La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) emitió un comunicado en el que reitera su postura institucional ante cualquier denuncia de conducta inapropiada, sin referirse de manera específica al caso que involucra al capitán de la selección de Cabo Verde, Ryan Mendes. La declaración llegó después de que la prensa brasileña diera a conocer detalles de una investigación abierta por la Policía de Nueva Zelanda por una presunta violación ocurrida en marzo durante una gira de partidos amistosos en Oceanía.
Según el texto remitido al canal GE, la FIFA asegura que toma “muy en serio” cualquier señalamiento de esta naturaleza y cuenta con canales internos para que las personas vinculadas al fútbol puedan presentar denuncias. La organización subraya, no obstante, que sus órganos judiciales independientes no suelen pronunciarse sobre investigaciones en curso ni confirman ni desmienten su existencia, reservándose el derecho de publicar información solo cuando lo consideren oportuno y en la forma que estimen adecuada.
El organismo rector del fútbol mundial indicó además que mantiene contacto con las autoridades neozelandesas, aunque aclaró que por el momento no realizará más comentarios sobre el asunto. Esta respuesta refleja el equilibrio habitual que busca FIFA entre la necesidad de mostrar sensibilidad ante acusaciones graves y el respeto al debido proceso judicial que corresponde a cada jurisdicción nacional.
Los hechos investigados se remontan a marzo, cuando la selección caboverdiana disputaba una serie de encuentros amistosos en la región de Oceanía. La denunciante, una mujer brasileña, relató que el incidente ocurrió en las instalaciones de un hotel donde se hospedaba el equipo. La Policía neozelandesa inició las pesquisas el 10 de abril, recabó grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento y espera los resultados del examen forense practicado a la presunta víctima. Una vez concluida esta etapa, las autoridades decidirán si presentan cargos formales ante los tribunales. De acuerdo con la legislación local, una condena por violencia sexual puede acarrear hasta veinte años de prisión, dependiendo de la gravedad de los hechos.
El caso de Mendes no es aislado. Otros futbolistas que participaron en la Copa Mundial de 2026 enfrentan o enfrentaron acusaciones similares, lo que plantea interrogantes sobre los mecanismos de control que aplican tanto las federaciones nacionales como la propia FIFA. El japonés Junya Ito fue señalado por dos mujeres de agresión sexual en un hotel de Osaka en 2024 mientras las víctimas se encontraban en estado de ebriedad; la Fiscalía archivó la causa por falta de pruebas suficientes. Por su parte, Kaishu Sano fue detenido en Tokio tras una denuncia de violación, aunque posteriormente la justicia lo absolvió tras una disculpa pública del jugador.
El defensa marroquí Achraf Hakimi enfrenta desde 2023 una investigación en Francia por presunta violación; el caso continúa abierto y el futbolista ha negado los cargos. En el Reino Unido, Thomas Partey acumula siete acusaciones de violación y agresión sexual cometidas entre 2021 y 2022; el jugador se declaró inocente, fue liberado bajo fianza y pudo viajar con su selección, aunque Canadá le denegó la entrada al país, impidiéndole disputar el primer partido del Mundial.
La ausencia de una norma general de la FIFA que impida la inscripción de jugadores con causas abiertas por delitos sexuales ha sido objeto de debate en los últimos años. La entidad prefiere respetar los procesos judiciales de cada país y delega en las federaciones nacionales la responsabilidad de evaluar la idoneidad de los deportistas para representar a sus selecciones. Esta política genera tensiones entre el principio de presunción de inocencia y la protección de las víctimas, especialmente cuando las acusaciones alcanzan a figuras de alto perfil durante competiciones de alcance global.
La proximidad del Mundial de 2026 ha intensificado el escrutinio sobre estos asuntos. Organizaciones de derechos humanos y grupos de víctimas han pedido mayor transparencia y protocolos más estrictos para casos de violencia de género dentro del fútbol. FIFA, por su parte, insiste en que sus procedimientos internos permiten denuncias anónimas y que colabora con las autoridades cuando corresponde, aunque el ritmo de las resoluciones judiciales nacionales suele ser más lento que el calendario deportivo.
En el caso concreto de Ryan Mendes, la selección de Cabo Verde ya ha concluido su participación en la fase de grupos del torneo, por lo que cualquier decisión que adopte la justicia neozelandesa tendrá efecto principalmente sobre la trayectoria individual del jugador y sobre la imagen de la federación caboverdiana. Mientras tanto, la investigación policial sigue su curso y la FIFA mantiene su postura de no interferir en los procesos judiciales en curso.
El episodio pone de relieve la dificultad que enfrenta el fútbol internacional para gestionar acusaciones de esta naturaleza sin vulnerar derechos fundamentales. La combinación de plazos judiciales extensos, la presión mediática y las exigencias del calendario competitivo obliga a las instituciones a adoptar posiciones que, aunque formalmente neutrales, tienen consecuencias prácticas para todas las partes involucradas.
