La Fiscalía General de Colombia reactivó las órdenes de captura contra 46 integrantes de tres organizaciones armadas ilegales con las que el Gobierno había mantenido mesas de diálogo, después de que el presidente Abelardo de la Espriella declarara terminadas esas negociaciones. Entre los requeridos figura alias Calarcá, señalado como líder de la disidencia de las FARC denominada Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF).
La decisión judicial se produce como consecuencia directa de la revocatoria de las designaciones que permitían a esos integrantes actuar como voceros en los procesos de paz. Mientras esa condición estuvo vigente, las órdenes de aprehensión permanecían suspendidas para facilitar la participación de los representantes armados en las conversaciones con el Estado.
Las órdenes vuelven a tener efecto
Según informó la Fiscalía, fueron reactivadas 27 órdenes de captura contra miembros del EMBF, incluidas las relacionadas con Calarcá; trece contra integrantes de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB), y seis contra presuntos miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), una estructura de origen paramilitar que opera principalmente en la región Caribe.
El organismo explicó que la medida responde a la terminación de las mesas de diálogo, anunciada por el Gobierno el 28 de agosto, y al fin de la suspensión que protegía judicialmente a los voceros. La reactivación no supone una nueva imputación ni una condena, sino que restablece la vigencia de decisiones judiciales que habían quedado temporalmente en pausa por razones vinculadas con las negociaciones.
La Fiscalía no detalló en su comunicado los delitos concretos asociados a cada una de las órdenes ni precisó si las autoridades ya emprendieron operativos para hacerlas efectivas. Sin embargo, la decisión vuelve a situar a los integrantes de esas organizaciones dentro del régimen ordinario de persecución penal, con las implicaciones operativas y jurídicas que ello conlleva.
El Gobierno atribuye el cierre a la falta de compromisos
De la Espriella confirmó el domingo que ordenó poner fin a los contactos con los tres grupos, procesos que habían sido iniciados durante la administración de su antecesor, Gustavo Petro. El mandatario sostuvo que las organizaciones no demostraron una disposición real, verificable y sostenida para abandonar la violencia, reincorporarse a la vida civil o someterse seriamente a la justicia.
La postura presidencial marca un cambio relevante en el tratamiento de estas estructuras. La apertura de diálogos había buscado crear canales diferenciados para reducir enfrentamientos, avanzar en ceses de hostilidades y explorar fórmulas de desmovilización o sometimiento. El cierre de las mesas, en cambio, restituye el predominio de los mecanismos judiciales y de seguridad frente a una estrategia centrada en la negociación.
El efecto inmediato será la pérdida de las garantías que permitían la presencia de los voceros en los espacios de conversación sin el riesgo de ser detenidos por órdenes previas. A mediano plazo, el desenlace dependerá de la capacidad estatal para evitar que el rompimiento derive en mayores confrontaciones en las zonas donde estas estructuras mantienen influencia armada o economías ilegales.
Grupos surgidos de fragmentaciones insurgentes
El Estado Mayor de Bloques y Frentes tiene un origen ligado a las disidencias de las antiguas FARC. Formó parte del Estado Mayor Central, considerado durante años la principal estructura disidente de esa guerrilla, pero se separó de ese conglomerado en 2024 debido a desacuerdos sobre la continuidad de los diálogos con el Gobierno de Petro. Esa división reflejó la dificultad de negociar con organizaciones de mando fragmentado y agendas regionales distintas.
La CNEB, por su parte, nació de una escisión de la Segunda Marquetalia, otra disidencia integrada por antiguos miembros de las FARC. Está compuesta por la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de Frontera, grupos con presencia en áreas afectadas por rutas del narcotráfico, control territorial y disputas por rentas ilegales. Su composición evidencia que las negociaciones nacionales suelen enfrentar realidades locales complejas, con estructuras que no siempre responden a una autoridad central única.
Las ACSN representan un caso diferente por su trayectoria paramilitar y su presencia en la Sierra Nevada de Santa Marta. La inclusión de este grupo en los diálogos respondía a la intención de abordar, bajo esquemas separados, la diversidad de actores armados que operan en Colombia. El fin simultáneo de las conversaciones con organizaciones de distinto origen confirma que la crisis no se limitó a una sola mesa ni a una sola corriente insurgente.
Un nuevo balance para la política de paz
La decisión ocurre después de los tropiezos de la política de “paz total”, principal bandera de la administración Petro. Esa estrategia buscó negociar o promover el sometimiento a la justicia de múltiples actores armados, desde guerrillas hasta bandas criminales. No obstante, los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con el Estado Mayor Central fueron suspendidos durante el anterior Gobierno ante denuncias de falta de voluntad de paz y persistencia de acciones violentas.
También fueron limitados los avances en los intentos de sometimiento de organizaciones como el Clan del Golfo, considerada la mayor estructura criminal del país. Para los defensores de los diálogos, mantener canales de comunicación puede reducir riesgos humanitarios y abrir oportunidades de desescalamiento en regiones golpeadas por el conflicto. Para sus críticos, las negociaciones requieren controles más estrictos y resultados verificables para evitar que las pausas judiciales o los ceses temporales sean aprovechados para fortalecer capacidades armadas.
La reactivación de las órdenes de captura no resuelve por sí sola esas tensiones. Su alcance dependerá de la coordinación entre Fiscalía, Policía, Fuerzas Militares y autoridades locales, así como de la evolución de la seguridad en los territorios. El caso vuelve a mostrar que la viabilidad de cualquier negociación en Colombia está ligada a un factor central: la capacidad de verificar compromisos, proteger a la población civil y asegurar que las concesiones jurídicas estén respaldadas por hechos comprobables.
