familia del Jardín de Niños Nezahualcóyotl en la junta auxiliar de San Agustín Tlaxco, municipio de Acajete, Puebla, bloquearon la carretera federal Amozoc-Acajete. La medida respondió a la percepción de un fuerte olor a gas LP durante el ingreso de alumnos y a la presencia de una presunta operación de extracción y venta ilegal de combustible en un predio contiguo al plantel. Los manifestantes exigieron la intervención de autoridades municipales y estatales para verificar la legalidad de la actividad y garantizar la seguridad de cientos de estudiantes y docentes.
La protesta se originó cuando tutores detectaron el olor a gas y temieron una explosión. Tras retirar a los niños, varios padres se dirigieron al inmueble señalado, donde los operadores afirmaron contar con permisos y condicionaron su salida a la entrega de otro terreno por parte de las autoridades. Personal de Protección Civil municipal retiró cilindros pero no resolvió el fondo del problema, lo que intensificó el descontento. Tras horas de negociación con el Ayuntamiento y la Secretaría de Gobernación, el bloqueo se levantó a las 12:45 horas a cambio de reuniones posteriores.
Impacto directo en la comunidad escolar y el entorno inmediato
La proximidad del presunto sitio de huachigas a un jardín de niños y una secundaria genera un riesgo estructural para la población infantil. En zonas urbanas y semiurbanas de Puebla, la instalación de actividades de almacenamiento y distribución de gas LP sin supervisión adecuada ha incrementado la frecuencia de incidentes reportados por fugas y explosiones. Los padres manifestaron que la operación pone en peligro no solo a los alumnos sino también a residentes cercanos, ya que las pipas cargarían gas de forma clandestina. Esta situación revela cómo la falta de inspecciones preventivas traslada costos de seguridad a las familias, que deben movilizarse para exigir protección básica.
El bloqueo afectó a decenas de automovilistas que recurrieron a rutas alternas, evidenciando la tensión entre el derecho a la protesta y la continuidad del flujo vehicular en una carretera federal. Sin embargo, la acción colectiva logró visibilizar un problema que las denuncias previas no habían resuelto, demostrando que la presión social puede forzar la apertura de canales de diálogo cuando las instancias municipales responden de manera insuficiente.
El huachigas en Puebla y su concentración territorial
Puebla concentra un porcentaje significativo de tomas ilícitas de gas LP en México. Tepeaca y San Martín Texmelucan encabezan la lista estatal al acumular cerca del 40 % de los casos detectados. Esta distribución geográfica no es aleatoria: responde a la cercanía con ductos de Pemex, la existencia de predios semiurbanos con baja vigilancia y la demanda de combustible en mercados informales. El caso de Acajete se inscribe en este patrón, donde operadores locales aprovechan vacíos regulatorios para establecer bodegas que funcionan como centros de acopio y redistribución.
La afirmación de los involucrados de poseer permisos plantea interrogantes sobre los procesos de otorgamiento y supervisión. Si el predio cuenta con autorización, surge la pregunta de por qué se ubica a escasos metros de instalaciones educativas sin evaluaciones de riesgo actualizadas. Si carece de ella, la respuesta de Protección Civil al limitarse a retirar cilindros evidencia una capacidad de fiscalización limitada que no aborda las causas estructurales del fenómeno.
Perspectivas de los actores involucrados
Los padres de familia priorizan la integridad física de los menores y exigen reubicación o cierre definitivo del sitio. Su movilización refleja desconfianza acumulada hacia respuestas institucionales que consideran superficiales. Las autoridades municipales, por su parte, enfrentan presiones para equilibrar la seguridad pública con posibles conflictos laborales o económicos derivados del cierre de operaciones informales. El gobierno estatal, a través de la Secretaría de Gobernación, participa en mesas de diálogo pero debe coordinarse con instancias federales como la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente para verificar permisos.
Los operadores del predio sostienen que su actividad es legal y que cualquier desplazamiento requiere compensación territorial. Esta postura introduce un elemento de negociación que complica la resolución rápida y expone la ausencia de protocolos claros para reubicar actividades de alto riesgo cuando se detectan irregularidades cerca de zonas escolares.
Riesgos potenciales y escenarios futuros
La principal amenaza identificada es la posibilidad de una explosión o fuga masiva que afecte directamente al plantel educativo. Estudios de incidentes similares en otras entidades muestran que la cercanía de tanques de almacenamiento a escuelas multiplica los daños humanos y materiales. Además, la persistencia de este tipo de operaciones erosiona la confianza institucional y puede derivar en mayor conflictividad social si las reuniones comprometidas no producen resultados verificables.
En el mediano plazo, el incremento de protestas vecinales en zonas con alta incidencia de huachigas es previsible si no se fortalecen los mecanismos de inspección preventiva y coordinación interinstitucional. Una tendencia positiva sería la implementación de auditorías periódicas a predios cercanos a escuelas y la creación de un registro público de permisos de almacenamiento de gas LP que permita a las comunidades verificar la legalidad de las actividades. Sin embargo, la falta de recursos para vigilancia sostenida y la presión económica sobre operadores informales podrían mantener el statu quo.
El caso de Acajete ilustra cómo problemas de regulación energética se transforman en conflictos de seguridad comunitaria cuando las autoridades no actúan de manera oportuna. La resolución efectiva requerirá no solo el cierre o reubicación del sitio en cuestión, sino también una revisión estructural de los criterios de localización de actividades de alto riesgo en zonas escolares.
