El acto institucional que el Congreso de los Diputados celebra cada año para rendir homenaje a las víctimas del terrorismo enfrenta, una vez más, un escenario de ausencias significativas. La negativa de Vox y de varias asociaciones representativas a participar por la presencia de Bildu pone de manifiesto tensiones que van más allá de la ceremonia misma y afectan la percepción pública de la memoria histórica en España.
Estas ausencias no son meramente simbólicas. Reflejan un desacuerdo estructural sobre qué significa rendir homenaje a quienes sufrieron la violencia de ETA y otros grupos. Cuando las principales organizaciones de víctimas optan por no acudir, el acto pierde parte de su legitimidad ante el colectivo que pretende honrar.
Efectos en la cohesión de las asociaciones de víctimas
La decisión de la AVT, Covite y Dignidad y Justicia de mantenerse al margen puede reforzar su credibilidad interna entre sus bases, que exigen una condena inequívoca de Bildu. Sin embargo, también reduce su capacidad de influencia directa en el espacio institucional. A largo plazo, esta estrategia podría fragmentar aún más el movimiento de víctimas y dificultar la construcción de un relato compartido sobre el terrorismo.
Por otro lado, la presencia de otras entidades que sí acuden permite mantener un canal de diálogo con las instituciones. Esta dualidad genera un riesgo claro: que la memoria del terrorismo se convierta en un campo de batalla político en lugar de un espacio de reconocimiento común.
Repercusiones en el sistema político español
La ausencia de Vox y el rechazo explícito a compartir espacio con Bildu subrayan la polarización existente en torno a la convivencia política. Bildu, al formar parte del apoyo parlamentario al Gobierno, ocupa un lugar central en la aritmética legislativa. Esta situación obliga a las instituciones a equilibrar el reconocimiento a las víctimas con la necesidad de mantener la gobernabilidad.
El precedente de trasladar el acto al hemiciclo en 2019 buscaba otorgarle mayor solemnidad. Su posterior regreso a la Sala Constitucional bajo la presidencia de Francina Armengol ha sido interpretado por algunos sectores como un retroceso en visibilidad. Esta evolución logística refleja cómo los cambios en la dirección del Congreso pueden alterar el tono y el alcance de los mensajes institucionales sobre el terrorismo.
Riesgos para la memoria colectiva y la educación
Cuando las ausencias se repiten año tras año, existe el peligro de que las nuevas generaciones perciban el homenaje como un ritual vacío o politizado. Los relatos sobre el terrorismo de ETA requieren consistencia y participación amplia para transmitirse de forma efectiva en escuelas y medios. La falta de unidad entre actores clave puede debilitar esa transmisión.
Al mismo tiempo, la insistencia de algunas asociaciones en mantener una línea firme preserva la exigencia de reconocimiento pleno del daño causado. Este equilibrio entre exigencia y participación resulta delicado y puede condicionar futuras políticas de memoria en el País Vasco y el resto de España.
Impacto en la relación entre Gobierno y víctimas
El hecho de que Bildu sostenga al Ejecutivo actual añade una capa adicional de complejidad. Las asociaciones que se ausentan argumentan que no pueden compartir espacio con quien no ha condenado de forma clara la trayectoria de ETA. Esta postura, mantenida desde 2011, muestra una continuidad que trasciende gobiernos concretos y apunta a una desconfianza estructural.
Para el Gobierno, la celebración del acto con los participantes que sí acuden representa un intento de mantener la normalidad institucional. Sin embargo, la ausencia de voces representativas del colectivo de víctimas limita el alcance simbólico del mensaje y puede alimentar narrativas de instrumentalización política.
Perspectivas de futuro y desafíos pendientes
De cara a los próximos años, el principal desafío consiste en encontrar fórmulas que permitan la participación sin renunciar a principios básicos de reconocimiento del terrorismo. Cualquier modificación en el formato o en los asistentes requerirá negociaciones delicadas que eviten tanto la exclusión como la banalización del acto.
El riesgo de que el homenaje se convierta en un elemento más de confrontación partidista es real y podría extenderse a otros rituales de memoria democrática. Al mismo tiempo, la persistencia del acto durante quince años demuestra una voluntad institucional de no olvidar que, pese a las ausencias, sigue vigente.
El equilibrio entre la exigencia ética de las víctimas y la necesidad de mantener espacios institucionales compartidos seguirá definiendo el debate en torno a este homenaje. Las decisiones que se adopten en los próximos ejercicios determinarán si el acto logra recuperar una mayor representatividad o si las fracturas actuales se consolidan como norma.
