La victoria ajustada de Keiko Fujimori en las elecciones peruanas de 2026 abre un periodo de gobierno marcado por expectativas contrastantes. Su plan “Perú con Orden” propone respuestas concretas a problemas estructurales, pero la estrecha diferencia de votos y el contexto de polarización generan interrogantes sobre la viabilidad de su ejecución y los efectos que podría tener en la estabilidad institucional del país.
La propuesta en materia de seguridad ciudadana contempla la instalación de centros de comando en las 24 regiones, mil patrulleros inteligentes y diez mil cámaras de vigilancia. Estas medidas podrían mejorar la capacidad de respuesta policial en zonas urbanas de alta incidencia delictiva, especialmente si se integran con sistemas de inteligencia artificial para anticipar patrones de criminalidad. Sin embargo, la experiencia de otros países latinoamericanos muestra que la tecnología de videovigilancia no siempre reduce los índices de violencia cuando no va acompañada de reformas profundas en la investigación criminal y en la confianza ciudadana hacia las fuerzas del orden.
Seguridad: entre el control territorial y los límites institucionales
La construcción de cuatro mega penales bajo administración temporal de las Fuerzas Armadas representa un intento de aliviar el hacinamiento carcelario y reducir la influencia de bandas organizadas dentro de los centros de detención. Esta iniciativa podría generar resultados visibles en el corto plazo, pero plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de la intervención militar en funciones que históricamente corresponden al sistema penitenciario civil. El riesgo de que se normalice la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna es real, especialmente en un país donde la memoria de periodos autoritarios sigue presente.
Además, la ampliación de las Unidades de Flagrancia Express y el uso de inteligencia artificial exigen recursos técnicos y personal calificado que el Estado peruano no ha logrado consolidar en administraciones anteriores. Si los plazos de implementación se extienden o los presupuestos se recortan, estas herramientas podrían quedar subutilizadas y generar frustración en la opinión pública que depositó expectativas en la promesa de resultados rápidos durante los primeros cien días.
Salud y educación: modernización con restricciones presupuestarias
En el sector salud, el plan prioriza la modernización de hospitales y un sistema de compras centralizadas para garantizar el abastecimiento de medicamentos. Esta estrategia podría reducir las brechas de acceso en regiones con alta demanda, siempre que se mantenga la transparencia en los procesos de licitación. No obstante, la dependencia de tecnología para el control de inventarios en tiempo real enfrenta obstáculos logísticos en zonas rurales donde la conectividad sigue siendo limitada. El riesgo de que los proyectos de infraestructura se concentren en áreas urbanas y dejen rezagadas las zonas más alejadas es considerable.
Respecto a la educación, la construcción de tres mil colegios y el énfasis en la meritocracia docente buscan cerrar brechas históricas. El incremento progresivo del presupuesto y la formación en habilidades digitales podrían mejorar la calidad del aprendizaje si se ejecutan con criterios técnicos. Sin embargo, el pago de la deuda social pendiente con los maestros y la creación de infraestructura resiliente ante riesgos climáticos requieren recursos que compiten con otras prioridades del gobierno. Un escenario de menor crecimiento económico podría obligar a postergar estas inversiones y profundizar la desigualdad entre regiones.
Economía y financiamiento: desregulación frente a la sostenibilidad fiscal
El “shock desregulatorio” propuesto para atraer entre cinco mil y siete mil millones de dólares anuales en inversión privada y generar medio millón de empleos formales cada año representa la apuesta más ambiciosa del programa. La eliminación de trámites y la Ventanilla Única Digital podrían dinamizar sectores como minería y turismo, siempre que se preserve la estabilidad jurídica y se eviten conflictos sociales en zonas de extracción. La experiencia de gobiernos anteriores indica que la simplificación regulatoria no siempre se traduce en inversión sostenida cuando persisten problemas de informalidad y debilidad institucional.
El financiamiento mediante Asociaciones Público-Privadas y Obras por Impuestos busca evitar un aumento significativo de la presión fiscal. No obstante, la posibilidad de elevar la deuda pública hasta un punto porcentual del PBI para proyectos de inversión introduce un factor de vulnerabilidad. Si los retornos esperados no se materializan o si factores externos como la volatilidad de precios de materias primas afectan los ingresos fiscales, el margen de maniobra del gobierno se reducirá y podría generar presiones inflacionarias o recortes en programas sociales.
Riesgos institucionales y cohesión social
El retorno del fujimorismo al poder después de veinticinco años reactiva debates sobre la calidad democrática y la memoria histórica. Aunque el plan de gobierno enfatiza la transparencia y el control de resultados, la polarización existente dificulta la construcción de consensos necesarios para reformas de largo plazo. La escasa diferencia de votos sugiere que cualquier medida controvertida podría encontrar resistencia significativa en el Congreso y en la calle.
La capacidad del nuevo gobierno para cumplir sus metas dependerá en gran medida de la relación que establezca con otros poderes del Estado y con la sociedad civil. Un escenario de confrontación prolongada podría erosionar la gobernabilidad y limitar el margen para implementar las propuestas más ambiciosas en seguridad, salud y educación. Por el contrario, una gestión que logre articular alianzas técnicas y mantener la disciplina fiscal podría sentar las bases para una recuperación sostenida, aunque los resultados no serán inmediatos ni uniformes en todo el territorio nacional.
En definitiva, el gobierno de Keiko Fujimori enfrenta el desafío de equilibrar promesas de resultados rápidos con las restricciones estructurales que han limitado a administraciones previas. Los próximos meses serán decisivos para determinar si las herramientas propuestas logran traducirse en mejoras tangibles o si las limitaciones institucionales y políticas terminan por restringir su alcance.
