La Fiscalía General de la República podrá utilizar 15 pruebas para llevar a juicio a René Dávila de la Vega y a su hijo, René Dávila Díaz, acusados de participar en la compra irregular de bonos privados con 800 millones de pesos de la extinta Segalmex. Un tribunal confirmó la cancelación del amparo con el que buscaban excluir testimonios, documentos y un peritaje del expediente.
Entre los elementos que permanecerán en el proceso figura una opinión de delito de la Secretaría de Hacienda, que concluyó que existen elementos para proceder contra los empresarios chiapanecos. La resolución indica que podrán cuestionar las pruebas en una fase posterior, incluso tras un eventual juicio y sentencia, pero los tribunales no consideraron que su uso vulnere sus derechos fundamentales.
Según la investigación, Corporación en Asesoría Financiera (Corafi), de la que los Dávila son accionistas, recibió los recursos entre febrero de 2019 y junio de 2020 para adquirir certificados privados. La acusación sostiene que Segalmex transfirió el dinero al fideicomiso CIC/3050, cuyo fideicomitente era Corafi, después de que René Gavira Segreste autorizó el uso de recursos públicos para esa operación.
Los bonos estaban respaldados por fideicomisos vacíos constituidos previamente por empresas de los Dávila y sin autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de acuerdo con la FGR. El caso incluye tanto a exmandos de Segalmex como a personas externas señaladas por el presunto desvío y manejo irregular de recursos públicos.
