El Gobierno de la presidenta Laura Fernández declaró estado de emergencia nacional en nueve cantones de Costa Rica afectados por las fuertes lluvias de agosto, vinculadas principalmente con el paso de las ondas tropicales 32 y 33. La medida, formalizada mediante el decreto ejecutivo N.° 45910-MP, permite activar recursos y procedimientos especiales para atender daños, rehabilitar infraestructura y desarrollar obras de reconstrucción.
La declaratoria incluye a Guatuso, en Alajuela; Turrialba, en Cartago; Sarapiquí, en Heredia; y Limón, Pococí, Siquirres, Talamanca, Matina y Guácimo, en la provincia de Limón. El documento fue firmado por Fernández y por el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles, y atribuye la emergencia al temporal producido por ambas ondas tropicales.
El Poder Ejecutivo sustentó la decisión en las condiciones meteorológicas registradas entre el 13 y el 16 de agosto. Sin embargo, los informes técnicos incorporados al decreto indican que el Caribe y la Zona Norte enfrentaban lluvias recurrentes desde el 20 de julio. Durante ese período transitaron por el país ocho ondas tropicales: las numeradas del 24 al 29, además de las 32 y 33.
A esos sistemas se sumaron la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical y vientos alisios acelerados en la cuenca del Caribe. Según la documentación oficial, esa combinación favoreció precipitaciones persistentes y la saturación gradual de los suelos. La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) reportó niveles de saturación de entre 80% y 100% en distintos puntos del territorio evaluado.
Acumulados de hasta 360 milímetros
El episodio más intenso se registró entre el 16 y el 17 de agosto, con acumulados de hasta 360 milímetros de lluvia en 48 horas en sectores del Caribe Sur y Turrialba. El Instituto Meteorológico Nacional había informado el 15 de agosto de precipitaciones de hasta 75 milímetros en seis horas en zonas montañosas del Caribe Sur, donde la saturación del suelo oscilaba entonces entre 70% y 95%.
En Limón, el aumento de los caudales de ríos y quebradas dejó sin comunicación terrestre a varias comunidades indígenas. Los reportes citados en la declaratoria mencionan afectaciones en Alto Chirripó, TaynÍ, Isla Cohen, Bajo Cuén, Suruy, Bella Vista, Gavilán, Cerere, Makua, Kalvery, Jabuy, Moi y Cuchey.
Las lluvias también provocaron inundaciones por desbordamientos, daños en vías de comunicación y dificultades de acceso a distintas localidades. Antes de la declaratoria, la CNE mantenía alerta naranja para el Caribe, la Zona Norte y Turrialba por la persistencia de condiciones atmosféricas inestables. La presidenta visitó zonas afectadas de Limón el 17 de agosto, mientras continuaba la vigilancia sobre ríos, carreteras y comunidades expuestas.
La CNE tendrá a su cargo el planeamiento, la dirección, el control y la coordinación de las acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción. También podrá designar a otras instituciones públicas como unidades ejecutoras de proyectos específicos. El decreto establece que la emergencia abarca todas las acciones y obras necesarias para atender los problemas identificados y proteger la salud y la vida de los habitantes.
Las instituciones públicas dispondrán de 30 días naturales para presentar ante la CNE reportes oficiales sobre daños prioritarios, con un segundo plazo adicional de 30 días para remitir otros informes. Las unidades técnicas deberán verificar la relación directa entre el fenómeno meteorológico y los daños solicitados antes de incorporar proyectos al Plan General de la Emergencia.
La declaratoria habilita el uso de recursos del Fondo Nacional de Emergencias, la recepción de donaciones públicas y privadas y, con autorización de la Junta Directiva de la CNE, el empleo de remanentes no comprometidos de otras emergencias. Además, permite simplificar trámites no indispensables y recurrir a procedimientos de urgencia previstos en la Ley General de Contratación Pública y su reglamento.
