Florida se prepara para su segunda temporada consecutiva de caza de osos negros con una modificación que cambia tanto el número de permisos como la forma de tomar la decisión. La Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) autorizó 215 permisos para diciembre de 2026 y no convocó audiencias públicas, una diferencia sustancial respecto del año anterior, cuando la medida provocó discusiones extensas y enfrentamientos entre cazadores, conservacionistas y residentes.
La temporada comenzará el 5 de diciembre y finalizará el 28. El portal de solicitudes estará abierto entre el 11 y el 21 de septiembre. Los permisos serán intransferibles y tendrán un costo de 100 dólares para los residentes de Florida y de 300 dólares para los no residentes, cuya participación quedará limitada al 10% del total.
Una decisión que ya no pasa por una audiencia
La ausencia de consulta ciudadana no es un detalle administrativo. En 2025, los comisionados de la FWC aprobaron una reforma reglamentaria que trasladó al director ejecutivo de la agencia la facultad de activar temporadas de caza y establecer cuotas sin requerir una audiencia pública ni una votación posterior del directorio. Los comisionados fueron designados por el gobernador Ron DeSantis, de modo que la reforma también modificó el equilibrio institucional entre la dirección política de la comisión, su administración y la participación ciudadana.
Roger Young, director ejecutivo de la FWC, podrá aplicar ese procedimiento para la temporada de 2026. Para los críticos, el cambio reduce la transparencia en una cuestión que afecta el uso de tierras públicas, la seguridad en zonas con presencia de osos y la conservación de una especie emblemática. Chuck O’Neal, fundador del grupo ambiental Speak Up Wekiva, resumió la preocupación al señalar que “todas las decisiones se trasladaron a la oficina del director ejecutivo”, mientras que la mayoría del público seguiría oponiéndose a la caza.
Más permisos pese a una captura muy inferior a la cuota
La FWC ofrecerá 43 permisos más que en 2025, cuando la cuota había sido fijada en 172. Sin embargo, los cazadores abatieron solo 52 osos durante aquella temporada. La agencia utiliza el grado de cumplimiento de la cuota como uno de los elementos para calcular la oferta siguiente: cuando se registra una captura menor de la prevista, el número de permisos puede aumentar.
El mecanismo busca aproximar la autorización a la mortalidad real, pero también genera una paradoja. Una baja tasa de éxito puede interpretarse como señal de que existe margen para ampliar la caza, aunque también puede reflejar dificultades prácticas, condiciones ambientales, distribución irregular de los animales o una participación menor de la esperada. Por eso, el número de permisos no equivale automáticamente al número de osos que morirán, pero sí establece el marco de presión potencial sobre la población.
De los 215 permisos, 193 se distribuirán mediante sorteo, con una participación de cinco dólares. Los 22 restantes quedarán reservados para propietarios de grandes terrenos privados donde se desplazan osos; en esas propiedades, la caza podrá comenzar el 1 de octubre, antes que en el resto del estado. Los permisos se repartirán entre cuatro zonas: 31 en el norte, junto a Georgia; 78 en el este del Panhandle, incluida el área de manejo de Apalachicola; 63 en el sur, en Collier, Hendry y Lee; y 21 en la región central, que comprende Ocala y sectores de otros siete condados.
La disputa se trasladará al propio sorteo
Los grupos contrarios a la temporada no esperarán a una eventual revisión posterior. El Sierra Club reactivó su campaña “Bag A Tag, Spare A Bear” para que sus simpatizantes entren en el sorteo sin intención de cazar y compren permisos con el objetivo de retirarlos del alcance de los cazadores. Bear Warriors United, por su parte, prevé pagar a quienes resulten seleccionados para que no utilicen sus permisos. Su directora, Katrina Shadix, afirmó que la estrategia permitió salvar a numerosos osos en la temporada anterior.
Estas tácticas convierten el sorteo en otro frente de la batalla política. Para los conservacionistas, un permiso no utilizado evita una muerte. Para los defensores de la caza, la intervención altera el indicador que la FWC emplea para fijar futuras cuotas. Maria Davidson, gerente del Programa de Grandes Carnívoros de la Safari Club International Foundation, sostuvo que la caza es una herramienta respaldada por la ciencia para mantener una población sostenible y advirtió que acaparar permisos puede reducir artificialmente el éxito de los cazadores, lo que presionaría al alza la cuota del año siguiente.
El riesgo más visible está fuera de la temporada
La distribución territorial muestra que el conflicto no se limita a la regulación de la caza. En mayo de 2025, un oso mató a un hombre mayor y a su perro en los condados de Collier, Hendry y Lee, precisamente una de las zonas que recibirá permisos. Ese episodio alimenta el argumento de quienes vinculan la caza con la gestión de los encuentros entre fauna y población humana, aunque un caso aislado no permite medir por sí solo el efecto de una temporada sobre la seguridad pública.
En la región central, donde se concentran Ocala y varios condados densamente poblados, la principal amenaza para los osos no procede de los cazadores. Durante la última década, 1.545 osos murieron atropellados, dentro de un total aproximado de 1.900 muertes por todas las causas. En 2025 se registraron 219 fallecimientos en carreteras, la cifra más alta desde 2021. El dato desplaza el foco hacia una cuestión más amplia: la conservación no depende únicamente de cuántos permisos se emiten, sino también de cómo se diseñan las carreteras, se conectan los hábitats y se gestionan los desplazamientos de una especie que comparte cada vez más espacio con las comunidades humanas.
