Gabriela Muñoz Olaya, estudiante de Derecho de 19 años y creadora de contenido, fue vinculada como asistente III en la Unidad de Trabajo Legislativo del representante del Pacto Histórico Marco Emilio Hincapié. Su llegada al Congreso ocurre mientras la Procuraduría mantiene una indagación previa sobre su presunta influencia en decisiones administrativas y nombramientos dentro de la Aerocivil.
El cargo legislativo representa un costo mensual cercano a $11,7 millones para el Estado, entre salario y prestaciones. El sueldo base de un asistente III equivale a cinco salarios mínimos: $8.754.525 mensuales en 2026. Con vacaciones, primas, cesantías, intereses y aportes pensionales, el costo anual estimado asciende a unos $140,5 millones. La designación ha generado cuestionamientos porque Muñoz no cuenta con título profesional y aún cursa sus estudios universitarios, aunque el foco principal no es académico sino institucional.
La indagación se concentra en decisiones ajenas a su cargo
La Procuraduría busca establecer si, cuando se desempeñaba como auxiliar 1 de nivel asistencial en Aerocivil, Muñoz intervino irregularmente en nombramientos, contratación u otras decisiones de alto nivel, y si habría favorecido a personas de su entorno. La actuación fue impulsada tras denuncias públicas de Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, quien sostuvo que Muñoz tuvo injerencia en el manejo interno de la entidad.
Muñoz rechazó los señalamientos. Afirmó que su cargo no le daba competencia para nombrar o retirar funcionarios, seleccionar contratistas, adjudicar contratos, ordenar gastos ni participar en decisiones de contratación. La Procuraduría, sin embargo, ya solicitó a Aerocivil información sobre quienes han ocupado cargos administrativos clave desde enero de 2025 y pidió al Ministerio de Transporte documentos sobre requerimientos relacionados con la gestión contractual.
El caso combina dos planos sensibles: la verificación disciplinaria sobre la eventual captura informal de decisiones públicas y el escrutinio sobre los criterios de vinculación política en el Congreso. La indagación no implica una responsabilidad probada, pero la nueva contratación eleva el costo reputacional de un expediente que deberá aclarar si hubo influencia real más allá de las funciones formales de una auxiliar administrativa.
