El programa Hoy No Circula que regirá el viernes 3 de julio de 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México impedirá la circulación de vehículos con engomado azul, placas terminadas en 9 o 0, hologramas 1 y 2, y permisos provisionales. La restricción abarca las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México, con multas que oscilan entre 2,346.80 y 3,519.30 pesos por infracción. Los autos con holograma 00 o 0, así como eléctricos e híbridos, quedan exentos.
La homologación de criterios entre CDMX, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala permite que vehículos verificados en esas entidades circulen bajo las mismas reglas, siempre que mantengan verificación vigente. Esta medida amplía el alcance territorial del programa, que desde hace un año se extendió a más municipios mexiquenses.
Ampliación territorial y gobernanza ambiental
La inclusión de municipios como Atizapán de Zaragoza, Ecatepec, Toluca y Valle de Chalco refleja un intento de uniformar políticas de calidad del aire en una región que genera más de 40 % de las emisiones vehiculares del centro del país. Sin embargo, la falta de actualizaciones oficiales sobre cambios al programa genera incertidumbre entre conductores y transportistas. Las autoridades ambientales han señalado que cualquier modificación sigue en revisión, lo que mantiene el esquema actual intacto pese a las presiones de distintos sectores.
Esta expansión territorial plantea un primer punto de análisis: la efectividad real del programa depende menos de la extensión geográfica que de la capacidad de fiscalización. En municipios con menor presencia de cámaras y personal operativo, la probabilidad de elusión aumenta, lo que podría concentrar el impacto en zonas donde el control es más estricto, como Naucalpan o Tlalnepantla.
Carga económica sobre hogares y sector transporte
El costo de la multa representa entre 1.8 y 2.7 veces el salario mínimo diario vigente, un monto significativo para familias de ingresos medios y bajos que dependen de un solo vehículo. Para el sector de transporte de pasajeros y carga ligera, la restricción implica reprogramación de rutas o alquiler de unidades alternas, elevando costos operativos que suelen trasladarse a tarifas. Datos de la CAMe muestran que vehículos con holograma 1 y 2 aún representan cerca del 35 % del parque vehicular verificado en la megalópolis, por lo que la restricción afecta a un segmento considerable de la población económicamente activa.
Un segundo elemento de análisis surge aquí: la exención a vehículos eléctricos e híbridos funciona como incentivo de renovación, pero el precio promedio de estos modelos supera en 70 % al de un auto convencional usado. Esta brecha limita el acceso a la exención para la mayoría de los conductores, reforzando una desigualdad estructural donde solo sectores de mayor poder adquisitivo pueden eludir la restricción de manera legal.
Perspectivas de actores involucrados
Las autoridades de la CAMe enfatizan que el programa ha contribuido a reducir concentraciones de ozono en episodios críticos, aunque reconocen que las mejoras también dependen de factores meteorológicos y de la renovación natural del parque vehicular. Organizaciones ambientales independientes cuestionan que la medida se aplique solo un día a la semana y demandan restricciones más estrictas los días de alta contaminación. Por su parte, asociaciones de transportistas privados advierten que la multa representa un golpe adicional en un contexto de aumento de precios de combustibles y refacciones.
Los gobiernos estatales enfrentan tensiones entre mantener la homologación regional y responder a demandas locales de flexibilidad. En municipios con alta dependencia de transporte informal, la aplicación estricta del programa genera fricción social que las autoridades prefieren evitar en periodos electorales.
Escenarios futuros y riesgos latentes
Hacia adelante, la tendencia apunta a una posible transición hacia esquemas de restricción por emisiones reales en lugar de hologamas fijos, impulsada por tecnologías de telemetría vehicular. Sin embargo, la ausencia de cambios oficiales hasta la fecha sugiere que cualquier reforma enfrentará resistencia política y técnica. El riesgo principal radica en la erosión de la legitimidad del programa si las multas se perciben como recaudatorias más que ambientales, especialmente cuando la calidad del aire no mejora de manera perceptible tras cada aplicación.
Otro riesgo es la fragmentación de la política regional: si algunos estados deciden relajar sus criterios de verificación para atraer registro de vehículos, la homologación actual podría debilitarse y generar un efecto de “fuga” de unidades hacia entidades con estándares más laxos. Esto reduciría la efectividad global de las medidas de control de emisiones en la megalópolis.
La ampliación del Hoy No Circula a más municipios del Estado de México confirma que la gestión de la calidad del aire requiere coordinación interestatal sostenida. No obstante, el éxito de esta estrategia dependerá de que las autoridades logren equilibrar la protección ambiental con la viabilidad económica para los hogares y empresas que dependen diariamente del automóvil en una región donde las alternativas de transporte público aún presentan limitaciones de cobertura y frecuencia.
