El vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue, negó este viernes “categóricamente” que el Gobierno haya frustrado un intento de golpe de Estado, como informó el semanario francés Jeune Afrique. En un comunicado, aseguró que Malabo no recibió alertas de los servicios de inteligencia de Rusia, Estados Unidos, China u otros países, y rechazó que se hubiera incautado un contenedor con armas en el puerto de Bata.
Versiones enfrentadas
El reporte de la revista sostenía que las autoridades habían desarticulado una operación gestada desde junio con apoyo de la inteligencia rusa y de efectivos de los Africa Corps. Según esa versión, el supuesto arsenal habría llegado a Bata y miembros de la Coalición de Oposición para la Restauración de un Estado Democrático (Cored) estarían detrás de la conspiración.
Los dirigentes de Cored también negaron las acusaciones y atribuyeron la información a una maniobra del régimen para desacreditar a la oposición. La ausencia de una confirmación independiente y la coincidencia entre las dos desmentidas dejan el episodio en el terreno de las versiones contrapuestas, sin pruebas públicas que permitan verificar la existencia del supuesto complot o de las armas mencionadas.
Nguema Obiang acusó a Jeune Afrique de responder a intereses políticos y económicos y de fabricar controversias sobre Guinea Ecuatorial. Sus declaraciones reflejan además la sensibilidad de un poder que enfrenta un historial prolongado de denuncias sobre corrupción y represión. Teodoro Obiang gobierna el país desde 1979, y en las últimas décadas se han registrado varios golpes frustrados o presuntos planes de desestabilización, incluida una incursión de mercenarios británicos en 2004 y una intentona abortada en la frontera con Camerún en 2017.
Por ahora, la principal novedad es el rechazo oficial y opositor de la información publicada, mientras Malabo no ha presentado detalles verificables sobre una investigación o una operación de seguridad relacionada con el caso. La disputa vuelve a mostrar cómo las denuncias de amenazas internas pueden convertirse en un frente político adicional en uno de los Estados más cerrados de África central.
