La presentación del segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum reunió este martes en Palacio Nacional a integrantes del gabinete federal, gobernadores, legisladores, representantes empresariales y figuras de los ámbitos social, académico, cultural y deportivo. La asistencia reflejó el peso político de un acto concebido no sólo como balance anual de la administración federal, sino también como espacio de interlocución entre los gobiernos locales, el sector privado y las instituciones del país.
Desde las primeras horas, los accesos de Corregidora y las calles aledañas al recinto histórico concentraron la llegada de invitados. Entre las primeras asistentes estuvieron Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y la empresaria Gina Diez Barroso. Posteriormente arribó Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, acompañado por representantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas.
También acudieron el exministro Arturo Zaldívar y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezados por su presidente, Hugo Aguilar Ortiz. La presencia de funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, junto con mandatarios estatales de distintas entidades, dio al evento una dimensión institucional que fue más allá del mensaje presidencial.
Seguridad, inversión y comercio, entre las expectativas empresariales
Antes del inicio del informe, dirigentes empresariales centraron sus expectativas en asuntos con impacto directo en la actividad económica. Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico, destacó las oportunidades de inversión bilateral y señaló la importancia de los avances en seguridad y de la relación comercial con Estados Unidos, en particular ante el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
Octavio de la Torre, dirigente de la Concanaco-Servytur, puso el acento en la necesidad de impulsar medidas contra la extorsión. Su planteamiento remite a una preocupación recurrente de comercios y servicios, especialmente de pequeños negocios familiares, para los que el costo de la inseguridad puede traducirse en cierres, menor inversión y encarecimiento de operaciones. La demanda empresarial expone que el respaldo a los proyectos gubernamentales convive con exigencias concretas de certidumbre, protección y condiciones para crecer.
Entre los asistentes del sector privado figuraron Carlos Slim Helú, fundador y presidente honorario vitalicio de Grupo Carso; Daniel Servitje, presidente ejecutivo de Grupo Bimbo; Antonio del Valle Perochena, presidente de Grupo Kaluz; Tamara Caballero, directora general de Banco Multiva; Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del CADERR, y José Medina Mora Icaza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. También estuvieron Olegario Vázquez Aldir y Ernesto Rivera Aguilar, de Grupo Vazol, así como Francisco Cervantes, expresidente del CCE, y Pedro Haces Barba, dirigente de la CATEM.
Respaldo político al bienestar y la obra pública
Durante cerca de una hora, la actividad en el exterior de Palacio Nacional disminuyó mientras se desarrollaba el mensaje de la presidenta. A la salida, varios de los asistentes expresaron respaldo a las prioridades expuestas por Sheinbaum, con referencias a la continuidad de los programas de Bienestar, la seguridad, la salud y la inversión en infraestructura.
Ariadna Montiel destacó la política de Bienestar como una de las bases de la Cuarta Transformación y respaldó el llamado a preservar la unidad dentro del movimiento gobernante. Clara Brugada, por su parte, celebró el énfasis de la presidenta en que es “tiempo de mujeres” y subrayó los avances que atribuyó a la actual administración en seguridad, obra pública y salud.
Estas valoraciones se producen en un contexto en el que el gobierno federal busca sostener la expansión de los programas sociales y, al mismo tiempo, convertir la infraestructura y la inversión pública en palancas de desarrollo regional. El desafío será que los anuncios y proyectos se traduzcan en resultados verificables para las entidades, con coordinación presupuestal y capacidad de ejecución suficiente en los tres órdenes de gobierno.
Yucatán vincula los proyectos federales con su desarrollo regional
El gobernador de Yucatán, Joaquín Jesús Díaz Mena, describió el impacto que, a su juicio, tienen en su estado los programas sociales y proyectos estratégicos impulsados desde la federación. Mencionó el desarrollo del puerto de altura de Progreso, el Tren Maya de carga y la apertura de nuevas opciones universitarias vinculadas con las necesidades del sector productivo.
La referencia a esos proyectos ilustra una de las apuestas centrales de la administración: articular infraestructura logística, formación profesional y programas de apoyo social para reducir brechas regionales. En el caso del sureste, la efectividad de esa estrategia dependerá de que las obras cuenten con conexiones productivas, servicios complementarios y mecanismos que permitan a empresas y comunidades locales participar de los beneficios económicos.
Al acto también asistieron funcionarios clave del gobierno federal, entre ellos Omar García Harfuch, secretario de Seguridad; Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa; Raymundo Morales, secretario de Marina; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Édgar Amador, secretario de Hacienda; Marcelo Ebrard, secretario de Economía; Mario Delgado, secretario de Educación Pública, y Luz Elena González, secretaria de Energía. Acudieron además la fiscal general Ernestina Godoy Ramos, el subsecretario de Salud Eduardo Clark García y Roberto Velasco, de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La lista de mandatarios estatales incluyó a Mauricio Kuri, de Querétaro; Delfina Gómez, del Estado de México; Pablo Lemus, de Jalisco; Evelyn Salgado, de Guerrero, y Mara Lezama, de Quintana Roo. La concurrencia de gobiernos con realidades políticas y económicas diversas colocó el informe como un punto de encuentro para reafirmar coincidencias, pero también para visibilizar asuntos pendientes como la seguridad, el desarrollo territorial y el fortalecimiento de la economía popular.
El cierre del acto estuvo marcado por mensajes de unidad y apoyo a la continuidad de los programas federales. Sin embargo, la presencia de representantes empresariales y de gobiernos estatales dejó una señal adicional: la evaluación del segundo año de gestión no se limita al contenido del informe, sino que se extenderá a la capacidad de convertir compromisos de seguridad, inversión, salud y desarrollo regional en resultados medibles para la población y para la actividad productiva.
