El gobierno de Veracruz confirmó que Pedro Arturo López Herrería, sobrino del expresidente Andrés Manuel López Obrador, trabaja en la Secretaría de Gobierno estatal. El titular de esa dependencia, Ricardo Ahued Bardahuil, defendió su incorporación a la administración de la gobernadora Rocío Nahle y rechazó que el parentesco haya sido el motivo de su contratación.
La confirmación ocurrió este martes en Xalapa, después de que trascendiera que tres hijos de Arturo López Obrador, hermano del exmandatario, forman parte de distintas áreas del gobierno veracruzano. Ahued precisó que, dentro de la secretaría a su cargo, Pedro López Herrería es el único familiar del expresidente que ocupa un puesto.
La defensa de Ahued: “Conmigo está Pedro”
Cuestionado sobre la presencia de familiares de López Obrador en la nómina estatal, Ahued sostuvo que conoce a Pedro desde hace años y que su desempeño explica su permanencia en la dependencia. Lo describió como una persona “sumamente decente”, trabajador y respetuoso, y afirmó que suele desempeñar sus funciones en el Palacio de Gobierno.
“Conmigo está Pedro. Es un muchacho sumamente decente. Pueden verlo en Palacio, es un ejemplar padre de familia. No tengo queja”, declaró el secretario durante una entrevista. Según su versión, el funcionario acudió a solicitarle una oportunidad laboral cuando Ahued asumió la titularidad de la Secretaría de Gobierno.
El secretario explicó que conocía la trayectoria familiar del joven y que incluso había coincidido con uno de sus hijos durante la etapa universitaria. Presentó esa relación previa como el contexto de la contratación, pero negó que se hubiera concedido un trato especial por la cercanía con el entonces presidente.
Un puesto que el gobierno vincula con el desempeño
Ahued también rechazó que López Herrería reciba privilegios dentro de la dependencia. Para respaldar su argumento, afirmó que el joven mantiene contacto cotidiano con alcaldes, legisladores y funcionarios que acuden al Palacio de Gobierno. Según el secretario, esas personas reconocen su trato cordial y su disposición para atenderlas.
“No es déspota, no es grosero, no aprovecha”, señaló Ahued al referirse a la conducta del sobrino del expresidente. Su defensa se apoyó, por tanto, en una valoración personal y en la visibilidad de las tareas que realiza, más que en la descripción formal del cargo, sus atribuciones o los criterios administrativos utilizados para incorporarlo.
El funcionario también rechazó que los familiares de López Obrador que trabajan en la administración estatal sean “aviadores”, una expresión utilizada en México para describir a quienes cobran un salario público sin cumplir funciones comprobables. Ahued contrastó esas contrataciones con prácticas de gobiernos anteriores, cuando, según dijo, se pagaba a amistades sin que realizaran trabajo alguno.
Tres familiares, tres espacios dentro de la estructura estatal
La discusión no se limita a Pedro López Herrería. Los reportes que antecedieron a la declaración de Ahued identificaron a tres hijos de Arturo López Obrador en la nómina del gobierno de Veracruz: Erandi Isabel López Herrería, Tarheni Andrea López Herrería y Pedro Arturo López Herrería.
Erandi Isabel encabeza El Colegio de Veracruz, institución dedicada a la formación y la investigación en asuntos públicos. Tarheni Andrea ocupa un cargo en la administración de los Servicios de Salud de Veracruz. Pedro Arturo, por su parte, trabaja en la Secretaría de Gobierno, de acuerdo con la confirmación del titular de esa dependencia.
La coincidencia de los tres nombramientos en una misma administración convirtió el asunto en un problema político más amplio que la situación laboral de una sola persona. Aunque los cargos pertenecen a áreas distintas, el vínculo familiar con un expresidente de alta influencia dentro de Morena alimenta preguntas sobre los mecanismos de selección, los perfiles profesionales y la separación entre mérito administrativo y redes políticas.
Los salarios abren otra zona de incertidumbre
Ahued evitó pronunciarse sobre las percepciones de los familiares de López Obrador. Cuando se le preguntó específicamente por el salario de una de las funcionarias, respondió que desconocía los tabuladores y que cualquier cifra que ofreciera podría ser imprecisa.
Reportes periodísticos ubican el ingreso mensual de Erandi López Herrería, como rectora de El Colegio de Veracruz, en 106 mil 433 pesos. La cifra no fue confirmada ni desmentida por Ahued durante la entrevista. Esa falta de precisión deja abierta una de las principales interrogantes del caso: no sólo quién ocupa los cargos, sino bajo qué condiciones salariales y con qué responsabilidades verificables.
En asuntos de servicio público, la transparencia de esos datos resulta relevante porque permite comparar las remuneraciones con los tabuladores oficiales, el nivel jerárquico y las funciones asignadas. La defensa basada en la conducta personal de los funcionarios no sustituye la necesidad de hacer públicos los expedientes, los nombramientos y los resultados de su trabajo.
El parentesco y la responsabilidad individual
El secretario pidió que los hijos de Arturo López Obrador no carguen con los conflictos políticos o personales que existan entre su padre y el expresidente. “Estos muchachos no tienen la culpa de lo que hagan los papás”, argumentó, al comparar el caso con la responsabilidad individual que también tendrían sus propios hijos frente a sus actos.
Ese planteamiento introduce una distinción necesaria: el parentesco, por sí solo, no demuestra una irregularidad ni invalida la trayectoria profesional de quien ocupa un cargo. Sin embargo, la relación familiar sí justifica un escrutinio reforzado cuando varios integrantes de una misma familia aparecen en puestos públicos durante una administración vinculada políticamente con uno de sus parientes.
La controversia, por ello, no quedará resuelta con la afirmación de que Pedro López Herrería trabaja todos los días o con la defensa personal de Ahued. La credibilidad de los nombramientos dependerá de que el gobierno de Veracruz explique con claridad sus procesos de contratación, publique las remuneraciones correspondientes y muestre resultados comprobables. En ese punto se encuentra la diferencia entre una contratación legítima y una percepción de nepotismo que puede deteriorar la confianza en la administración estatal.
