El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció que los operativos federales han afectado al Cártel de Sinaloa, pero rechazó que la organización pueda considerarse debilitada de manera general. Aunque el Gobierno reporta una reducción nacional de 51% en los homicidios durante los últimos dos años, el funcionario sostuvo que el grupo conserva recursos económicos y capacidad de fuego suficientes para mantener operaciones y responder a las acciones de las autoridades.
En entrevista con Gabriela Warkentin, en W Radio, García Harfuch explicó que la disminución de la violencia visible en ciudades como Culiacán no debe confundirse con la pérdida de poder criminal. Al inicio de la administración de Claudia Sheinbaum, dijo, era frecuente observar convoyes de camionetas con hombres armados en esa ciudad; actualmente esas escenas han dejado de ser comunes. Sin embargo, la menor exhibición de fuerza en las calles no demuestra por sí misma que la estructura haya sido desmantelada.
“No podemos decir que el Cártel de Sinaloa esté disminuido. Está afectado, sí, pero definitivamente tienen un poder económico importante y un poder de fuego que necesitamos continuar mermando”, afirmó el secretario. La precisión es relevante porque separa dos indicadores que suelen presentarse como equivalentes: el comportamiento de los homicidios y la capacidad integral de una organización criminal. Un grupo puede reducir su exposición pública, modificar sus disputas territoriales o preservar sus finanzas mientras la violencia letal disminuye.
Una mejora nacional con focos de concentración
De acuerdo con los datos expuestos por García Harfuch, México pasó de registrar 86 homicidios diarios al inicio del sexenio a 42 en la actualidad. Julio de 2026 habría sido el mes con menos asesinatos en once años a escala nacional. El secretario describió el descenso como un hecho inédito en la historia reciente del país, aunque insistió en que las cifras no deben presentarse de forma triunfalista.
El caso de Guanajuato fue utilizado como ejemplo de una reducción sostenida. La entidad pasó, según el funcionario, de 13 homicidios diarios a tres durante julio de 2026, pese a estar gobernada por una fuerza política distinta a la del Gobierno federal. El dato busca respaldar la tesis de que la coordinación entre instituciones puede producir resultados más allá de las diferencias partidistas, pero también plantea la necesidad de verificar si la tendencia se mantiene durante periodos más prolongados.
La reducción, además, no se distribuye de forma uniforme. La mitad de los homicidios del país se concentra en Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Morelos. Sinaloa y Tijuana permanecen bajo atención prioritaria diaria, incluso en zonas donde ya se observan avances. Esa concentración significa que el promedio nacional puede mejorar mientras persisten crisis locales con altos niveles de violencia y presión criminal.
Armas, laboratorios y capacidad de respuesta
El secretario informó que durante la actual administración se han asegurado 32,000 armas de fuego, de las cuales 20% fueron decomisadas en Sinaloa. También mencionó la interceptación reciente de un cargamento de más de 200 armas procedente de Estados Unidos, antes de que llegara a organizaciones criminales mexicanas. Estos datos apuntan a que el tráfico de armamento continúa siendo un componente central de la disputa de seguridad y que los resultados dependen tanto de los operativos internos como de la cooperación para frenar el flujo transfronterizo.
García Harfuch citó asimismo la destrucción de 2,700 laboratorios de droga y la detención de 66,000 personas por delitos de alto impacto. Según su explicación, estas acciones contribuyeron a un aumento de 14% en la población penitenciaria en menos de dos años. El crecimiento carcelario puede reflejar una mayor capacidad de investigación y captura, aunque también incrementa la exigencia sobre fiscalías, tribunales y centros penitenciarios: sin procesos sólidos y control efectivo de las prisiones, la presión operativa puede trasladarse a otras fases del sistema.
El operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional del 22 de febrero, que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera, conocido como “El Mencho”, fue presentado como otra evidencia de que los grupos criminales aún conservan capacidad de reacción. Tras esa acción, el Cártel Jalisco Nueva Generación mantuvo bloqueos y enfrentamientos, una respuesta que mostró que la captura o muerte de un dirigente no elimina automáticamente las redes logísticas, financieras y territoriales de una organización.
Extorsión y desapariciones, el desafío pendiente
La entrevista también expuso la distancia entre los principales problemas sociales de seguridad y los temas destacados en el informe presidencial. Warkentin señaló que las palabras “extorsión” y “desaparición” no aparecieron en el mensaje de Sheinbaum. García Harfuch reconoció que la extorsión es actualmente la prioridad del Gabinete de Seguridad e informó de más de 2,000 extorsionadores detenidos en 24 estados desde julio de 2025.
El delito afecta tanto a grandes negocios como a pequeños comercios y puestos informales. El funcionario atribuyó parte de los avances al fortalecimiento de la línea 089, pero admitió que una reducción duradera depende de las fiscalías estatales. Su argumento es que la extorsión, al igual que el feminicidio, puede crecer cuando las primeras denuncias no son atendidas: la impunidad inicial permite que los agresores amplíen su control y multipliquen las víctimas.
Sobre las desapariciones, García Harfuch negó que exista un aumento en el número de personas desaparecidas, pese a las alertas de especialistas y colectivos de búsqueda. Al mismo tiempo, reconoció que la delincuencia organizada es responsable de algunos casos y afirmó que todos son graves. Como resultado operativo mencionó la detención en Jalisco del principal reclutador y responsable de ranchos utilizados para el enganche forzado de víctimas. La discrepancia entre la postura oficial y la de las organizaciones de búsqueda mantiene abierto uno de los debates más sensibles de la política de seguridad: la calidad de los registros, la investigación de cada caso y la identificación de las personas no localizadas.
La cooperación con Washington bajo límites constitucionales
Frente a la presión de Estados Unidos, el secretario defendió la idea de una responsabilidad compartida en el consumo de drogas y el tráfico de armas. Aseguró que agentes estadounidenses armados no operan en territorio mexicano y explicó que esa restricción responde a la Constitución, no a una decisión política coyuntural. “El gabinete de seguridad no trabaja para Estados Unidos, trabajamos para el pueblo de México”, sostuvo.
García Harfuch evitó responder directamente a la afirmación de Sheinbaum de que Washington busca dividir al Gobierno mexicano después de los elogios del titular de la DEA, Terry Cole, hacia su trabajo. Se limitó a señalar que algunos grupos promueven la división y que este tipo de mensajes aumenta cerca de elecciones o momentos políticos relevantes. Confirmó, no obstante, que existe comunicación con la DEA y el FBI. El equilibrio entre cooperación operativa y autonomía política seguirá siendo determinante: reducir armas y drogas requiere coordinación bilateral, pero cualquier percepción de subordinación puede convertirse en un problema interno para la estrategia de seguridad.
