Las revelaciones publicadas por The New York Times y la filtración del audio de la gobernadora Marina del Pilar Ávila exponen un proceso de descomposición interna en el movimiento Morena que va más allá de casos aislados de corrupción. Desde el inicio de la llamada Cuarta Transformación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantuvo una relación ambivalente con el crimen organizado, particularmente con el Cártel de Sinaloa. Esa relación incluyó la decisión de no confrontar frontalmente a las organizaciones que controlaban rutas estratégicas, a cambio de una relativa paz en ciertas regiones. La estrategia permitió a Morena consolidar poder electoral en estados clave, pero dejó un rastro de vínculos que ahora las autoridades estadounidenses buscan judicializar.
La DEA y el FBI han acumulado evidencia de inteligencia que vincula financiamiento de campañas morenistas con recursos del narcotráfico. El caso de Mario Delgado, señalado por supuestos aportes ilícitos a campañas de gobernadores, ilustra cómo el sistema de recaudación paralelo operó durante el sexenio anterior. Washington ya no persigue únicamente a capos como Ismael “El Mayo” Zambada, capturado en una operación directa en territorio mexicano, sino que busca alcanzar a la estructura política que permitió la consolidación de esa narcopolítica.
Antecedentes de la relación entre Morena y el crimen organizado
Durante el gobierno de López Obrador, la política de “abrazos, no balazos” se tradujo en la reducción de operativos contra el Cártel de Sinaloa y en una tolerancia tácita hacia sus estructuras de control territorial. Esta postura coincidió con el fortalecimiento electoral de Morena en Sinaloa, Baja California y otros estados donde el cártel tenía influencia. Documentos de inteligencia estadounidense citados por el Times muestran que al menos una docena de funcionarios de la 4T mantuvieron contactos regulares con la DEA, proporcionando información a cambio de protección o beneficios migratorios. Esa red de informantes no surgió de manera espontánea; refleja la percepción de que la lealtad al proyecto político podía sacrificarse cuando la supervivencia personal entraba en juego.
El audio filtrado de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, donde se escucha una negociación con supuestos asesores externos del FBI, confirma que el temor a la extradición ha erosionado la disciplina interna del partido. La propia gobernadora reconoció la autenticidad de la grabación, aunque negó que existiera una negociación formal. El episodio revela un patrón: funcionarios de primer nivel prefieren cooperar con Washington antes que enfrentar un proceso penal en Estados Unidos, donde las condenas por narcotráfico y lavado suelen ser severas.
Impacto en la cohesión del movimiento y la sucesión presidencial
La decisión de varios morenistas de ofrecer información a cambio de inmunidad debilita directamente la narrativa de unidad que Claudia Sheinbaum ha intentado sostener. Al intentar blindar a figuras como Rubén Rocha Moya y Adán Augusto López, la presidenta busca evitar que las investigaciones avancen hacia Palenque. Sin embargo, cada nuevo informante reduce el margen de maniobra. Si uno o varios de los funcionarios requeridos deciden cooperar plenamente con fiscales estadounidenses, podrían aportar testimonios sobre autorizaciones directas de López Obrador para aceptar financiamiento ilícito en campañas estatales.
Este escenario tiene consecuencias estructurales para la 4T. El movimiento se construyó sobre la idea de una ruptura histórica con la corrupción del pasado. Si se demuestra que esa ruptura fue parcial y que el poder electoral se sustentó en recursos del crimen organizado, la legitimidad del proyecto se resquebraja. Las próximas elecciones intermedias y estatales podrían verse afectadas por la percepción de que la dirigencia actual no controla ni la información ni la lealtad de sus propios cuadros.
Repercusiones en la relación bilateral y el combate al narcotráfico
Para Estados Unidos, el objetivo ya no se limita a capturar capos. La estrategia actual busca judicializar la responsabilidad política de quienes permitieron la expansión del Cártel de Sinaloa. Los testimonios de informantes mexicanos pueden servir para vincular a altos funcionarios con decisiones que facilitaron el flujo de precursores químicos y el lavado de dinero a través de empresas fachada. Esto modifica el equilibrio tradicional de la cooperación bilateral: México ya no es solo socio en la contención del flujo de drogas, sino también fuente de información que puede incriminar a su propia clase política.
El precedente de Zambada demuestra que las agencias estadounidenses están dispuestas a actuar de manera unilateral cuando consideran que las autoridades mexicanas no cooperan. Esa posibilidad genera un efecto disuasorio adicional sobre los funcionarios que aún dudan entre la lealtad y la supervivencia legal. A largo plazo, la erosión de la confianza interna en Morena podría traducirse en mayor dependencia de México hacia mecanismos de cooperación con Washington, incluso en temas de seguridad nacional que antes se consideraban soberanos.
Consecuencias sociales y para el sistema de justicia
En el plano social, la percepción de que altos funcionarios están dispuestos a delatar al expresidente para evitar la cárcel refuerza el escepticismo ciudadano hacia las instituciones. Si los mismos actores que promovieron la “cuarta transformación” optan por salvarse individualmente, el mensaje que llega a la sociedad es que la impunidad sigue siendo negociable cuando se trata de poder. Esto debilita cualquier esfuerzo posterior por recuperar la confianza pública en el sistema de justicia mexicano.
Además, el caso abre la puerta a que otros actores políticos, fuera de Morena, utilicen la misma estrategia de cooperación con Estados Unidos como herramienta de supervivencia. El resultado podría ser una mayor fragmentación del sistema de partidos y una judicialización acelerada de la política mexicana desde el exterior, con escaso control por parte de las autoridades nacionales.
El proceso que se observa hoy no es solo una crisis de lealtades dentro de un partido. Representa el choque entre una estructura de poder construida con base en acuerdos implícitos con el crimen organizado y un sistema judicial estadounidense que ahora cuenta con los incentivos y la información necesarios para desmantelarla. La forma en que Sheinbaum gestione esta tensión determinará si el movimiento logra contener el daño o si la fractura se vuelve irreversible.
