El presidente Abelardo de la Espriella informó este 2 de septiembre de 2026 un nuevo balance de las operaciones de la fuerza pública contra organizaciones criminales y redes vinculadas al narcotráfico. Según el reporte divulgado por el mandatario en su cuenta de X, durante las últimas 24 horas fueron capturadas 18 personas, siete integrantes de estructuras ilegales se sometieron a la justicia y cuatro menores de edad fueron recuperados en medio de los procedimientos desarrollados en distintas zonas del país.
El balance también incluyó la muerte de un integrante del Clan del Golfo durante las operaciones. De la Espriella aseguró que ningún miembro de la fuerza pública murió ni resultó herido en la jornada reportada. Las cifras fueron presentadas en un momento de endurecimiento de la estrategia oficial frente a los grupos armados ilegales, luego del cierre de varias mesas de diálogo y de la reactivación de órdenes de captura que habían permanecido suspendidas bajo la política de Paz Total.
Resultados acumulados desde agosto
De acuerdo con el presidente, desde el 7 de agosto la fuerza pública ha registrado 12.575 capturas, ha incautado 38.637 kilogramos de estupefacientes y ha sacado de circulación 1.318 armas de fuego. El informe oficial señaló además la intervención de 1.089,8 hectáreas de cultivos de coca, una cifra que el Gobierno incluyó como parte de su ofensiva contra las economías ilegales que financian a varias estructuras armadas.
En las acciones específicamente relacionadas con el narcotráfico, las autoridades reportaron la incautación de 3.316 kilogramos de marihuana, cinco kilogramos de cocaína, 25 kilogramos de base de coca y 1.120 kilogramos de hoja de coca. El Gobierno no detalló en la comunicación pública los lugares exactos de cada operación, las organizaciones a las que pertenecerían todos los capturados ni el estado procesal individual de las personas detenidas.
La información divulgada permite distinguir entre las capturas efectuadas en las últimas 24 horas y el acumulado informado desde agosto. Esa diferencia resulta relevante para dimensionar el alcance del balance: mientras la cifra diaria refleja resultados operativos inmediatos, el consolidado comprende procedimientos realizados durante varias semanas y en diferentes regiones. La judicialización de los detenidos, así como la validación de las pruebas recaudadas, dependerá de las actuaciones posteriores de la Fiscalía y de los jueces competentes.
La ofensiva y el desafío de las redes criminales
En su mensaje, De la Espriella describió el narcotráfico como el principal problema de seguridad del país y anticipó que las operaciones continuarán. La declaración sitúa la estrategia gubernamental en una lógica de presión simultánea sobre cultivos ilícitos, rutas de tráfico, armas y mandos de organizaciones ilegales. Sin embargo, los resultados operacionales por sí solos no permiten establecer el impacto definitivo sobre la capacidad financiera o territorial de esos grupos, que suele depender de factores como el control de corredores estratégicos, el reclutamiento y la sustitución de integrantes capturados.
La recuperación de cuatro menores fue otro de los datos destacados por la Presidencia. Aunque el reporte no ofreció información sobre sus condiciones, lugar de ubicación o presunta vinculación con estructuras armadas, el hecho pone de nuevo en primer plano el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes en contextos de violencia. Estas situaciones requieren, además de la intervención de seguridad, la activación de rutas de protección y restablecimiento de derechos por parte de las instituciones responsables.
El anuncio de que no hubo bajas ni heridos entre los uniformados contrasta con el riesgo habitual de las operaciones contra organizaciones con presencia armada. La ausencia de afectaciones a la fuerza pública durante un periodo específico no elimina ese riesgo, pero constituye uno de los indicadores que el Ejecutivo utilizó para presentar el resultado de la jornada. Tampoco se conocieron detalles adicionales sobre las circunstancias en las que murió el integrante atribuido al Clan del Golfo.
Fiscalía levanta suspensión de órdenes de captura
El nuevo balance coincide con una decisión de la Fiscalía General de la Nación de reactivar órdenes de captura contra cabecillas e integrantes de grupos armados ilegales que habían sido suspendidas durante la política de Paz Total. La medida fue adoptada después de una solicitud formal presentada por el Gobierno el 28 de agosto de 2026 y tras el cierre de las distintas mesas de diálogo con esas estructuras.
La resolución, firmada por la fiscal general Luz Adriana Camargo, dejó sin efecto la suspensión de requerimientos judiciales para miembros del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, representantes de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, conocida como Segunda Marquetalia, y personas vinculadas con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Con esa decisión, los beneficios jurídicos concedidos en el marco de los acercamientos anteriores dejan de operar para los incluidos en el documento.
Entre los nombres mencionados en relación con el Estado Mayor Central figuran Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá; Javier Alfonso Velosa García, alias Dionisio; y Roland Arnulfo Torres Huertas, alias Boyacá. Para la Segunda Marquetalia, la reactivación alcanza a José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza; Giovanni Andrés Rojas, alias Araña; y Allende Perilla Sandoval. La resolución también incluye a José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo; Loryn Emilio Pertuz Ballestas; Orlando Pérez Ortega, alias Patiliso; Elmer David Reyes Carrillo; Jhon Rafael Salazar Salcedo y Daniel Bravo Arias, vinculados en el listado a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
La reactivación de las órdenes no equivale a una condena ni sustituye el debido proceso, pero devuelve a las autoridades la posibilidad de ejecutar los requerimientos judiciales vigentes contra los señalados. El cruce entre esta decisión y el incremento anunciado de operativos muestra una fase de mayor presión estatal sobre estructuras que antes participaban, directa o indirectamente, en escenarios de negociación. El alcance de esa política dependerá de la coordinación entre fuerza pública, Fiscalía y autoridades territoriales, así como de la capacidad institucional para sostener la presencia estatal en las zonas afectadas por el conflicto y las economías ilegales.
