Guerrero encabeza, con 416 hallazgos, la lista de estados donde más fosas clandestinas fueron localizadas entre 2006 y 2024. El dato forma parte del informe Trazar la ausencia, caminar la esperanza: análisis de hallazgos de fosas clandestinas en México (2006-2024), elaborado por la Universidad Iberoamericana a partir de notas periodísticas y registros de las 32 fiscalías estatales. El estudio documenta al menos 3 mil 516 fosas y 8 mil 341 cuerpos exhumados durante los últimos tres sexenios, aunque advierte que el número podría elevarse hasta 4 mil 71 si se toma como referencia la cifra más alta publicada por los medios.
La dimensión del fenómeno debe leerse junto con otro dato: México supera las 135 mil personas desaparecidas. Las fosas no representan, por sí solas, la totalidad de esa crisis, pero sí revelan una de sus expresiones más graves: la desaparición deja de ser únicamente una ausencia investigable y se convierte en un mecanismo de ocultamiento territorial, diseñado para borrar cuerpos, evidencias y responsabilidades. Que entre 2022 y 2024 se haya identificado al menos una fosa en cada estado confirma que no se trata de un problema circunscrito a una región ni explicado únicamente por la actividad de un grupo criminal específico.
De la guerra territorial al mapa de la ausencia
La distribución de los hallazgos permite reconstruir la transformación de la violencia en México. Durante el gobierno de Felipe Calderón, entre 2006 y 2012, el mayor número de fosas se concentró en el norte: Coahuila registró 56, Chihuahua 55, Nuevo León 49 y Tamaulipas 43. El patrón coincide con la expansión de organizaciones como Los Zetas, cuya presencia en Coahuila alcanzó niveles de dominio territorial en 2011. El informe vincula ese periodo con más de mil 600 desapariciones registradas entre 2007 y 2013 en esa entidad.
En esos años, la fosa clandestina funcionó como una herramienta de control dentro de una disputa por rutas, municipios y actividades económicas. La violencia no se limitaba al enfrentamiento armado: incluía secuestros, desapariciones, extorsión y asesinatos destinados a imponer autoridad. Enterrar a las víctimas en lugares apartados permitía prolongar la incertidumbre de las familias y dificultaba la intervención de las autoridades. La ausencia, en ese contexto, tenía una utilidad criminal concreta: impedía establecer con rapidez quién había sido asesinado, por qué y bajo qué responsabilidad institucional.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, entre 2013 y 2018, el mapa se desplazó hacia Veracruz, Guerrero y Jalisco, entidades que concentraron 62 por ciento de los hallazgos del periodo. Veracruz pasó de nueve fosas en 2012 a 210 en 2018. El incremento no puede atribuirse solamente a una mayor capacidad de búsqueda: el informe también recoge recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos relacionadas con 22 casos de desaparición forzada en los que habrían participado policías estatales. Esa referencia introduce un elemento decisivo: las fosas pueden ser resultado tanto de la violencia criminal como de redes de colusión o participación directa de agentes públicos.
Con Andrés Manuel López Obrador, entre 2019 y 2024, la concentración más visible se trasladó al Pacífico y al Bajío. Sonora pasó de tres fosas en el periodo anterior a 361, un crecimiento de 120 veces; Guanajuato aumentó 47 veces y Colima 22. La variación debe interpretarse con cautela, porque las cifras dependen de la capacidad de documentar los hallazgos, de la cobertura de prensa y de las estrategias de búsqueda. Sin embargo, incluso con esas limitaciones, el cambio apunta a una expansión de la violencia y a una mayor fragmentación de los actores que controlan territorios.
Guerrero, Acapulco y la concentración municipal
Guerrero ocupa el primer lugar estatal, pero el peso de Acapulco explica buena parte de esa posición. El municipio acumuló 189 fosas, equivalentes a 45 por ciento de las localizadas en la entidad. La concentración municipal importa porque muestra que la crisis no se distribuye de forma homogénea: se intensifica donde convergen disputas entre grupos, economías ilegales, zonas periféricas extensas y capacidades institucionales insuficientes.
Acapulco es, al mismo tiempo, un centro turístico, una ciudad con profundas desigualdades urbanas y un territorio atravesado por corredores estratégicos. La coexistencia de áreas densamente pobladas con cerros, barrancas y zonas rurales dificulta la vigilancia y facilita el ocultamiento. La presencia de 288 cuerpos exhumados coloca también al municipio entre los principales del país en esa categoría. El número sugiere que el problema no consiste únicamente en localizar sitios, sino en realizar excavaciones complejas, identificar restos y vincularlos con expedientes de desaparición.
La comparación con Tecomán, Colima, ofrece otra señal. Ese municipio registró 184 fosas y concentra 81 por ciento de las halladas en su estado. Hermosillo, Veracruz y Juárez completan los cinco municipios con más sitios. En conjunto, los cinco reúnen 19 por ciento de los hallazgos nacionales. La concentración puede orientar políticas de búsqueda focalizadas, pero también conlleva un riesgo: que los municipios con menor registro sean interpretados como zonas seguras cuando, en realidad, carecen de investigación, denuncia o cobertura suficiente.
Más cuerpos por fosa, mayor complejidad forense
El número de fosas no siempre refleja la magnitud de la matanza. Durango, Durango, encabezó la lista municipal de cuerpos localizados, con 331, seguido por Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con 314, y Acapulco, con 288. En el municipio de Durango, 82 por ciento de los cuerpos hallados en toda la entidad fueron localizados en un mismo territorio, con un promedio de 20 personas por fosa. En Ixtlahuacán, Colima, el promedio llegó a 85 cuerpos por sitio, aunque el informe precisa que se trata de un número reducido de lugares.
Esta diferencia tiene consecuencias directas para las fiscalías y los servicios forenses. Una fosa con numerosos cuerpos exige equipos multidisciplinarios, excavación arqueológica, antropología, genética, odontología, fotografía forense y una cadena de custodia capaz de sostenerse ante los tribunales. También requiere bases de datos interoperables. Si los restos se registran con criterios distintos en cada estado, la comparación genética con familiares y personas desaparecidas se vuelve más lenta y aumenta el riesgo de identificaciones incompletas o equivocadas.
La crisis forense se extiende más allá del momento de la exhumación. Identificar un cuerpo no equivale automáticamente a esclarecer el crimen. Es necesario localizar a sus familiares, notificarles con protocolos dignos, reconstruir la trayectoria de la víctima y establecer quién participó en la desaparición. Cuando una fiscalía presenta una identificación sin avanzar en la investigación penal, la familia obtiene una respuesta parcial: recupera la certeza sobre el destino de su ser querido, pero no necesariamente justicia.
Las víctimas detrás de las cifras
De las mil 506 personas cuyo sexo pudo establecerse en las notas analizadas, 76 por ciento eran hombres y 24 por ciento mujeres. La edad concentra la tragedia en población joven: entre los hombres, la mediana fue de 31 años y el promedio de 33; entre las mujeres, la mediana fue de 27 y el promedio de 31. Los rangos de 20 a 29 y de 30 a 39 años reunieron más de dos terceras partes de los hombres identificados, mientras que en las mujeres el primer grupo representó 42.6 por ciento.
La información disponible sobre ocupaciones es limitada: solo 77 registros periodísticos mencionaron el trabajo de las víctimas. Aun así, aparecen albañiles, mecánicos, jornaleros, conductores de plataformas, trabajadores de servicios, personal sanitario, estudiantes, profesionales y empresarios. Esa diversidad contradice la idea de que las desapariciones afectan únicamente a personas vinculadas con actividades criminales. El patrón observado apunta a una vulnerabilidad amplia, determinada por la edad, el territorio y la exposición cotidiana, no por una categoría social única.
Los casos colectivos refuerzan esa conclusión. En 2023, seis mujeres de Celaya, Guanajuato, que se dirigían a trabajar en un evento de banquetes fueron desaparecidas y posteriormente localizadas sin vida en una fosa. Ese mismo año, ocho trabajadores de un centro de atención telefónica de Zapopan, Jalisco, fueron hallados en una barranca tras su desaparición; tenían entre 20 y 30 años. Cuando varias víctimas comparten ocupación o ruta laboral, la investigación debe explorar si existió una selección deliberada, una red de captación o una forma de violencia asociada con determinados sectores económicos.
El costo social de buscar en un país sin respuestas
La expansión de las fosas transforma a los familiares en investigadores de campo. Madres y padres buscadores recorren terrenos, identifican cambios en el suelo, consultan mapas y presionan a las autoridades para intervenir. Su participación ha permitido localizar sitios que de otro modo podrían permanecer ignorados, pero trasladarles esa responsabilidad revela una falla institucional. Buscar a un ser querido no debería depender de la resistencia física, los recursos económicos o la capacidad de una familia para organizarse.
La falta de respuestas produce además una crisis de confianza. Cuando la autoridad no registra una denuncia, tarda en activar una búsqueda o mantiene bases de datos fragmentadas, las familias recurren a redes informales, colectivos y medios de comunicación. Esas redes pueden generar información valiosa, pero no sustituyen las facultades legales del Estado. Sin protección adecuada, quienes buscan quedan expuestos a amenazas, vigilancia y violencia, especialmente en regiones donde los grupos responsables conservan influencia.
El informe también obliga a revisar la calidad de las estadísticas públicas. La diferencia entre 3 mil 516 fosas documentadas y un posible máximo de 4 mil 71 muestra que el país todavía carece de un registro único, actualizado y verificable. La prensa cumple una función de visibilización, pero sus datos dependen de lo que se publica y de cómo se nombra cada hallazgo. Un sistema nacional sólido debería indicar la ubicación, fecha, número de cuerpos, estado de identificación, autoridad responsable y relación con carpetas de investigación, con mecanismos de auditoría y protección de datos personales.
Lo que está en juego en los próximos años
El principal desafío no consiste solo en encontrar más fosas, sino en impedir que sigan siendo necesarias para conocer la verdad. Eso exige fortalecer las búsquedas inmediatas, investigar las cadenas de mando, proteger a denunciantes y colectivos, y garantizar que las fiscalías compartan información. También requiere invertir en servicios forenses permanentes, con personal suficiente y protocolos homogéneos. Sin esa capacidad, cada nueva exhumación puede ampliar el inventario de cuerpos pendientes de identificación sin reducir la impunidad.
La concentración de hallazgos en Guerrero, Veracruz, Sonora, Guanajuato y Jalisco puede servir para priorizar recursos, pero no debe convertirse en una excusa para abandonar los otros estados. La detección de fosas en las 32 entidades entre 2022 y 2024 demuestra que la estrategia debe ser nacional y adaptable a escalas locales. El futuro de la crisis dependerá de si las instituciones logran convertir los hallazgos en investigaciones completas, identidades restituidas y políticas capaces de prevenir nuevas desapariciones. Mientras eso no ocurra, cada fosa seguirá siendo, además de una escena del crimen, la evidencia material de una deuda pública que se extiende por generaciones.
